Artículo publicado en El Correo – edición impresa y online (18/12/2023)
Al margen del debate sobre su auténtica motivación, los pactos económicos cerrados por Sánchez con sus socios de investidura plantean riesgos y alguna certeza para nuestras finanzas públicas, como recoge un reciente informe de Fedea (2023/221). La certeza es que la quita incondicional de un porcentaje de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común no hará sino relajar la contención a la que están obligadas. Los riesgos apuntan a la sostenibilidad de las cuentas públicas, obviamente abocadas al aumento del gasto público, de la deuda y, en última instancia, de los impuestos.
Pasemos revista a la larga lista de medidas concertadas.
Comenzando por la financiación de las autonomías de régimen común, Sánchez se ha comprometido con Sumar a acometer una reforma del sistema. Este pacto contradice en alguna medida los compromisos adquiridos con los nacionalistas vascos y catalanes, siendo el ejemplo más extremo la pretensión de Junts de que se ceda a Cataluña el 100% de los impuestos estatales recaudados en su territorio. Aunque el PSOE no haya firmado nada todavía, todo apunta a concesiones interinas que podrían configurar un estatus especial para Cataluña.
Siguiendo con la deuda autonómica, el acuerdo con ERC incluye una quita de 15.000 millones de euros que supondría en torno al 20% de la deuda total de la comunidad catalana. Grave precedente. Pero para encubrir tan flagrante discrecionalidad, el texto prevé la generalización de tales quitas al resto de comunidades de régimen común siempre que prosperen las pertinentes reformas legales que habiliten las medidas. Se justifica la condonación aludiendo a la crisis financiera de 2008 ante la «insuficiente respuesta europea y del Estado» pero no se aclara el método de cálculo de las quitas. Condonando a cada comunidad una misma cantidad por habitante -un posible criterio- el coste total de la medida ascendería a casi 88.000 millones de euros. El texto contiene igualmente varias cláusulas relativas a la asignación de la inversión pública estatal, garantizando a Cataluña un porcentaje equivalente a su peso en el PIB español y la cogestión a través de una comisión mixta de planificación y ejecución.
En su conjunto, los acuerdos albergan con alegría inusitada una interminable lista de subidas, como es el caso del ingreso mínimo vital, de las pensiones mínimas y no contributivas y de los permisos por paternidad y maternidad. En el ámbito docente la universalización de la educación infantil, la amplia
ción de horarios y condiciones de empleo, la rebaja del número de estudiantes por aula, el aumento de las becas o el abaratamiento de las matrículas. En el campo sanitario se prometen inversiones para reducir las listas de espera y ampliar prestaciones. En cuanto a la vivienda se sugiere ampliar el parque público con aumento de ayudas para acceso y rehabilitación a las mismas. Añadamos a la fábula financiera el capítulo laboral. Aquí hallamos la reducción obligatoria de la jornada de trabajo desde 40 a 37,5 horas semanales sin reducción de salarios, la subida del SMI hasta el 60% del salario medio y el endurecimiento de las condiciones de despido, descuelgue y modificación unilateral de las condiciones de trabajo.
Dejando de lado las razones espurias invocadas para justificar los pactos de coalición, algunos de ellos podrían ser compartidos dentro de ciertos parámetros si no surgiera la seria sospecha de que, en parte, podrían ser superfluos, en particular en el sistema educativo, cuyas carencias tienen poco que ver con un déficit de gasto sino más bien con el diseño del sistema. En especial, el sistema universitario, donde la prioridad tendría que ser la reforma de su gobernanza y la rendición transparente de sus cuentas ante los ciudadanos que lo financian. En materia de vivienda, el control de alquileres es contraproducente porque reducirá la oferta, elevará los precios y dará lugar a todo tipo de problemas de equidad.
De todo lo dicho cabe concluir, que el desbordante acuerdo económico cerrado con los socios de gobierno, con un coste estimado de unos 100.000 millones de euros en esta legislatura, que conllevará un significativo incremento de la presión fiscal, dibuja una deriva ideológica alocada. El supervisor AIReF ya ha denunciado que el Plan de Reequilibrio que incluye las 230 medidas convenidas incumple la Ley de Estabilidad.
Deja una respuesta