No hay progreso social ni avance tecnológico que no evolucione de la mano de los derechos y libertades fundamentales de las personas
Artículo publicado en El Correo (07/04/2024)
Quién no ha oído hablar de la Inteligencia Artificial (IA) en los últimos meses. Difícil abstraerse de un fenómeno que ha cautivado a la sociedad y la economía y que está presente en los más diversos ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, a buen seguro, muchos ciudadanos hoy aún se preguntan, en qué consiste la IA y qué impacto tiene en nuestras vidas.
Define la Comisión Europea la IA como un sistema que puede percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento, procesar información y tomar decisiones para lograr un objetivo concreto. Luego ni es inteligencia, ni es artificial. No hay inteligencia, porque estamos ante tareas, y porque los sistemas, por el momento, carecen de intuición, emociones o empatía. No es artificial, porque su creación y desarrollo tienen origen en la actividad y el ingenio del ser humano, que es quien las crea y sostiene.
Nuestra salud, nuestros hábitos de consumo o nuestra actividad profesional estarán, o más bien están ya, en manos de la IA, que es la que apoya la toma decisiones o realiza tareas hasta ahora reservadas al ser humano. Vehículos autónomos, robots quirúrgicos, asistentes de redacción y traducción de textos; todos estos sistemas, que llevan incorporada IA, presentan un rasgo común. Son herramientas al servicio del ser humano y para su bienestar. La IA no es un fin en sí misma, no debe serlo.
Por eso, no podemos olvidar para qué ha sido creada y para qué debe ser desarrollada: para beneficio y progreso de la Humanidad. Y desde esta consideración es fácil intuir que serán muchas sus ventajas, algunas ya se perciben en la medicina o la industria; pero también es fácil entrever que son numerosos los desafíos y riesgos que su utilización conlleva para los derechos y libertades de las personas.
No parece entonces tarea sencilla regular una tecnología de la que socialmente se espera tanto, cuyo desarrollo futuro es aún incierto y que ha despertado un fervor inversor desconocido hasta ahora. Seguramente por ello, el revuelo y la expectación que ha generado el Reglamento europeo de IA, cuyo texto se ratificó el 13 de marzo de 2024.
Pudiera pensarse que la IA carece de toda regulación, que su desarrollo no conoce límites ni control normativo alguno. Nada más lejos de la realidad. Viven en el Derecho principios y criterios generales que resultan de aplicación a toda actividad y, por supuesto, también al desarrollo de la IA. Son normas que brotan de los derechos humanos, de los valores que constitucionalmente ordenan la convivencia en los Estados. La dignidad del ser humano, la igualdad y la privacidad, entre otros, como valores superiores del sistema jurídico limitan y frenan los actos que vulneran derechos fundamentales de las personas.
Sin embargo, estos criterios jurídicos fundamentales no parecían suficiente contención ante el avance impredecible y frenético de la IA. La singularidad de esta tecnología reclamaba un marco normativo propio, que diera respuesta a las incertidumbres y desafíos que jurídicamente plantean estos sistemas. Y así, mientras China se pone de perfil y en Estados Unidos Biden firma una ley para marcar el desarrollo de la IA en ese país, las instituciones de la UE se esforzaban por alcanzar un acuerdo para la regulación de los sistemas de IA.
Queremos pensar, necesitamos creer que quienes nos gobiernan en la UE, conscientes de las amenazas que se ciernen sobre nuestros derechos, pondrán orden y limitarán una tecnología que infunde desconfianza y esperanza a partes iguales; y ello, sin que su autoridad se socave por la fuerza de la economía o por el clamor de quienes auguran que una regulación frenará el avance de la IA en Europa. Podrá decirse que el texto es mejorable, que deja pendientes importantes cuestiones, pero con el camino legislativo emprendido por la UE se ha tomado conciencia de lo agresiva que puede llegar a ser esta tecnología, y de que su uso puede generar riesgos inaceptables para nuestros derechos.
Ya ha comenzado el baile en la UE. Al Consejo Europeo de IA y al Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, como guardianes de nuestros derechos frente a la irrupción de esta tecnología, se une ahora la recién creada Oficina Europea de IA. Y me pregunto si no serán demasiados vigilantes, y si esta compleja maquinaria y la complicada coordinación no dificultarán precisamente su labor al servicio de una ciudadanía que espera y confía en un desarrollo responsable y fiable de la IA en Europa.
Reconoce el futuro Reglamento de IA de la UE que «como requisito previo, la IA debe ser una tecnología centrada en el ser humano». Necesariamente ha de ser así, porque no hay progreso social ni avance tecnológico que no evolucione de la mano de los derechos y libertades fundamentales de las personas.
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