Artículo publicado en El Correo (19/01/2026)
Hoy hay más vascos –un 47%– que consideran a Estados Unidos un país enemigo que quienes señalan a Irán –un 35%–, según el Deustobarómetro. En condiciones de normalidad democrática y reglas compartidas, sería razonable celebrar la intervención de EE UU para provocar la caída de un gobierno que responde a la contestación social con una fuerte represión: decenas de muertos, miles de detenidos, denuncias de violaciones de derechos humanos, apagones de internet y restricciones a las comunicaciones para frenar la organización y la difusión de información.
Sin embargo, tras episodios como el secuestro unilateral de Maduro o el anuncio de la compra de Groenlandia por las buenas o por las malas, buena parte de la ciudadanía occidental empieza a asumir que el orden internacional no se rige por reglas compartidas, sino por la ley del más fuerte. Y ya da el mismo miedo la posible intervención antisistema del presidente americano que la propia dictadura iraní.
La foto de los líderes petroleros con Trump puede escenificar la nueva Conferencia de Yalta antisistema. El presidente estadounidense reunió a directivos de las principales compañías del sector para animarlas a invertir hasta 100.000 millones de dólares en la industria petrolera venezolana. Durante el encuentro dejó claro que cualquier desarrollo del sector energético del país se hará bajo la égida de Estados Unidos, que decidirá qué empresas podrán explotar sus enormes reservas. La responsabilidad de las empresas es proteger las inversiones de sus accionistas y los puestos de trabajo de la compañía, no salvaguardar el sistema democrático, ni los valores compartidos, ni el orden internacional.
Las transiciones justas y el compromiso de no dejar a nadie atrás eran el horizonte compartido por el sistema. Pero el riesgo de una nueva crisis económica se multiplica en una esfera donde el sistema parece haberse diluido y donde la cultura del Far West amenaza con cristalizar en una era de inseguridad extrema. A quienes no tienen nada que perder pueden sumarse quienes creen que pueden recuperar lo que están perdiendo por vías ajenas al marco legal y al propio sistema.
El próximo gran peligro, por su capacidad de generar un nuevo ejército de perdedores, puede ser la penetración masiva de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. La mayoría de la ciudadanía vasca (57%) ya utiliza herramientas de IA y, entre los trabajadores cualificados, existe un temor creciente a perder el empleo a medio plazo. Todo ello ocurre mientras se despliegan estrategias nacionales de digitalización e inteligencia artificial con el objetivo declarado de asegurar una transición justa.
Aunque la IA tiene un enorme potencial para aumentar la productividad, mejorar los servicios públicos y generar empleo cualificado, también puede intensificar las desigualdades si no se anticipan de manera integral sus efectos negativos. Los perdedores de la expansión de la inteligencia artificial ya no serán solo los menos cualificados o los más vulnerables.
En un contexto marcado por la ruptura de las normas, la legitimación de los abusos de poder y la erosión del sistema, no basta con poner límites éticos a la inteligencia artificial. El verdadero reto será garantizar una igualdad real de acceso, formación y protección frente a sus efectos, si no queremos que la tecnología se convierta en otro factor de desestabilización social.
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