Artículo publicado en El Correo (02/11/2026)
El Estado como refugio se ha convertido en una aspiración ciudadana compartida en una época de inseguridad extrema. En apenas tres meses, tres shocks emocionales muy diferentes han concentrado la conversación pública en una misma preocupación, la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía. El control de las fronteras, la vivienda y las infraestructuras están protagonizando episodios de malestar colectivo que tienen como denominador común la percepción de que el Gobierno central no está siendo capaz de garantizar algunas de las seguridades más básicas.
El 31 de julio, la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos puso en cuestión el control de la frontera. El presidente Sánchez calificó lo ocurrido como una violación de la integridad territorial de España. La crisis alteró la vida cotidiana de una ciudad cuya población se vio desbordada por la llegada simultánea de un número extraordinario de personas. La dimensión de lo ocurrido y las dificultades de respuesta del Estado despertaron una enorme atención en el conjunto del país. Las encuestas posteriores reflejaron una valoración mayoritariamente negativa de la gestión gubernamental de la crisis. Más allá de las posiciones sobre la política migratoria, el malestar se concentró en cómo puede el Estado proteger sus fronteras y garantizar el funcionamiento ordinario de una ciudad cuando se produce una crisis de esta magnitud.
El 23 de septiembre, el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había vivido durante más de setenta años en la misma vivienda trasladó súbitamente la conversación a otro terreno. Su expulsión de la casa y su posterior fallecimiento, el 7 de octubre, se convirtieron en el símbolo de una tragedia social que, en palabras del presidente Sánchez, la sociedad no podía aceptar. La movilización del Sindicato de Inquilinas y la extensión de las protestas por distintas ciudades transformaron un caso particular en una expresión colectiva del problema de la vivienda. La convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre terminó de situar esta cuestión en el centro de la agenda pública. En las encuestas posteriores aparece una mayoría de los ciudadanos señalando al Gobierno central como principal responsable de encontrar soluciones, por encima de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El malestar compartido se dirige hacia las instituciones y su incapacidad para garantizar algo tan básico como el acceso a un techo. La seguridad ya no se reclama únicamente frente a una amenaza exterior, también se exige frente a la incertidumbre de poder mantener o acceder a un hogar.
Esta semana, la conversación pública ha vuelto a girar de golpe y se concentra en el sistema ferroviario. Dos trágicos accidentes mortales del AVE en apenas diez meses, con decenas de vidas perdidas, han quebrado la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus infraestructuras. El presidente Sánchez reconoce que la confianza en el sistema ferroviario está quebrada y que es inasumible para un país como España sufrir dos accidentes en las líneas de alta velocidad en un mismo año. La sensación de vulnerabilidad se ha instalado en una actividad cotidiana como desplazarse en tren y el miedo vuelve a ocupar el centro del clima emocional colectivo.
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