Artículo publicado en El Correo (12/06/2023)
El paulatino derrumbe de la popularidad de Pedro Sánchez ratificado en las recientes elecciones municipales-autonómicas invita a reflexionar en qué grado ha contribuido la gestión económica del Gobierno a tal situación o si son otras las razones de su cuestionamiento. Hagamos un repaso de las principales medidas económicas de este Gobierno.
Hoy sabemos que las reclusiones generales, como la producida entre nosotros con el estallido del covid en 2020, son contraproducentes, pero nadie reprocha evidencias que llegan con retraso. La subida del SMI, desde los 735 euros a los 1.080 en cinco años, que ha afectado a 2,5 millones de trabajadores
habrá suscitado las quejas de muchos autónomos, pero, lamentablemente, no se ganan batallas sin producirse un número indeterminado de bajas. La estrategia antiinflacionista ha sido exitosa al igual que la introducción de los ERTE. La política de subvenciones ha actuado indiscriminadamente y ha disparado nuestra deuda pública. Pero hay que aplaudir que 600.000 hogares perciban el ingreso mínimo vital o que 1,4 millones de ciudadanos disfruten del bono eléctrico.
Crecemos bien, aunque somos los últimos de Europa en aumento de PIB per cápita. La creación de empleo es gratificante, con más de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, aunque al tiempo seamos el país con mayor paro de la OCDE. La minirreforma laboral ha reducido los contratos temporales, pero se ocultan los datos de ese fantasma llamado fijo transitorio y nuestra productividad continúa siendo famélica. Con todo, nada de lo anterior subleva a las masas ni tuerce el rumbo del voto.
Más criticable resulta la Ley de la Vivienda, que obtendrá en pocos meses resultados opuestos a los deseados. O la reforma de las pensiones, que se come el margen fiscal del país sin soluciones definitivas. Pero 11 millones de jubilados que han visto subir sus pagas un 8,5%, sin considerar si las pensiones serán más sostenibles en el futuro, no van a rebelarse contra sus benefactores.
Los impuestos ‘exprés’ a las entidades financieras y empresas energéticas solo han enfadado a unos pocos. Son sumas considerables y de legalidad dudosa, pero los perjudicados no se han subido a la parra: su enojo es razonable y civilizado. La gran nebulosa que envuelve la asignación de los fondos del Plan de Recuperación nos desconcierta y nos hace encogernos de hombros. Pero no induce a una manifestación callejera de nadie. Los resultados de PISA son malísimos y deberían incitar a una protesta. Pero no pasa nada. Nadie convoca una reclamación colectiva pidiendo una mejor educación para nuestros menores. De modo que gran parte de las políticas económicas del Gobierno de coalición presumiblemente perdurarán.
Lo que nos lleva a inferir que debe haber otras razones que expliquen el descontento del país. Tiene que haber algo de más calado que esté actuando de revulsivo de la conciencia de muchos españoles.
La oposición alude al fenómeno del ‘sanchismo’. Si repasamos la profusión con que se emplea el término en los medios, destaca como sinónimo de voracidad política o personalismo sin límite. Son múltiples las alusiones a la arbitrariedad de sus actos hasta crear una fantasía pública perversa. Con un escándalo fundamental: no respetar sus propios dogmas y cambiarlos reiteradamente al calor de la coyuntura y de la conveniencia.
También se citan con reiteración sucesos que han sacudido frontalmente la conciencia del país. Como la formación de un Gobierno coaligado con quienes declaran sin tapujos su propósito de desanexión e independencia. O la manipulación legal, aunque vergonzante, del Código Penal para atenuar la ira de los golpistas y recuperar su adhesión. O la exhortación de la Ley de Memoria Democrática, probablemente la acción que más daño ha producido a la convivencia del país, reabriendo una y otra vez las heridas trabajosamente cerradas en el consenso constitucional de 1977. O las rebajas penales a los violadores. Y otras más.
Esta columna huye de consignas, pronósticos o posicionamientos sobre las elecciones generales. Esa es tarea de los politólogos. Proclama que tampoco hay material que permita cabalmente el análisis de las alternativas económicas de la derecha. Considera con preocupación que la división del país es grave sin distinguir entre culpables e inocentes. Y concluye que no se promueven aquí disyuntivas de carácter económico. Se trata de otra cosa.
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