Retrasar la edad de jubilación de forma voluntaria contribuye a apuntalar el sistema de pensiones y también ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cognitivas
Artículo publicado en El Correo (07/08/2023)
Vincularemos en estas líneas el edadismo –la discriminación a los mayores– con un relevante déficit técnico atrincherado en nuestro sistema económico: el de la financiación de nuestra mayor longevidad.
Cuando aún guardan nuestras pupilas las estremecedoras imágenes de una Francia en llamas, con la calle manifestándose violentamente contra la reforma de la edad de jubilación, la cordura y las cifras llaman una vez más a estudiar la prolongación de la vida laboral en nuestro país.
La pertinencia de tal propuesta tiene sólidos fundamentos económicos que llevarían incluso a proponer su paulatina obligatoriedad. Pero en este momento, orillamos el elemento normativo para centrarnos en su voluntariedad, en la superación de barreras artificiales y erróneas que impiden su libre implementación.
Semanas atrás, el Círculo de Empresarios ha irrumpido en el escenario electoral con una petición al próximo gobierno de la nación: retrasar voluntariamente la edad de jubilación entre los 68 y 72 años, acompañado de un sistema de incentivos. La propuesta, como es conocido, ha suscitado una reacción adversa de la práctica totalidad del arco representativo de los trabajadores y de un porcentaje nada despreciable de los medios de comunicación. Puede que el enunciado haya sonado radical y escasamente pautado, pero tratándose como se trata de una decisión libre y voluntaria, sorprende la visceralidad latente en tanta respuesta negativa. Da la impresión de que aquellas personas deseosas de prolongar su vida laboral fueran a constituir la punta de lanza del derribo de unos pilares del estado del bienestar, la pensión de jubilación, erigiéndose en esquiroles involuntarios del statu quo.
Grave confusión, ya que una cosa no solo no implica la otra, sino que la preserva y la fortalece. La línea que aquí se defiende, patrocinada por importantes institutos de opinión, es que alargar voluntariamente la vida laboral constituye un instrumento coherente con el apuntalamiento del estado del bienestar.
La alta esperanza de vida de la población española unida a la más tardía incorporación al mundo del trabajo de los jóvenes desequilibra sin duda la viabilidad de un sistema de pensiones de reparto, que exige apoyos sistemáticos del Estado para su funcionamiento. El número de personas en edad de trabajar por cada una de 65 años o más, que cayó desde 6,9 en 1960 a 3,0 en 2021, continuará su trayectoria descendente hasta equilibrase en 1,7 en la década de los 40, según la OCDE. Si esto ha de ser así, no hay ninguna razón para no promover la introducción, benéfica para el sistema, de la jubilación activa, en trabajadores que así deseen hacerlo. El incremento de la longevidad en España somete a una presión creciente a las cuentas de la Seguridad social, cuyo déficit básico se cuantifica en 12.700 millones, solamente entre 2019 y 2023, según FEDEA, sin contar los préstamos recibidos.
Pero hay otros flancos frágiles. El envejecimiento también proyecta importantes aumentos del gasto público asociados a la sanidad y a los problemas generados por la dependencia, representando cuotas sucesivamente mayores del PIB. La ampliación de la edad de trabajo es congruente con la reducción del riesgo de aparición de enfermedades de funcionamiento cognitivo, reduciendo la factura médica del país.
En una reciente publicación, BBVA Research señala tres ámbitos que deben ser abordados para fomentar la opción de un alargamiento en la vida laboral de nuestros ciudadanos. El primero se refiere a una normativa más favorable en lo que hace a la concurrencia de la jubilación con el trabajo remunerado, que en la actualidad dibuja un marco poco atractivo tanto para el trabajador como para la empresa. España se sitúa a la cola de los países donde los trabajadores pueden compatibilizar salario y pensión. El segundo consiste en una campaña de largo aliento para erradicar el edadismo, optimizar la gestión del talento y estimular el equilibrio intergeneracional. El tercero atiende a la actualización activa –formación permanente– de los mayores en aras de su mejor empleabilidad.
Conviene abrir los ojos a la vulnerabilidad que la creciente dilatación de nuestras vidas confiere a las principales partidas del estado del bienestar, que, tarde o temprano, deberá conducir a reformas estructurales, casi siempre dolorosas. Abrir las puertas a la prolongación de la vida laboral constituye una medida terapéutica, integrada en la mayor presencia vital de los mayores.
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