Estudiante de 5º curso de Derecho + Comunicación.
Las recientes inundaciones en Valencia no solo representaron un desastre natural significativo, sino que también pusieron de manifiesto un fenómeno preocupante: la propagación masiva de bulos y noticias falsas en un contexto de emergencia. Este tipo de desinformación no solo genera confusión y alarma social, sino que también plantea serias cuestiones jurídicas en torno a la responsabilidad y la regulación de la información en el entorno digital.
El El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea emerge como una herramienta esencial en este ámbito. En sus artículos 26 y 27, se establece que las plataformas digitales deben implementar medidas para identificar y mitigar riesgos relacionados con la desinformación. Además, el artículo 35 del DSA aborda la posibilidad de adoptar acciones excepcionales en situaciones de crisis que amenacen la seguridad pública, como las recientes inundaciones en Valencia.
El DSA introduce una serie de obligaciones clave para hacer frente a la desinformación. En primer lugar, los VLOPs (plataformas de muy gran tamaño) y los VLOSEs (motores de búsqueda de muy gran tamaño) deben realizar evaluaciones de riesgos sobre diversos elementos de sus servicios, según lo dispuesto en los artículos 33 y 34. Estas evaluaciones incluyen la identificación de riesgos derivados de su diseño, funcionamiento o uso, así como las campañas coordinadas de desinformación. Además, estas plataformas deben considerar cómo se utilizan sus servicios para difundir o amplificar contenido engañoso y, en función de ello, aplicar medidas de reducción del riesgo.
En momentos de crisis, según lo estipulado en el artículo 35 del Reglamento, se permite a la Comisión Europea exigir a las plataformas la adopción de acciones excepcionales, como restricciones o la eliminación rápida de contenido desinformativo que genere pánico o desestabilización social. Asimismo, estas plataformas deben contar con un mecanismo de respuesta a crisis para gestionar la difusión acelerada de desinformación.
El DSA también fomenta la colaboración de las plataformas con entidades verificadoras y anima a la adopción de un código de prácticas voluntarias sobre desinformación. Por último, se reconoce el papel que la publicidad dirigida puede desempeñar en la propagación de noticias falsas. Además de limitar la publicidad dirigida, el DSA exige a los VLOPs y VLOSEs mantener un “almacén” de publicidad pública para que los investigadores puedan analizar riesgos emergentes, como campañas de desinformación que afectan negativamente a la salud pública, la seguridad o la participación política.
Sin embargo, la regulación enfrenta desafíos significativos en el caso de servicios de mensajería como Telegram, que no están sujetos a las normativas europeas. Estas plataformas representan un vacío legal que permite la difusión de desinformación sin control eficaz, lo que pone en evidencia la necesidad de un enfoque global para abordar el problema.
El marco legal español ofrece herramientas para enfrentar las consecuencias de la desinformación, especialmente a través de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y el derecho de rectificación. No obstante, estos mecanismos resultan insuficientes frente a la velocidad y el alcance de las redes sociales. Por ello, se plantea la necesidad de reformas que permitan sanciones más ágiles y efectivas contra la difusión de noticias falsas, incluyendo indemnizaciones rápidas y la obligatoriedad de rectificaciones públicas en plazos cortos.
Paralelamente, El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha destacado la importancia de la responsabilidad individual en la lucha contra la desinformación. Entre sus recomendaciones para los ciudadanos se incluyen verificar la fuente de la información, contrastar datos, leer más allá de los titulares y aplicar el sentido común antes de compartir contenido. Estas acciones son fundamentales para mitigar el impacto de los bulos.
La implementación de estrategias normativas que combinen la responsabilidad digital, la transparencia informativa y la sanción efectiva de los abusos es esencial para crear un entorno seguro y fiable. Al mismo tiempo, es fundamental fomentar una cultura social que priorice la verificación de la información, especialmente en momentos de crisis, para mitigar los efectos perjudiciales de los bulos y fortalecer la confianza en las instituciones y los medios de comunicación.
Deja una respuesta