Artículo publicado en El Correo (23/02/2026)

El dinero se ha ido volviendo invisible casi sin que lo advirtiéramos. Primero dejamos de firmar cheques; después abandonamos el efectivo porque bastaba con acercar el teléfono al datáfono para saldar cualquier deuda. El gesto de abrir la cartera ha sido sustituido por el de desbloquear una pantalla. En ese tránsito silencioso, el dinero ha pasado de ocupar sitio en el bolsillo a flotar en circuitos electrónicos.
Ante una digitalización cada vez más inclusiva, el Banco Central Europeo (BCE) prepara el euro digital. No es una criptomoneda ni un instrumento especulativo. Sería, sencillamente, dinero del banco central en formato digital: dinero en cuenta, pero con la misma naturaleza jurídica que un billete, respaldado por la solvencia del BCE.
Para entender la novedad conviene recordar una distinción básica. El dinero adopta dos formas principales: billetes emitidos por el banco central y depósitos a la vista en la banca comercial. Los primeros son un pasivo directo del BCE y carecen de riesgo de crédito. Los segundos son pasivos de entidades privadas: funcionan con eficiencia, pero su seguridad última depende de la solvencia del banco depositario, aunque esté protegida por los sistemas de garantía de depósitos.
El euro digital pretende cerrar esa brecha conceptual. Sería dinero digital público, accesible al ciudadano y utilizable para pagos cotidianos. Euros abonados, en definitiva, en una cuenta corriente situada en los libros del BCE —o, interinamente, calificados en el sistema bancario privado como suyos—, y movilizados mediante tarjetas, monederos digitales u otros dispositivos.
La iniciativa no surge en el vacío. La caída del uso del efectivo, la expansión de los pagos electrónicos y la irrupción de actores tecnológicos globales han alterado el ecosistema monetario. Las tarjetas de débito o crédito dependen en gran medida de infraestructuras extranjeras, mientras las ‘stablecoins’ privadas ganan terreno. En ese contexto, el euro digital se presenta como un instrumento de soberanía monetaria y preservación del rol del dinero público.
No sustituirá a la banca ni desplazará a las soluciones privadas, las complementará. El ciudadano podrá transferir fondos desde su cuenta bancaria a un monedero digital y utilizarlos para pagar en comercios, enviar dinero o comprar online.
Hasta aquí, el relato oficial. Pero la cuestión es otra: ¿qué beneficios adicionales presta el euro digital al ciudadano medio? El sistema actual de pagos funciona: transferencias instantáneas, aplicaciones móviles y tarjetas permiten millones de transacciones diarias con rapidez y seguridad. La promesa de un medio de pago público adicional parece más una evolución institucional —movimiento de defensa estratégica— que una necesidad imperiosa. No faltan interrogantes. El BCE prevé limitar el saldo de los monederos digitales para evitar una fuga masiva de depósitos bancarios en momentos de incertidumbre. No se contempla remuneración, lo que refuerza su carácter de medio de pago y no de instrumento de ahorro o depósito de valor. La banca observa con cautela ante el riesgo de desintermediación, mientras los legisladores debaten el delicado equilibrio entre privacidad y control normativo. Y los ciudadanos más desconfiados temen escenarios en los que, si la política monetaria lo requiriese, pudieran decretarse intereses negativos sobre saldos.
El euro digital no es tanto una gran idea como un experimento medido en la frontera entre la innovación tecnológica y la política monetaria: un intento de asegurar que, en un mundo de dinero intangible, el ancla última de confianza siga siendo pública.
Quizá dentro de poco paguemos el café con una tarjeta con el emblema de nuestro banco emisor. O quizá el euro digital quede como una pieza del mosaico de medios de pago: discreta, funcional y casi invisible. Su eventual incorporación recuerda una verdad: el dinero no es solo un instrumento de intercambio. Es también una institución basada en la confianza. Y esa confianza, en última instancia, quedaría reforzada si utilizamos euros digitales emitidos por el BCE.
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