Artículo publicado en El Correo – edición impresa (12/02/2024)
Existe un tópico que circula en amplias capas de la opinión económica, incluso de la habitualmente informada, acerca de la existencia de un antagonismo frontal entre los conceptos de libre mercado e intervención gubernamental. Se trata, sin lugar a duda, de una simplificación excesiva ya que justamente para la existencia de los mercados en régimen de libre concurrencia resulta imprescindible la presencia de la ley en una multitud de frentes. Comenzando por los que atañen a la preservación de los derechos de propiedad y continuando con la larga lista de reglas que regulen la contratación en el sentido más amplio y social del término. A falta de un sistema de derechos defini dos y establecidos por el Estado solo hallaríamos anarquía, ausencia de reglas y en su consecuencia caos, pobreza y desolación.
Cuando hablamos del bienestar de los individuos, objetivo al que está orientada en último término toda la actividad económica, la inercia conduce nuevamente a una simplificación de la realidad, ya que el bienestar social viene representado de forma masiva y generalizada en todos los países del planeta por el PIB per cápita, indicador cuyo crecimiento se presume íntimamente asociado al de la ocupación, la disminución de la pobreza y a un estado en el que la población es capaz de obtener un amplio rango de cosas valiosas.
Pero el bienestar es decididamente multifactorial. Un estudio de la Universidad Pública de Ohio distingue hasta ocho modalidades o interpretaciones del bienestar y todos ellos tienen un alto significado, aunque carezcan de una traducción monetaria en forma de precio de mercado.
Resulta evidente que el seguimiento y promoción de los múltiples conceptos de bienestar escapa a la capacidad del Estado. Sería necesario que éste compilase un interminable número de muestras para redactar una especie de informe anual envolvente sobre el bienestar o la calidad de vida.
Con el transcurrir del tiempo la jerga económica ha acuñado el término ‘Estado del Bienestar’ al que el Estado moderno debe contribuir con gran devoción y que permite un desglose del término bienestar más concreto y social que el mero cálculo numérico del PIB per cápita. Bajo tal concepto se entiende el gasto presupuestario asignado fundamentalmente a los pilares de la educación, la sanidad, la seguridad social, la jubilación, y las prestaciones sociales a los desfavorecidos. Algunos modelos incluyen el concepto de redistribución de la renta mientras que en otros es una consecuencia del abordaje de las políticas anteriores. Como resulta fácil de entender los distintos modelos del Estado del Bienestar en los distintos países difieren en cuanto al nivel de compromiso de gasto presupuestario asignado a los conceptos aludidos.
En muchos países de la OCDE, los Estados de Bienestar se han expandido desde una base rudimentaria hace 60 años hasta los sistemas más integrales de la actualidad. El gasto público social ascendía a menos del 10% del PIB en 1960, pero desde entonces se ha duplicado hasta algo más del 20%, en promedio, en toda la OCDE. En 2022, Francia e Italia registraban el nivel más alto de gasto público social con un 30%, mientras que era inferior al 15% del PIB en Costa Rica, Irlanda, Corea, México y Turquía.
Llegados a este momento cabe plantear una pregunta de relevancia. ¿Qué relación se viene observando entre el repetido Estado del Bienestar y el tamaño del Estado, esto es, la mayor o menor presencia del Estado en la Economía?
Un reciente estudio de BBVA Research nos reseña el efecto del tamaño del gobierno sobre el bienestar social para una muestra de 36 países de la OCDE durante las seis últimas décadas. Los resultados son los siguientes: el efecto del tamaño del gobierno adopta la forma de una U invertida: positivo cuando el tamaño del gobierno crece por debajo del 35% al 40%, y negativo más allá de ese umbral. Pero el informe subraya, sobre todo, la correlación positiva entre bienestar e intervención pública en función de la calidad, eficacia y eficiencia del Gobierno, con el nivel de gasto productivo y con los bajos niveles de endeudamiento. «Un sector público eficiente en todos estos frentes -resume el autor de la publicación- es más importante para maximizar el bienestar social que el tamaño del gobierno como tal».
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