Artículo publicado en El Correo (27/04/2026)
El último Sociómetro de Euskadi nos vuelve a mostrar la fotografía conocida de la extrema derecha y sus valores sin ninguna posibilidad real de influir en las políticas de nuestro territorio ni de formar parte de ningún gobierno a ningún nivel institucional. Vox, convertido en el Estado en el socio necesario para construir mayorías alternativas, sigue teniendo en Euskadi su peor caladero electoral y apenas sobrevive con un 2,9% de intención de voto.
A quienes auguraban que los partidos nacionalistas endurecerían su discurso sobre inmigración por miedo a la aparición de fenómenos como la Plataforma per Catalunya o el modelo de Silvia Orriols, la realidad les está desmintiendo. Tanto la regulación extraordinaria de inmigrantes como el debate sobre la llamada «prioridad nacional», esa preferencia de los nacionales frente a los inmigrantes en el acceso al Estado del bienestar, ha reforzado precisamente la posición contraria.
La portavoz jeltzale en el Congreso llamaba inhumana y alejada de toda lógica legal a esta discriminación porque quienes vienen, trabajan y aportan tienen los mismos derechos y obligaciones que quienes viven y trabajan en Euskadi. Del mismo modo el lehendakari, en entrevista a este diario, situaba en las antípodas del modelo de sociedad que defiende el acuerdo político entre Partido Popular y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. La preocupación de la ciudadanía vasca por la inmigración ha descendido respecto al último Sociómetro coincidiendo con el anuncio de la regularización extraordinaria de alrededor de 25.000 inmigrantes en Euskadi que podrán trabajar en condiciones legales, con los mismos derechos y obligaciones que el resto.
En el último Deustobarómetro de invierno preguntábamos a la ciudadanía vasca hasta qué punto apoyaba que los inmigrantes legales tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de la población. El consenso es casi unánime en sanidad y educación: apenas un 5% rechaza esa igualdad de acceso. La mayoría de votantes de todos los partidos vascos respalda esa posición.
Solo en el electorado de Vox aparece una ruptura clara: un 38% rechaza esa igualdad básica.
Cuando preguntamos por el acceso a ayudas sociales o a una vivienda protegida, la mayoría sigue estando a favor aunque las diferencias aumentan entre el electorado de los principales partidos. Entre los votantes del PP vasco, el 37% no estaría de acuerdo con que los inmigrantes accedieran en igualdad a las ayudas sociales. Entre los votantes de EH Bildu, PSE y Sumar, ese rechazo es residual. Y un 85% del electorado del PNV defiende la igualdad de derechos en el acceso a las ayudas sociales. En relación al acceso a una vivienda protegida, el 91% de los votantes de Bildu defiende el principio de no discriminación, alrededor del 80% del electorado tanto del PNV como del PSE y un 57% de los votantes del Partido Popular. La mayoría de los votantes de Vox, el 64% rechaza esta igualdad.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿creemos que quienes viven legalmente aquí deben tener los mismos derechos y las mismas posibilidades que el resto? Si la respuesta es sí, no hay mucho margen para la ambigüedad. No se puede defender la igualdad y, al mismo tiempo, aceptar que haya ciudadanos de primera y de segunda. Y no se puede invocar la convivencia mientras se normaliza la discriminación. Por eso no resulta previsible que el Partido Nacionalista Vasco participe en pactos que reduzcan derechos o erosionen la igualdad de oportunidades en ninguna esfera. Porque más allá de la aritmética parlamentaria hay una frontera moral que todavía importa.
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