Artículo publicado en El Correo (18/05/2026)
Las elecciones andaluzas cierran la primera ola del nuevo ciclo electoral que culminará probablemente en España con las generales de 2027 y en Euskadi con las autonómicas de 2028. Y dejan una primera conclusión relevante: la fortaleza de los gobiernos autonómicos en un contexto económico favorable. Un contexto que el ‘Financial Times’ ha definido como uno de los más dinámicos y resilientes de Europa.
Los partidos en el poder autonómico apenas han sufrido desgaste en esta primera ola electoral. En Aragón, el partido del presidente autonómico perdió solo un punto; en Extremadura ganó cinco puntos y un escaño; en Castilla y León sumó cuatro puntos y dos procuradores y en Andalucía el actual presidente conservará el gobierno con un apoyo popular por encima del 40%. Los cuatro mandatarios autonómicos seguirán en el poder.
Si se observan además las encuestas en otras comunidades donde no gobierna el PP, el patrón se mantiene. Tanto Adrián Barbón en Asturias como Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha conservan altos niveles de popularidad. Lo mismo ocurre con Salvador Illa en Cataluña o con el lehendakari Imanol Pradales aquí, en Euskadi. Son demasiadas idiosincrasias territoriales como para despachar esta tendencia como una mera coincidencia.
Todos ellos parecen rentabilizar un clima económico relativamente positivo en sus territorios caracterizado por el crecimiento del PIB, la creación de empleo y la moderación de la inflación. Solo cayó abruptamente de este cuadro de imbatibles el defenestrado president valenciano, Carlos Mazón, lastrado por la gestión política y simbólica de la dana y aquella interminable comida en El Ventorro convertida ya en metáfora de la desconexión política.
Los ingresos reales por habitante aumentaron un 1,5% en España durante 2025, frente al 0,8% del conjunto de la OCDE. El PIB español cerró ese año con un crecimiento interanual del 2,8%, impulsado por el consumo de los hogares y la inversión. En el primer trimestre de 2026, la economía volvió a expandirse un 0,6%, por encima de la media de la eurozona. Los datos apuntan a un mercado laboral que sigue creando empleo de mayor calidad incluso en un contexto internacional incierto.
Andalucía también ha encadenado varios años de crecimiento sostenido y cierta convergencia económica. Su PIB ha crecido por encima de la media española y europea. Y eso importa electoralmente.
La influencia de la economía en el voto rara vez depende solo de la situación personal de cada ciudadano. Pesa más la percepción general del momento económico que la experiencia individual concreta. Las crisis económicas activan el voto de castigo contra quien gobierna, a todos los niveles, y los ciclos expansivos tienden a amortiguar el desgaste. Al elector no siempre le resulta sencillo distinguir qué parte del éxito económico corresponde realmente al Ejecutivo autonómico y cuál al contexto nacional o europeo. Y sabemos que a los gobiernos autonómicos cada vez se les atribuyen más responsabilidades de la situación económica de su territorio.
Las elecciones andaluzas cierran así la primera fase del actual ciclo electoral que ha ido de diciembre a mayo y que, pese a las guerras, la inestabilidad geopolítica y las tensiones comerciales, no ha desembocado, al menos por ahora, en una crisis económica comparable a las anteriores.
La pregunta es si las siguientes tandas del ciclo actual incluidas las forales, las generales y las vascas seguirán marcadas por vientos económicos favorables o si un cambio de ciclo acabará desgastando también a unos gobiernos territoriales que, de momento, parecen navegar con relativa comodidad el malestar político de la época.
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