Se requiere inversión pública significativa, un sector empresarial con anhelo de beneficio comedido y financiación de naturaleza social.
Artículo publicado en El Correo (03/11/2026)
La vivienda es un derecho recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE de 2000, en el artículo 47 de la Constitución de 1978, en el artículo 7 de la Ley de Vivienda de Euskadi de 2015. El reto al que nos enfrentamos es cómo asentar las condiciones necesarias para hacer efectivo dicho derecho.
Para ello, debemos comenzar por establecer un nuevo contrato social en materia de vivienda, un mínimo común denominador, mediante: la consolidación del acceso a la vivienda como derecho subjetivo; la toma en consideración del valor simbólico y función social de la vivienda; la generación de una narrativa y un relato en torno a dicho valor; y el impulso de un paradigma urbanístico más cohesivo y equitativo.
Sería conveniente afinar la correcta delimitación del problema, sensibles a cada contexto y circunstancia, según áreas metropolitanas, ciudades, barrios, núcleos rurales o espacios deshabitados. Cada espacio y tiempo requiere la oportuna localización de las medidas concretas a adoptar: la toma de decisiones basada en evidencias; el fortalecimiento de los observatorios de la vivienda; y la puesta en marcha de espacios de experimentación e innovación.
Es prioritario garantizar unas apremiantes condiciones de asequibilidad. Avancemos en su consecución con: la regulación del mercado y el control de precios de alquiler y compra; la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria; la financiación y la fiscalidad progresiva; el parque público de vivienda; el alquiler social; la diversificación de los modelos de tenencia; y la atención preferente a grupos de edad y colectivos sociales vulnerables.
La movilización de la vivienda existente es una condición relevante. Profundicemos en su consecución con: la activación del parque residencial existente; el registro de las experiencias extraordinarias en torno al turismo y la modificación de sus narrativas especulativas; y la regulación de usos residenciales tales como alquileres de temporada y por habitaciones.
El uso sostenible y responsable del suelo disponible, un recurso limitado, es una condición sensible. Abordemos: la sustracción de suelo a la especulación; la limitación de consumo de suelo; la reactivación de suelo en manos muertas; la redensificación del espacio urbano y territorial; y la agilización de los procesos administrativos en el uso de suelo ya urbano.
Las dignificación y adecuación de la vivienda existente debe ser otra condición a ser contemplada. Algunas medidas a tener en cuenta son: la regeneración urbana integral, la rehabilitación energética y la adaptación al cambio climático, la accesibilidad universal y la adecuación funcional, la revitalización social cohesiva y la adecuación cultural.
La edificación responsable y sostenible es otra condición necesaria, cuando las circunstancias del espacio y tiempo concreto así lo requieran. Entre las medidas propuestas: construir nada, menos o más según la necesidad real observada; y, en todo caso, construir mejor y distinto, haciendo uso de las posibilidades de la innovación disponible.
La dotación de recursos y una financiación suficiente se presume imprescindible. Todo lo expuesto requiere de un significativo músculo inversor público, con respaldo de un sector empresarial con un anhelo de beneficio comedido, y la incorporación de fondos de financiación de naturaleza social y ciudadana. En esta línea podemos promover: la dotación de recursos para las estrategias y las políticas públicas; el acceso a la compra y el alquiler por parte de la ciudadanía; y la incentivación de la iniciativa no pública.
Junto a la anterior batería de condiciones necesarias, la promoción de una gobernanza más democrática del ecosistema en materia de vivienda se convierte en pieza angular. Todo lo expuesto requiere de un significativo liderazgo público, que promueva un quinto pilar del Estado de bienestar, a la altura de la salud, la educación, los servicios sociales o las pensiones.
Contando con el respaldo de un sector empresarial con un anhelo de beneficio comedido, la incorporación de actores y fondos de naturaleza social y la implicación ciudadana tanto en su rol de pequeño propietario como de inquilino. Entre las propuestas que pueden facilitar su articulación está profundizar en: las bases para una gobernanza más democrática; una gobernanza pública multinivel e interdepartamental; la activación e implicación del sector privado empresarial, del sector sin ánimo de lucro y de la ciudadanía anónima.
Se trata de facilitar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de un derecho humano fundamental como es el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible.
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