Artículo publicado en El Mundo (21/04/2024)
Tradicionalmente, todo el mundo identificaba al País Vasco como una tierra industrializada, de emprendedores y con unos altos niveles de crecimiento económico. Hoy día, y tras muchos años de gobiernos del PNV-PSOE, la realidad es bien distinta.
El lema que mejor podría definir la realidad en estos momentos es que ‘Euskadi se apaga’.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno Vasco por enmascarar la realidad, lo cierto es que esta Comunidad se está quedando atrás en todos los indicadores. Euskadi es la Comunidad que tiene mayor índice de absentismo laboral (casi un 10%, frente al 7% de media nacional), es la segunda Comunidad Autónoma que más autónomos ha perdido en el último año, es la tercera más castigada por la fuga de empresas, la inversión extranjera no deja de caer y es la autonomía que más huelgas laborales padece (la mitad de las huelgas de toda España tienen lugar en el País Vasco).
Estos indicadores solo reflejan una tendencia que se viene acentuando en esta Comunidad desde hace mucho tiempo y cuyas causas no son ya achacables al terrorismo de ETA. Efectivamente, la propia existencia y la actividad de la banda terrorista ETA afectó también a la actividad económica, pero la situación que padecemos hoy los vascos es responsabilidad de quienes nos gobiernan desde hace años.
Hay un elemento adicional que pasa bastante desapercibido, pero que es muy revelador de cómo las políticas de ‘cierre’ de la sociedad que lleva a cabo el PNV con la complicidad del PSOE acaban afectando a la economía real. Euskadi es una Comunidad que no atrae a los «mandos intermedios» de las grandes empresas. Las grandes empresas tienen muchas dificultades para atraer a directivos a nuestra tierra para que desarrollen iniciativas de desarrollo económico, en tanto que éstos tienen muy difícil escolarizar a sus hijos más allá de las instituciones internacionales de educación básica y media que suelen estar completas. El sistema público y, cada vez más el concertado, sólo se oferta en euskera y ofrece muy limitadas opciones a los estudiantes que proceden de otros sistemas educativos españoles o ya incluso de otros países.
La natalidad en Euskadi es de las más bajas del mundo. Existen pocos incentivos y por muchos planes que los gobiernos del PNV-PSOE se empeñen en anunciar, no hay manera de que se incremente el crecimiento vegetativo de la población vasca que sólo se mantiene por obra y gracia de la inmigración, que cada vez encuentra menos atractiva nuestra tierra.
Ante este panorama, el Gobierno vasco realiza políticas y actuaciones cada vez más intervencionistas. La política económica actual no se diferencia mucho de la que podría desarrollar Podemos/Sumar o la propia coalición EH Bildu.
Durante la XII legislatura del Parlamento Vasco, Bildu se abstuvo en unos presupuestos (los de 2022) y ha coincidido con la coalición de gobierno (PNV-PSE) en las principales leyes e iniciativas relativas al ámbito económico. Podemos/Sumar, que está ahora luchando por su supervivencia parlamentaria, ha apoyado directa o indirectamente estas medidas. Sólo el grupo parlamentario del PP, y durante un tiempo con Cs (la actuación de Vox es difícil de analizar porque su única preocupación es que la prensa y la redes la saquen votando en contra de todo), presentó una alternativa a PNV-PSE-Bildu-Podemos.
En las principales leyes que afectan a la economía hay sintonía que sólo se matiza por cuestiones electorales. Así, en la ley de subvenciones, que entre otras cosas sancionaba a las empresas que abandonaran Euskadi, Bildu y Podemos votaron a favor de la ley propuesta por PNV-PSE y en la del Instituto Vasco de Finanzas, que sienta las bases para un Banco Público Vasco, Bildu/Podemos se abstuvieron, pero en los debates se mostraron totalmente a favor de la iniciativa.
Por otra parte, el PNV-PSE se ha mostrado a favor de varias iniciativas que censuraban la actividad de la Autoridad Vasca de la Competencia, cuyos miembros, por cierto, nombraron ellos mismos (el PNV a la presidenta, a una vocal y al director de investigación y el PSE a otro vocal). Quedará para los anales de la historia parlamentaria la iniciativa de Bildu que censura un informe de la Autoridad Vasca de la Competencia que simplemente recuerda la incidencia de la competencia en el mercado laboral.
La coalición PNV-PSE se ha mimetizado con el tándem Bildu-Podemos-Sindicatos mayoritarios y ha aprobado todo tipo de iniciativas que sólo persiguen un mayor intervencionismo en la economía de Euskadi.
Frente a esta situación, el Gobierno vasco se ha presentado, presupuesto tras presupuesto, como el campeón de las políticas sociales, que no hace más que aumentar el gasto en políticas sociales. Como se sabe, las competencias de las Comunidades Autónomas (desde Euskadi hasta Andalucía, pasando por Madrid, Castilla y León o Murcia) son esencialmente de gasto público, de desarrollo de políticas sociales. Por eso, un aumento lineal auspiciado por el Gobierno central en materia de función pública ya supone un incremento de las «políticas sociales» en educación y sanidad, que suponen en torno al 80% del presupuesto de las cada una de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, el PNV, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha ido arrancado toda una serie de excepciones a la regulación bancaria, de manera que a la entidad bancaria resultante de la pseudo fusión de las antiguas cajas de ahorro vascas se le aplica una regulación específica que le otorga ciertas ventajas en materia de gobernanza, a través de la fundación que técnicamente las posee.
Es decir, el PNV, con la aquiescencia del PSOE, en su versión autonómica o nacional, ha ido estableciendo una serie de normativas y condiciones que, de facto, suponen un cierre de mercado, es decir, una dificultad de que entren nuevos actores económicos y de que la economía vasca pueda dinamizarse, general riqueza y, con ello, garantizar los servicios públicos. El pilar fundamental de la política económica del PNV lo ha constituido, no el concierto económico, sino la inflación. En efecto, la inflación ha supuesto un incremento de la recaudación de en torno al 10% en los últimos años a través del IRPF, lo que ha servido para incrementar políticas de subsidios de carácter nacionalista, vaciando los bolsillos de los contribuyentes, que disponen de menos dinero para gastarlo como libremente pudieran decidir. El argumento, en este caso muy utilizado por el PSE, es que el Gobierno sabe mejor que los ciudadanos cómo deben gastar su dinero.
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