Artículo publicado en El Correo (16/03/2026)
Europa envejece. Cada vez nacen menos niños y vivimos más tiempo. Es una buena noticia para los ciudadanos, pero constituye un reto para la economía. Las pensiones, la atención médica, los servicios sociales y, en general, el Estado del bienestar se diseñaron para sociedades demográficamente más equilibradas, con una base amplia de trabajadores sosteniendo a una población menor de jubilados. Hoy ese equilibrio se ha roto.
España no es una excepción. Su tasa de natalidad se sitúa entre las más bajas de Europa y la población en edad de trabajar decrece. Este fenómeno, silencioso pero persistente, tiene dos efectos laterales dramáticos: faltan trabajadores para atender el día a día de la producción en varios sectores y las finanzas de los sistemas públicos capotan sin la incorporación de nuevos cotizantes o un aumento de sus contribuciones.
En ese contexto se sitúa el debate sobre la inmigración. No es una discusión abstracta ni ideológica. Es, ante todo, una cuestión de aritmética económica y demográfica. En los últimos años, una parte creciente de los nuevos empleos creados en España ha sido cubierta por trabajadores nacidos fuera del país. Su presencia contribuye a operar sectores básicos de la economía y apuntala, en alguna medida, el andamiaje social.
Pero el fenómeno migratorio es más que una variable económica. También tiene implicaciones sociales, culturales y políticas que conviene reconocer sin simplificaciones. En muchas democracias occidentales, la llegada masiva de inmigrantes ha provocado reacciones electorales intensas. El miedo a la pérdida de identidad, la presión sobre los servicios públicos o la sensación de falta de control sobre determinados colectivos alimentan discursos políticos cada vez más radicales.
España ha vivido hasta ahora ese debate con menor intensidad que otros países europeos. Existen razones históricas y culturales que lo explican, desde la identificación lingüística y emocional con determinadas latitudes –como América Latina– hasta la propia tradición migratoria española en tiempos no tan lejanos. Pero el país no está inmunizado frente a las tensiones que acompañan a los grandes movimientos de población.
La anunciada propuesta gubernamental de regularizar a los inmigrantes en situación irregular –una cifra cercana al medio millón de personas según distintas estimaciones– se inscribe en este contexto. El Ejecutivo defiende la medida como una forma de aflorar empleo sumergido, aumentar las cotizaciones y otorgar seguridad jurídica a personas que ya viven y trabajan en España.
Sus críticos, en cambio, advierten de otros efectos posibles. La presión adicional sobre unos servicios públicos ya saturados, la agudización del problema de la vivienda, el impacto en los segmentos menos cualificados del mercado laboral autóctono o el llamado «efecto llamada» forman parte de los argumentos más repetidos. No todos esos temores se materializarán necesariamente, pero tampoco pueden descartarse sin más.
Entre ambos extremos discurre el debate real. La inmigración no es una catástrofe anunciada, como sostienen algunos discursos alarmistas. Pero tampoco es una solución automática a los problemas demográficos y económicos del país. Conviven en la iniciativa integradora los pros y los contras. La integración social y cultural es un proceso mucho más complejo que una mera disposición administrativa, una disposición legal que normalice una situación atípica.
La cuestión de fondo no es si España necesita inmigrantes, que los necesita. La pregunta relevante es en qué condiciones ese fenómeno puede integrarse de manera sostenible en una sociedad de acogida que empieza a temer por su propia cohesión.
La hospitalidad forma parte de la tradición europea y enraíza también en seculares raíces cristianas heredadas, pero toda comunidad política necesita además unas reglas claras. Defendemos una admisión amable, pero rechazamos una invasión silenciosa. La acogida genera derechos, pero también exige deberes. Integrarse significa participar en la vida económica, respetar las normas comunes y aceptar sin reservas los principios de convivencia de la sociedad que acoge.
Es necesario, por tanto, definir con claridad el marco de convivencia entre los habitantes históricos y quienes llegan. Ignorarlo no ayudará a tranquilizar a los más temerosos ni a construir consensos duraderos. Tampoco preparará mentalmente sobre los requisitos de concordia y entendimiento a los nuevos huéspedes.
España, como el resto de Europa, tendrá que aprender a gestionar este desafío con realismo. Pero solo podrá hacerlo si se proclaman unas reglas claras, asumidas por unos y otros y cumplidas bajo la mirada imparcial de la justicia.
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