Artículo publicado en El Correo (26/02/2024)
La retirada forzada del lehendakari, Iñigo Urkullu, después de 12 años en el poder ha concentrado en su figura la interpretación política de la última década. Uno de los rasgos que más ha influido en su legado ha sido su apuesta clara por gobernar con los socialistas a partir de 2016. Este Gobierno entre diferentes tanto en la dimensión social y económica como en la territorial ha generado unas políticas basadas en el ensanche de la centralidad de la que puede ser un buen ejemplo el último decreto de perfiles lingüísticos, que no ha gustado ni a EH Bildu porque «se queda corto» en su defensa del euskera ni al Partido Popular porque supone un «ataque contra el castellano».
Tanto el lehendakari como su vicelehendakari, Idoia Mendía, han generado un clima de confianza que ha permitido la cooperación entre diferentes para que cada una de las grandes leyes que se han desarrollado en este país en los últimos ocho años estuvieran más relacionadas con el programa de gobierno común que con el programa de cada partido, lo que ha sido beneficioso para la mejora de la vida del mayor número posible de vascos y vascas. La ciudadanía no ha tenido que sufrir las peleas partidistas que caracterizaban al Gobierno de coalición español donde primaba el interés de la marca por encima del interés general. La desaparición del paro como problema y la innovadora Ley de Empleo es un ejemplo de cómo el lehendakari Urkullu reconoce como uno de sus legados más importantes la acción de gobierno desarrollada desde una consejería socialista dejando de lado el protagonismo de sus siglas.
El lehendakari puso por delante su coalición con el PSE-EE para intentar que la reforma del
Estatuto respondiera a la centralidad que representan el partido más votado entre los nacionalistas vascos y el partido más votado entre los partidos de ámbito estatal. Es el motivo principal del fracaso de la ponencia de Autogobierno. La ley de bases que pactaron el PNV y EH Bildu abría la puerta al conflicto poniendo en duda el principio de legalidad si chocaba con el valor primario de decisión de la ciudadanía vasca. El Gobierno de coalición cerró esa puerta, leyendo correctamente el clima social y político de Euskadi y orientando su gestión a la construcción de acuerdos relacionados con los temas más relevantes para los ciudadanos.
Esta coalición con mayoría absoluta ha funcionado con las puertas abiertas y con la ambición de representar más intereses y más apoyos ciudadanos a través de grandes pactos con otros partidos. Es difícil encontrar en las democracias de nuestro entorno unos presupuestos apoyados por el principal partido de la oposición, como ocurrió en 2022 con la abstención de EH Bildu. Dos años antes, era Elkarrekin Podemos el que se sumaba al acuerdo presupuestario para influir en las políticas de la coalición.
El del lehendakari es un legado compartido y una buena práctica de cómo debe funcionar un gobierno de coalición entre diferentes. La foto institucional del nuevo candidato socialista compartiendo con Urkullu y el líder del PNV el cierre de esta legislatura es la imagen del lehendakari que amaba las coaliciones.
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