«Resulta imprescindible diseñar políticas públicas que prioricen la calidad y el impacto de la educación, apoyándose en indicadores fiables y evaluaciones externas», constata el doctor en Derecho, profesor de Deusto y ex parlamentario del PP vasco Luis Gordillo
Artículo publicado en El Mundo (24/12/2024)
Este pasado fin de semana, la prensa vasca se hacía eco de un hecho que ya era conocido pero que ha pasado inadvertido. Y es que el País Vasco ha dejado de participar en las principales evaluaciones de la OCDE que miden el rendimiento académico de los escolares y es muy reticente a publicar los resultados de sus propios análisis.
Una sociedad avanzada necesita de un sistema educativo eficaz, eficiente y dinámico que sea capaz de preparar a las nuevas generaciones para los retos del futuro y que les dote de los conocimientos y habilidades necesarias para ganarse la vida con honestidad y tener la oportunidad de realizar sus proyectos personales.
En la actualidad, los sistemas educativos europeos se enfrentan a retos muy importantes: la globalización, la digitalización y la rápida evolución de las demandas del mercado laboral. Un sistema educativo competitivo y moderno debe no solo adaptarse a estas realidades, sino también ser objeto de evaluación constante para garantizar su eficacia. En este contexto, resulta imprescindible diseñar políticas públicas que prioricen la calidad y el impacto de la educación, apoyándose en indicadores fiables y evaluaciones externas.
De acuerdo con el informe del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, existen diferencias notables en el gasto público por alumno en enseñanza no universitaria entre comunidades autónomas. Según los últimos datos disponibles, en 2021, el País Vasco destinó casi 11.000 euros por estudiante (10.984 euros), casi duplicando los 5.886 euros invertidos por la Comunidad de Madrid. Castilla y León y Asturias gastaron poco más de 8.000 euros al año por escolar (8.033 euros Castilla y León y 8.140 el Principado de Asturias).
Cualquiera podría pensar que cuanto más se gasta en una política pública, mejores serán sus resultados. Sin embargo, los últimos informes PISA, que evalúan el rendimiento académico de los estudiantes, cuentan una historia diferente. Castilla y León, Asturias y la Comunidad de Madrid destacan siempre en las competencias clave evaluadas, como la comprensión lectora, las matemáticas o las ciencias, superando ampliamente al País Vasco, una Comunidad que apenas alcanza la media nacional y que está en los últimos puestos del último informe que analiza la creatividad de los escolares.
Estos datos ilustran un problema claro y persistente: el País Vasco, pese a destinar más recursos por alumno, no logra traducir esta inversión en mejores resultados educativos. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema educativo y la pertinencia de revisar el modelo de gestión. Parece lógico pedir a la administración que, si tenemos el sistema educativo mejor financiado, no tengamos el sistema con los peores resultados.
Un sistema educativo que carece de un control y seguimiento adecuados corre el riesgo de perpetuar ineficiencias y desigualdades. Por ello, es fundamental que las evaluaciones externas sean periódicas, públicas y que estén realizadas por organismos independientes. Además, los resultados deben ser explicados de forma transparente, no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino también como una herramienta para generar confianza y orientar políticas de mejora.
La publicación de estos informes no debe quedarse en una declaración de intenciones, sino que debe ir acompañada de acciones concretas. Por ejemplo, si los datos revelan una brecha significativa entre la inversión y los resultados, como ocurre en el País Vasco, el gobierno vasco debería proponer reformas estructurales. Estas pueden incluir la mejora de la formación docente, la actualización de los currículos educativos, la revisión del modelo de inmersión lingüística o una mayor integración de tecnologías en el aula. Negarse a participar en evaluaciones externas o a publicar los resultados de los análisis propios evitará un titular negativo un día, pero no solucionará el problema de fondo y generará más frustración a largo plazo entre la ciudadanía, el personal educativo y los propios estudiantes.
Los buenos resultados de Comunidades como Castilla y León, Madrid o Asturias demuestran que la eficiencia en el uso de recursos es tan importante como la cantidad de recursos destinados. En estas tres comunidades, en las que han gobernado partidos o coaliciones distintas, los resultados destacados del informe PISA reflejan un modelo educativo que ha sabido optimizar sus inversiones, priorizando aspectos como la formación del profesorado, la atención individualizada a los alumnos y una gestión efectiva de los centros educativos.
Por el contrario, el caso del País Vasco muestra que una alta inversión sin un enfoque estratégico no garantiza el éxito. Este ejemplo subraya la importancia de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y de someterlas a evaluaciones constantes. Solo así se puede garantizar que los recursos lleguen donde más se necesitan y que el sistema educativo cumpla su función como motor de progreso social y económico.
Las administraciones evalúan constantemente a los ciudadanos. La administración educativa evalúa sin parar a los profesores, al personal no docente y a las propias contratas que concurren para prestar servicios en los centros. A cambio, la Administración tiene que explicar adecuadamente cómo invierte el dinero público en el sistema educativo, qué problemas ha identificado y qué medidas piensa adoptar para corregirlos.
El Gobierno vasco ha anunciado que en el nuevo año 2025 presentará un proyecto de ley de transparencia de Euskadi. Quizá sea una buena oportunidad para añadir transparencia a la evaluación y mejora del sistema educativo.
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