Artículo publicado en El Correo (13/05/2024)
El 60% de la ciudadanía catalana considera que la economía va mal o muy mal en su territorio. El 68% valora muy mal la situación política. El votante medio suspendía al Gobierno catalán monocolor de ERC con un 4,3 y había incrementado su desconfianza hacia el Govern saliente en el último año. El president, Pere Aragonès, suspendía también en el último barómetro. La percepción de la calidad de los servicios públicos, lo más importante y lo que más preocupa a la ciudadanía catalana, bajó en los dos últimos años y tan solo un 20% de catalanes valora positivamente su calidad. Cuando preguntaban en las encuestas por el candidato más preparado para resolver los problemas de Cataluña, el president de ERC tan solo era nombrado por el 10%, lejos tanto de Salvador Illa, el preferido, como de Carles Puigdemont.
La caída de ERC es la caída de la confianza en un Gobierno que no ha logrado conectar con la
ciudadanía ni transmitir solvencia en el desempeño de la gestión del día a día. Los votantes de ERC se habrían ido hacia el PSC y Junts con parecida intensidad si atendemos a las encuestas preelectorales. Los votantes que mantiene ERC también se reparten respecto a su pacto favorito entre los que prefieren mirar al PSC y los que prefieren estar con Junts. No se pueden caracterizar estas elecciones ni como unas elecciones plebiscitarias sobre la independencia, ni como unas elecciones donde había que elegir entre dos bloques ideológicos. Tanto el tripartito de izquierdas como las alianzas en base al independentismo no están en el mandato popular expresado en una fragmentación que requerirá acuerdos transversales, más allá de que los números no dan para una mayoría independentista y sí que permiten el Gobierno tripartito.
El PSC continúa su reconexión con la sociedad catalana volviendo a penetrar en espacios catalanistas e incrementando su peso electoral en base a un discurso muy territorializado y con un líder, Salvador Illa, que ha construido su reputación alrededor de su empeño en los acuerdos, la responsabilidad institucional y la previsibilidad de sus posiciones. El apagón del debate territorial le ha permitido en los últimos años construir una alternativa basada en la gestión del día a día de la ciudadanía catalana.
El PSC y Junts tendrán que hablar después de las elecciones europeas para activar el gobierno del cambio expresado en las urnas, teniendo en cuenta el castigo a la gestión del Gobierno de ERC y atendiendo a la necesidad de una gobernabilidad fuerte y estable que facilite solucionar los problemas de los catalanes más allá de las discrepancias territoriales o ideológicas manteniendo fuera de la influencia de las políticas del futuro a la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana.
Junts se ha parecido más en esta campaña a la antigua Convergencia, al PNV o al Bildu institucional de los últimos tiempos y podrá gestionar el futuro sabiendo que ha desaparecido el mandato de la unilateralidad y que la ley de amnistía cerrará un ciclo que la sociedad catalana ya ha dado por concluido en estas elecciones. Y la gobernabilidad de España estará unida umbilicalmente a las negociaciones del próximo Gobierno catalán.
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