Falta una autocrítica en política migratoria, ahora que se distancia de Trump.
Artículo publicado en El Correo (02/04/2026)
En la consulta celebrada los días 22 y 23 de marzo, los italianos votaron en contra de la reforma judicial presentada por la primera ministra, Giorgia Meloni.
Su Gobierno proponía la modificación de una parte de la justicia italiana: la separación de las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados bajo la denominación de ‘magistrados’, y la división en dos del Consejo Superior de la Magistratura, equivalente al Consejo General del Poder Judicial. Los jueces y fiscales que componen este Consejo serían nombrados por sorteo, es decir, mediante un sistema basado en el azar.
La reforma constitucional promovida por Meloni no logró los dos tercios de los votos parlamentarios requeridos para que saliera adelante y, por este motivo, tuvo que someterse a consulta popular. El 53% de los votantes rechazó el plan de la reforma judicial. Esto hizo que la autoridad de la primera ministra se viera repentinamente cuestionada. Giovanni Orsina, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma, afirmó que ahora hay “una grieta en su armadura”. La pregunta es si se trata de un tropiezo puntual o del inicio de un desgaste más profundo.
La propuesta de la primera ministra hay que verla en su contexto. Viene motivada por los reveses judiciales a su política migratoria, una de las señas de identidad de su programa electoral. Pero ponerla en práctica no fue sencillo. Una serie de sentencias frenaron las deportaciones a Albania promovidas por su Gobierno, basadas en el acuerdo firmado el 6 de noviembre de 2023 entre Italia y Albania.
Este acuerdo preveía la apertura de centros de internamiento en territorio albanés donde se registrarían migrantes rescatados en el mar y se tramitarían sus solicitudes de asilo bajo legislación italiana. Es lo que se conoce como extraterritorialización de la migración.
Sin embargo, el Tribunal Ordinario de Roma rechazó validar órdenes de detención de migrantes trasladados a esos centros. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló esta posición en agosto de 2025, señalando que Italia no garantizaba adecuadamente la revisión judicial ni la transparencia en la designación de “países de origen seguro”. Esto supuso un duro golpe para el Ejecutivo italiano.
Con estos reveses, la figura de Meloni empieza a mostrar signos de desgaste. A ello se suman sus vaivenes en política exterior. Durante un tiempo, se alineó con Donald Trump, siendo la única líder europea presente en su toma de posesión y defendiendo posiciones cercanas al trumpismo.
Pero esa relación se tensó tras el bombardeo estadounidense sobre Irán, del que Meloni no fue informada. Posteriormente, criticó la ilegalidad del ataque e incluso limitó el uso de bases italianas. También ha mostrado distancia respecto a Benjamin Netanyahu, criticando decisiones del Gobierno israelí en materia de libertad religiosa.
En este contexto, y ahora que Meloni parece reivindicar el respeto al derecho internacional, cobra especial sentido una revisión crítica de su propia política migratoria. Porque el debate ya no es solo jurídico o técnico, sino también político: hasta qué punto su liderazgo puede sostenerse si las decisiones clave de su agenda siguen encontrando freno en los tribunales y en la opinión pública.
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