Eduardo Ruiz Vyeitez: «La inesperada batalla por el Senado»

Artículo publicado en Gara (02/11/26)

En las elecciones generales el protagonismo se lo lleva la elección del Congreso. Es normal, porque el Congreso es, con mucho, la cámara con más poderes. Puede poner y quitar presidentes del Gobierno, convalidar decretos-leyes o autorizar referéndums, e incluso puede aprobar leyes sin necesidad de que el Senado esté de acuerdo. Es lógico entonces preguntarse por qué existe un Senado con un papel tan secundario. La respuesta teóricamente correcta es que es la cámara de representación territorial, pero esta afirmación no se sostiene. Aunque su composición tiene una cierta vocación territorial, sobre todo para las islas, en la práctica ni responde a la estructura actual del Estado ni cumple la función de coordinación entre instituciones territoriales que sí desempeña, por ejemplo, la segunda cámara en Alemania.

En realidad, la existencia del Senado actual se debe a la Ley para la Reforma Política de 1976, una ley aprobada por las Cortes franquistas para reformar su propio sistema sin romper con él. Aquella ley recuperó una segunda cámara que había desaparecido en 1923. Y lo hizo con el propósito de que algunos de aquellos procuradores vieran en el futuro Senado otra oportunidad más de perpetuarse en el parlamento. No en vano, el sistema mayoritario y la distribución de senadores por territorios facilitaba que notables representantes de las oligarquías locales de muchas provincias vieran el Senado como un billete fácil de acceso a las Cortes, incluso a través de elecciones. Además, para el supuesto de que esa previsión fallara, la misma ley incluía un práctico comodín consistente en que el Rey podía nombrar libremente un número importante de senadores para aquellas primeras Cortes, aunque no hubieran sido elegidos.

El caso es que el Senado no es muy útil en su configuración actual y es básicamente desconocido para la ciudadanía que ni siquiera tiene su imagen en la cabeza. Aunque esté dominado por la oposición (como ha sido el caso en esta legislatura), no es capaz de molestar demasiado a la mayoría política del Congreso. Sin embargo, su control sí puede tener importancia porque realiza nombramientos relevantes de miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Consejo General del Poder Judicial. Y tampoco hay que olvidar que una mayoría de tres quintos del Senado abre la posibilidad de aprobar reformas en la constitución.

Como novedad de este proceso electoral, un bloque de fuerzas progresistas españolas anunció el 16 de octubre que habían acordado presentarse en coalición al Senado, para así «arrebatar al PP su mayoría». Es cierto que la operación puede tener rendimientos positivos para los protagonistas, pero seguramente no tantos como anunciaban. Todo apunta a que en estas elecciones estatales la duda principal no es qué bloque va a ganarlas sino por cuánta diferencia. Y esto vale tanto para el Congreso como para el Senado. La cifra a la que mirar no será solo los 176 escaños de la mayoría absoluta del Congreso, sino también los 210 diputados que supone tener los tres quintos de la cámara. Por su parte, en la cámara alta se elegirán 209 senadores que se sumarán a los 58 ya designados por los parlamentos autonómicos, para hacer un total de 267, por lo que su mayoría absoluta estará en 134 y los tres quintos en 161 senadores.

Las fuerzas españolas de izquierda no parecen estar en buena posición para disputar la victoria al bloque de la derecha tampoco en el Senado, teniendo en cuenta que PP y Vox han alcanzado un acuerdo para coordinar sus candidaturas electorales a la Cámara alta. Las candidaturas de «Senado de Progreso» pueden disputar ese primer puesto solo en algunas provincias, como las de la Comunidad Valenciana, Asturias, Nafarroa, Sevilla o Cádiz, además de confirmar otras seguras como las catalanas, Araba y, posiblemente, Bizkaia, en las que habrá pelea por el cuarto senador de cada una de ellas. Baleares y Canarias, que eligen por islas, son un poco más difíciles de pronosticar, pero haciendo una suma global concluiríamos que el bloque PP-Vox podría obtener una cifra en torno a los 120-130 senadores de los 209 en juego, mientras que el PSOE y sus aliados rondarían el rango de 70-80. Las formaciones soberanistas o territoriales podrían conseguir entre 10 y 15 senadores.

Si sumamos los senadores de designación autonómica, que seguirán en sus escaños pase lo que pase en las elecciones, el Senado resultante nos daría un margen aproximado de 145-160 para el bloque PP-Vox, otro de 85-105 para el Senado de Progreso y unos 20 senadores para el resto, de los cuales entre 7 y 11 corresponderían a EH Bildu, ERC y BNG, y una suma parecida podrían obtener conjuntamente PNV, Junts y Coalición Canaria. Geroa Bai y otras formaciones insulares canarias tendrían los senadores restantes.

Este pronóstico no deja de ser, como todos, una apuesta, pero es cierto que tiende a ser más fácil hacer predicciones para el Senado que para el Congreso. Si estos números acabaran siendo ciertos, nadie saldría de las elecciones completamente feliz. Ni el bloque PSOE-Frente Amplio conseguiría, como vaticinan, evitar la mayoría de las derechas, ni el bloque PP-Vox conseguiría llegar al número mágico de los 161 senadores, ni las restantes formaciones podrían jugar un papel decisivo. En definitiva, todos descontentos, pero, eso sí, con el bloque PP-Vox muchísimo más cerca de su objetivo que cualquiera de los demás.

Es comprensible que muchas personas no le vean sentido al Senado tal y como existe actualmente. Si además les toca formar parte de una mesa electoral en las elecciones generales, es también entendible que, al menos ese día, le cojan cierta manía. Tener que estar una oscura noche de noviembre contando votos apellido por apellido para elegir un órgano casi desconocido, puede hacerse una tarea muy cansina, y acaso tan ingrata como el mismo resultado electoral.