Artículo publicado en El Correo (13/10/2026)
La encuesta de EL CORREO refleja dos cambios importantes en la opinión pública desde el estallido social y político provocado por el desahucio y la posterior muerte de Maricarmen.
El primero tiene que ver con la economía, la percepción de la situación económica española ha sufrido el mayor deterioro de toda la legislatura. En apenas un mes, el porcentaje de ciudadanos que consideran que la economía está mal o muy mal ha aumentado tres puntos, hasta alcanzar el 46,7%. Menos de uno de cada cinco españoles cree que goza de buena salud.
El segundo cambio afecta a la situación política y es todavía más contundente. La valoración negativa ha alcanzado un récord en esta legislatura. Ni siquiera los anteriores puntos de inflexión, como la entrada en prisión de Santos Cerdán en el verano de 2025 o la imputación del expresidente Zapatero en el verano de 2026, provocaron un deterioro comparable. Ahora, el 82,7% de los ciudadanos considera que la situación política es mala o muy mala, nueve puntos más que en la medición anterior.
El adelanto electoral no ha conseguido, por ahora, mejorar el clima de opinión. Al contrario, la convocatoria parece haber coincidido con una percepción todavía más negativa de la política española. El Gobierno ha justificado su decisión en la incapacidad parlamentaria para sacar adelante medidas destinadas a proteger a los ciudadanos más vulnerables. Pero reconocer esa impotencia también tiene el coste de desplazar el foco desde lo conseguido hacia todo lo que queda por hacer. En una campaña electoral, explicar por qué no se ha podido hacer algo puede resultar tan importante como reivindicar lo que sí se ha hecho. La economía puede avanzar y, al mismo tiempo, una parte importante de la sociedad sentir que no progresa. Cuando esa distancia se instala en la opinión pública es más fácil desde la oposición sintonizar con la ciudadanía que desde el Gobierno.
La intención de voto apenas se ha movido desde la convocatoria electoral en una semana marcada por la vivienda y la muerte de Maricarmen. La movilización del Sindicato de Inquilinas mantiene un discurso frontal contra la política institucional que no se está canalizando hacia ningún partido. Sus críticas apuntan también a los responsables de las políticas de vivienda, incluidos los partidos que forman parte del Gobierno de coalición. La protesta no se ha dejado encerrar en los límites de los bloques electorales y continúa orientando su fuerza hacia una huelga general convocada para el 11 de noviembre, apenas unos días antes del inicio de la campaña. Una coincidencia inédita en la historia democrática española.
La huelga puede convertirse en uno de los principales obstáculos para la estrategia electoral del Gobierno. No tanto porque vaya a traducirse automáticamente en una pérdida de votos, sino porque puede dificultar el control de la campaña y su desarrollo en los términos que más le interesan. La misma huelga puede expresar, además, malestares diferentes, demandas sociales distintas e incluso contradictorias sin que eso implique que todas vayan a traducirse en cambios en la intención de voto. El Gobierno se enfrenta a una paradoja electoral. Necesita reivindicar su gestión económica para movilizar a los suyos pero la protesta social amenaza con recordarle que los resultados de esa gestión no han conseguido desactivar un malestar que en esta legislatura solo ha hecho crecer a Vox hasta ahora.
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