Han pasado ya muchos meses desde que el día 24 de junio de 2022 se produjo la llamada “tragedia de Melilla”; un hecho que debiera avergonzarnos y que, a pesar de las evidencias de organismos internacionales, de las peticiones del Defensor del Pueblo y de las dudas de los propios parlamentarios españoles que visitaron el lugar, ha finalizado con el archivo de las diligencias por parte de la fiscalía y sin apreciar posible delito en la actuación de las autoridades españolas.  Se ha cargado contra las fuerzas de seguridad marroquíes, y es cierta su falta de escrúpulos, pero la Unión Europea (nuestro ámbito político, no lo olvidemos) oculta, y no es un dato menor, que sus actuaciones forman parte del despliegue que “subcontrata” al Reino Alauí.

Numerosas organizaciones, como CEAR, cuya directora, Estrella Galán, fue invitada a intervenir ante el Parlamento Europeo (en concreto, en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior) en una sesión en la que también intervino la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), aportaron evidencias que dejan muy mal parada a la versión oficial de las autoridades españolas, que a día de hoy siguen sosteniendo que los hechos “no sucedieron en territorio español”, que el uso de la fuerza fue “proporcional y adecuado” y que los procedimientos de expulsión, devolución y denegación se llevaron a cabo con “pleno respeto a los derechos humanos”.

Los testimonios de testigos y asociaciones dejan constancia de que las víctimas no fueron auxiliadas. Una evidente omisión del deber de socorro donde las autoridades marroquíes se ensañaron con las personas que estaban en el suelo, heridas o muertas. Como la propia representante de CEAR comentó “resulta llamativo que, en el momento más cruento de la tragedia, las imágenes grabadas por el helicóptero español se interrumpieran porque tuvo que repostar y al dron de la guardia civil también se le agotara la batería. Demasiadas casualidades”, cuestionó Estrella Galán. Lo cierto es que se ha perdido una oportunidad, otra más, de replantear nuestra política migratoria y, en especial, la “subcontratación de la seguridad de nuestras fronteras”, con lo que somos muchos los que pensamos que tan terrible acontecimiento, como terrible fue lo que ocurrió en la playa de Tarajal en febrero de 2014, volverá a repetirse ante la pasividad de la UE y de importantes sectores de nuestras sociedades. Sociedades, no lo olvidemos, en las que fuerzas como la de Giorgia Meloni acceden al gobierno y, por lo tanto, a la gestión de sus fronteras.

Así las cosas, nada ha cambiado en nuestra “frontera sur”. La vida en Ceuta, Melilla, playas mediterráneas y litoral de las Islas Canarias sigue siendo un continuo goteo de personas migrantes que desean acceder a Europa de cualquier forma imaginable. Un goteo, por cotidiano y no masivo, que es invisible para nuestros medios de comunicación o responsables políticos desde los primeros años del nuevo milenio y que tan sólo sacude nuestras conciencias cuando hay decenas de cuerpos sin vida que no se pueden ocultar.  Los jóvenes siguen llegando a nado a calas o playas como las de Tramaguera o Benzú en Ceuta; Aguadú, a Quemadero o los Cárabos, en Melilla; en patera a Punta Oliveros o Playa Chica, en Tarifa; a Punta Chullera o las Sabinillas; a el Caletón o Punta Negra, en Tenerife y así un largo etcétera. Los CETIS siguen llenos, los centros de menores no dan abasto y los jóvenes que viven en las calles y parques siguen estando presentes, sucios y mal alimentados en los alrededores del puerto marítimo de las dos ciudades enclavadas en el continente africano.

Han pasado las navidades, los deseos de paz y felicidad han estado presentes en todos los discursos, sean éstos de nuestros representantes políticos o los propios en el brindis de una cena familiar, pero todo sigue igual. Nadie ha movido un dedo, ni lo moverá (menos aún inmersos como estamos en una guerra no declarada contra el nuevo zar de Rusia), por apoyar el desarrollo de los países de África y desactivar así su necesidad de emigrar.

Según ACNUR, este 2022 que ha finalizado ha dejado en el mundo más de cien millones de personas refugiadas. Muchas de ellas han llegado a costas españolas, a las que hay que añadir a los migrantes que desean simplemente un futuro mejor. De los que no han alcanzado las costas del “primer mundo” hemos de decir que muchos han sido interceptados por el despliegue policial “Frontex”, pero que otros muchos no han arribado simplemente porque han muerto en el intento. Sabemos desde hace dos décadas que nuestras aguas territoriales, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, son un enorme cementerio. La ONG ‘Caminando Fronteras’, en su último informe, cifra en casi mil las personas fallecidas en nuestra “frontera sur”, y la OIM habla de más de 25.000 desde que se tienen registros en 2014.

A pesar de este trágico balance, seguiremos con nuestra vida, continuaremos ampliando nuestra política de control migratorio tan sólo con medios militares o policiales, obviaremos una vez más el resto de los factores que inciden en que las migraciones irregulares se produzcan en los términos reales en los que se están produciendo y culpabilizaremos a las mafias (que ciertamente existen y con prácticas repugnantes) o a la corrupción de los países emisores (que también existe, porque conviene a nuestros intereses económicos). No moveremos un músculo ante un hito tan devastador como este, no frenaremos esta sangría de personas que afrontan robos, humillaciones, violaciones, palizas y muerte tan sólo para buscar un poco de dignidad. Pasaremos por alto el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el mensaje de quien naciera en Navidad, en un humilde portal, para lanzarnos una consigna revolucionaria: “amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Y, aún así, seremos capaces de desearnos, sin rubor alguno: feliz año 2023.

Jesús Prieto Mendaza