El acuerdo con el PSOE ha facilitado a Junts un deseable aterrizaje constitucional
Artículo publicado en El Correo – edición impresa (14/12/2023)
Dentro de los pactos del PSOE con otras formaciones políticas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno merece destacarse el acuerdo PSOE-Junts porque se ha dicho de él que rompe la unidad de España. La ley de amnistía terminará en el Tribunal Constitucional como cualquier ley. Ahora me refiero al referéndum y al verificador.
El acuerdo PSOE-Junts, según el texto que aparece en internet, contiene entre otros pasajes el siguiente: «En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya».
La proclamación explícita que hace el artículo 2 de la Constitución sobre la «indisoluble unidad de la nación española» hace inconstitucional toda norma o decisión que pueda conducir a su ruptura, como sería un referéndum de autodeterminación que posibilitase la opción de la independencia (así ha venido a apreciarlo el Tribunal Constitucional). Cualquiera que sea la ideología política que se tenga, esa norma es clara y terminante y, junto con el resto de la Constitución, delimita el tablero de juego jurídico insoslayable para toda actuación y negociación. Fuera de ese tablero no hay juego. El Tribunal Constitucional admite la defensa de objetivos inconstitucionales, pero no pueden tener valor jurídico si previamente no se reforma la Constitución por el procedimiento establecido en ella (con altas mayorías).
A estas alturas, todo el mundo sabe que esto es así, incluido Junts y el mundo independentista; y yo creo que el acuerdo PSOE-Junts también respeta ese tablero. Es un acuerdo político solo entre dos partidos, que recoge únicamente manifestaciones separadas de cada uno. La del PSOE, en los pasajes del texto antes transcrito, se inscribe en la vía estatutaria (que es la de la Constitución). La de Junts expresa en ese texto que «propondrá un referéndum de autodeterminación», aunque seguido añade que lo hará «amparado por el artículo 92 de la Constitución», que dice: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados»). Se utilizó en 1986 para el referéndum sobre pertenencia a la OTAN.
Por tanto, el propio Junts se remite en ese acuerdo a un mecanismo constitucional que, por ello, no puede amparar una actuación inconstitucional, como sería un referéndum de autodeterminación que posibilitase la opción de la independencia. Y tampoco sería viable un referéndum consultivo sobre esa autodeterminación como mera opinión política, ya que su plasmación jurídica requeriría de reforma constitucional y, por tanto, de referéndum en toda España, por lo que resultaría imposible conseguir su aprobación. De este modo, la remisión de Junts al citado artículo 92 entraña su asunción del marco constitucional.
Puede criticarse esta operación tanto desde la polémica constitucionalidad de la ley de amnistía como desde la oportunidad del acuerdo PSOE-Junts en situación de necesidad de los votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Pero, a partir de las consideraciones precedentes, me parece impensable que el PSOE fuera a incumplir la unidad de España con un referéndum, por lo que es previsible que el resultado jurídico de la negociación entre el PSOE y Junts estará dentro del tablero constitucional.
En cuanto al verificador internacional, solo puede calificarse de sorprendente, pues el conflicto de Cataluña no es propio de esta figura. Yo creo que Junts (o, más concretamente, Carles Puigdemont) se ha dado el gustazo de hacer como que un perseguido por la Justicia española doblega al Estado español, lo que, sin duda, le habrá producido un placer inmenso; pero un placer efímero, ya que el verificador ha de moverse en el marco constitucional si quiere que su actuación tenga algún contenido, y no desea hacer el ridículo.
Por todo ello, a pesar de la apariencia de que el PSOE está contra las cuerdas frente a Junts, yo creo que es Junts el que ha entrado por el aro constitucional en cuanto al referéndum, aunque promoviendo un montaje aparatoso a fin de crear el espejismo de que no es así, dirigido a su propia galería. Más allá de las críticas que merezca este acuerdo PSOE-Junts, mirarlo con luces largas permitiría pensar que le ha dado a Junts la oportunidad de realizar un deseable aterrizaje en la Constitución.
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