Artículo publicado en El Correo (19/02/2026)
La foto de las petroleras repartiéndose el botín fósil de Venezuela puede llevar al desánimo o a pensar que la transición hacia las energías limpias y renovables ha desaparecido de nuestros objetivos y, sobre todo, de la mesa desde la que se regula nuestro territorio y nuestra comunidad más cercana. Por eso, creo que es bueno resaltar una noticia que ha pasado desapercibida este invierno de borrascas encadenadas.
Después de veinte años sin conceder una sola licencia para nuevas infraestructuras eólicas en Euskadi, el parque de Labraza será el primero en ponerse en marcha. Una inversión de 59 millones de euros que incrementará en un 26% la potencia eólica instalada en el País Vasco. Durante años, la política energética vasca quedó atrapada entre la parálisis administrativa y la desconfianza social. Las comunidades afectadas por los proyectos eólicos no pedían únicamente declaraciones de impacto ambiental. Las reclamaciones eran más básicas y casi todas relacionadas con la justicia distributiva.
Si la energía se produce en tu territorio, si el paisaje cambia, si las infraestructuras se levantan en tu municipio, las preguntas que se hace la ciudadanía son: ¿Quién se beneficia? ¿Solo la empresa promotora? ¿O también la comunidad? La ciudadanía afectada pedía una mejor redistribución de la riqueza generada por las energías renovables y más beneficios para sus hogares y a las empresas del entorno.
El nuevo proyecto liderado por Iberdrola y el Gobierno vasco a través del Ente Vasco de la Energía parece incorporar esta lección. El parque eólico de Labraza no es únicamente una instalación de 40 MW. Es un ensayo de gobernanza. Los municipios implicados recibirán ingresos directos desde el inicio de las obras y recursos anuales vía impuestos y cánones. Habrá empleo local durante la construcción. Los vecinos contarán con tarifas energéticas especiales. Y se abre, además, la posibilidad de participar mediante fórmulas de ‘crowdlending’ que abren la puerta a que parte de la rentabilidad revierta en quienes viven allí. Una forma de democratizar la inversión que permite participar con cantidades pequeñas y que puede ayudar a vincular a la comunidad con el proyecto.
En un contexto internacional cargado de malas noticias para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, debemos de valorar el modelo del parque eólico de Labraza en el que los beneficios sociales para la comunidad son tan importantes como la transición haci un modelo energético más sostenible. Porque sin redistribución, no habrá transición duradera. Y sin comunidad, no tendrá sentido hablar de soberanía energética.
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