Artículo publicado en El Correo (19/10/2026)
El asalto violento al Capitolio de Estados Unidos, en enero de 2021, ha quedado como una de las jornadas más graves de la democracia estadounidense. Una multitud rompió la ley y descargó su furia contra una de las principales instituciones de la democracia representativa. La movilización que precedió al asalto tenía como protagonistas a los seguidores de Donald Trump que cuestionaban el resultado de las elecciones presidenciales. La profanación de los símbolos de la democracia dio la vuelta al mundo. Aquel día murieron cinco personas, entre ellas una mujer que recibió un disparo de un agente de policía.
Dos años más tarde, les tocó el turno a las instituciones brasileñas. Miles de manifestantes irrumpieron violentamente en la plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. La multitud rebasó las vallas de seguridad e invadió simultáneamente el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, y el Supremo Tribunal Federal. Los asaltantes saquearon las instalaciones y causaron graves destrozos en los edificios. El hilo que conectaba a los radicales violentos con el rechazo al sistema democrático pasaba por los seguidores de Jair Bolsonaro, el líder ultraderechista que no había aceptado políticamente su derrota electoral. Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas ante una multitud que atacaba los centros neurálgicos de la democracia brasileña.
El momento antisistema, la antipolítica, ha incendiado literalmente la democracia francesa este fin de semana. Las llamas han devorado el Ayuntamiento de Limoges. La nueva guillotina del poder popular parece buscar sus principales símbolos en las instituciones de la democracia representativa, allí donde se expresa la legitimidad que nace de la representación y del consentimiento de la ciudadanía. No ha sido solo Limoges. Los ataques y las incursiones violentas contra edificios públicos han alcanzado también a Lyon, Marsella, Lille o Angers.
El malestar por la situación económica está detrás de una parte de las movilizaciones. Pero una cosa es dirigir la protesta contra el Gobierno de Macron y sus políticas, y otra convertir en objetivo a las propias instituciones que hacen posible la democracia. Cuando la ira deja de dirigirse contra las decisiones de los gobernantes y se descarga contra los espacios en los que se expresa la voluntad ciudadana, la política salta por los aires. Los mecheros que queman las instituciones son azules, rojos o negros. Sus portadores pueden defender ideologías distintas pero coinciden en el desprecio a la democracia representativa y al cumplimiento de la ley cuando se interpone en el camino de sus objetivos.
Los malestares se han ido acumulando en las democracias. Sin embargo, una de las derivas más preocupantes de la última década ha sido la progresiva deslegitimación de la política y de quienes ocupan el poder cuando sus decisiones chocan con nuestra ideología o nuestros intereses. Las instituciones democráticas ardiendo y la gente protestando en la calle no generan confianza en el poder popular. No es lo mismo la voluntad de una multitud que la voluntad de una ciudadanía plural que no piensa igual ni tiene los mismos intereses.
El derecho a la protesta es una conquista democrática irrenunciable. Precisamente por eso no se puede permitir que la violencia de unos pocos se confunda con la expresión legítima del malestar de muchos. Tampoco se puede aceptar que una causa, por justa que se considere, sirva para justificar el asalto a las instituciones o la imposición de una voluntad por la fuerza. La prueba de nuestra convicción democrática no consiste en condenar la violencia de quienes piensan distinto sino en defender las instituciones también cuando son atacadas por quienes dicen actuar en nuestro nombre o nuestros intereses.
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