Artículo publicado en El Economista (05/02/26)
Según el FMI, España ha superado los 2 billones de dólares de producto interior bruto, situándose en el duodécimo lugar mundial por tamaño económico. En euros, la cifra ronda los 1,85 billones, una magnitud que no debería servir de cortina de humo. Más allá de ese ranking, las comparativas de competitividad y productividad del World Economic Forum, la OCDE y la Comisión Europea sitúan a España en posiciones medias entre los países avanzados, muy alejadas del lugar que ocupa por tamaño. Este contraste sirve de prólogo a un fenómeno concreto: la indolencia de España y sus administraciones en el uso de los fondos europeos asignados.
El precedente más inmediato se encuentra en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020. España recibió entre 44.800 y 57.000 millones de euros en fondos de cohesión. A cierre del periodo –gracias a la regla n+3 que permitió certificar gasto hasta 2024– la absorción apenas alcanzó el 70-75 %. Entre 13.000 y 15.000 millones nunca llegaron a transformarse en inversión certificada. Sumando la cofinanciación nacional, los recursos no movilizados superaron los 20.000 millones. España figuró entre los países con menor capacidad de absorción de la Unión. No fue puntual. Fue un patrón.
Ese patrón reaparece en el MFP 2021-2027. España tiene asignados 36.245 millones de euros en fondos de cohesión. A finales de 2024, más de dos años después de aprobados los programas, ha comprometido menos del 3% y no ha certificado gasto alguno, siendo el único país de la Unión en esta precaria situación. La regla n+3 ofrece margen hasta 2030, pero el problema no es el calendario final, sino la demora sistemática en los primeros compases, casi calcada a la del periodo anterior. La historia se repite sin haberse cerrado la anterior.
El caso de NextGeneration EU añade un elemento revelador. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ofrecía a España, además de transferencias, un tramo crediticio cercano a 84.000 millones en condiciones excepcionales. España solicitó las transferencias, pero renunció a más de 60.000 millones en préstamos, cuando el propio tramo a fondo perdido ya mostraba una ejecución muy lenta: los pagos reales apenas rondaban el 28% del total disponible. La consecuencia es puramente aritmética. Para cumplir los hitos antes de septiembre y diciembre de 2026, sería necesario aumentar de forma muy sustancial el ritmo mensual de inversión observado hasta ahora, en torno a un 30% según diversos análisis. No es un juicio, es una constatación objetiva: el calendario exige una aceleración hoy poco verosímil. El problema deja de ser financiero y pasa a ser organizativo.
Un caso de luctuosa actualidad lo ofrece Adif, uno de los principales perceptores de fondos europeos del país y, en términos acumulados, el mayor beneficiario individual de estos recursos en el ámbito de las infraestructuras, con asignaciones que superan los 6.000 millones de euros en los distintos programas vigentes. Según datos de Seopan, desde noviembre de 2023 la inversión ejecutada por el gestor ferroviario ha ascendido a 6.560 millones de euros, frente a los 10.515 millones ejecutados en un periodo equivalente anterior: más de 4.000 millones menos, un descenso del 37%. La red ferroviaria envejece, las necesidades de mantenimiento aumentan y, sin embargo, la inversión desciende de forma apreciable en la entidad llamada a canalizar una parte sustancial de los recursos europeos. Resulta difícil no preguntarse por qué no se reforzó su dotación cuando reunía, por naturaleza, las condiciones idóneas para absorber más recursos.
No se trata de un debate político ni territorial sino de un hecho contable. El patrón es demasiado consistente para atribuirlo a circunstancias puntuales: en 2014-2020 España quedó a la cola en absorción de fondos; en 2021-2027 arranca con una ejecución prácticamente nula; en NGEU renuncia a financiación disponible; y en el mayor ejecutor de infraestructuras la inversión cae un 37%. Cuatro marcos distintos y un mismo comportamiento.
La consecuencia no es solo contable. La inversión pública que llega tarde pierde su efecto multiplicador sobre la actividad y la productividad. Los proyectos que no se financian generan cuellos de botella futuros. Y, sobre todo, se erosiona la legitimidad del esfuerzo fiscal que se exige a los ciudadanos cuando el Estado gestiona más del 40% de la renta nacional.
Las causas de este patrón no son difíciles de identificar y no remiten a un único responsable. La fragmentación competencial entre administraciones, el temor a la fiscalización, la ausencia de una cartera estable de proyectos maduros, la primacía del procedimiento sobre el calendario y la falta de incentivos a la ejecución rápida dibujan un entorno en el que el retraso termina siendo la norma.
La indolencia administrativa no es una cuestión estética. Es un coste económico y cívico. Porque ejecutar el 100% en el último minuto no es buena gestión, y renunciar a ejecutar cuando el dinero está disponible, tampoco.
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