Artículo publicado en El Correo (01/05/2023)
El gozoso avance del envejecimiento afecta negativamente al monto del gasto público, que ascendió a 634.297 millones de euros en 2022, cifra que supone el 47,8% del PIB. Si bien estos registros son asimilables a los del resto de países europeos, la diferencia estriba en el menor peso de nuestros ingresos públicos –el 39,2% frente al 46% de la UE15– y en la diferente composición de las partidas, un importe mayor en rúbricas como pensiones, desempleo o intereses de la deuda, junto a uno menor en epígrafes como la educación o la inversión pública.
Existe consenso de que menores dotaciones en inversión y educación se asocian, a medio plazo, con tasas inferiores de crecimiento potencial de la economía. A las cifras anteriores acecha además la duda razonable sobre la eficiencia del gasto presupuestario acometido por las administraciones públicas. Recordemos que a febrero de 2023 la deuda pública española ascendía a 1,52 billones, equivalente al 113,2% del PIB, con una deuda per cápita de 31.558 euros y un déficit fiscal del 4,8% del PIB, porcentaje que ahora Bruselas exige rebajar.
Veamos. España alcanzará en 2070 la mayor esperanza de vida de la UE, con 87,1 años para hombres y 91,4 para mujeres, y la segunda menor tasa de fertilidad con 1,49 hijos por mujer, representando un crecimiento vegetativo altamente regresivo en el periodo. Este rápido proceso de envejecimiento repercute en la ratio de dependencia, que compara el número de personas de 65 años o más con el número de personas en edad de trabajar. La tasa de dependencia española pasará del 32% en 2019 al 64% en 2050. Como es lógico, el envejecimiento descrito proyecta importantes aumentos del gasto público. Dichas proyecciones se asocian fundamentalmente a las pensiones, la sanidad y los problemas de dependencia, absorbiendo cuotas sucesivamente mayores del PIB.
Las pensiones constituyen el gasto más significativo derivado del envejecimiento de la población. Bajo unos determinados supuestos heroicos de crecimiento, productividad, actividad y paro, el gasto en pensiones aumentaría según los cálculos del Gobierno solo unas décimas, hasta el 13% del PIB en 2050 desde el 12,3% actual. Aunque así fuese, extremo altamente improbable, la transitoria estabilización de las cifras se ha logrado aumentando las cargas de los jóvenes y resto de trabajadores en activo, sustituyendo el índice de revalorización de las pensiones por un mecanismo basado en el IPC y derogando el factor de sostenibilidad aprobado en 2013. El rechazo a decretar un retraso drástico en la edad de jubilación y las reformas recientes no han contribuido precisamente a la autosuficiencia del sistema, al asumir directamente su dependencia financiera de los presupuestos del Estado, detrayendo con sus demandas las de otras partidas relevantes.
Estamos, como ha notado el profesor Maldonado, «ante un episodio de superación del Estado por la política» constitutiva de una clara injusticia intergeneracional. Además, la Ley 21/2021 al facultar el traspaso de ciertos gastos contributivos al Estado hace que el déficit de la Seguridad Social haya dejado de ser un indicador fiable de su situación financiera.
La sanidad constituye la segunda partida con mayor incidencia en el gasto asociado al envejecimiento, aumentando del 5,7% del PIB en 2019 al 7% en 2070. En España, el alargamiento de los años de vida es la principal causa del crecimiento del gasto sanitario, unido al hecho de la concentración de enfermos en tramos de edad alta, donde el coste es sensiblemente mayor.
En tercer lugar, el gasto en dependencia experimentará un continuo aumento hasta el año 2070, cuando alcance el 1,5% del PIB, 0,8 puntos porcentuales más que en la actualidad. Es claro que a mayor edad mayor dependencia y, en consecuencia, mayor demanda de cuidados especiales.
No se oculta que, junto a las proyecciones señaladas, el crecimiento económico es un factor determinante para integrar la evolución de la deuda pública, pero el propio Gobierno asume que el PIB promediará aumentos del 1,4% hasta el año 2070, en todo caso discutibles.
Con cifras concluyentes o sin ellas resulta inexcusable abrir los ojos a la vulnerabilidad que la creciente dilatación de nuestras vidas confiere a las principales partidas del estado del bienestar que, tarde o temprano, deberá someterse a reformas estructurales casi siempre dolorosas.
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