Javier Arellano 
Javier Arellano Yanguas, director del Centro de Ética Aplicada (CEA), reflexiona en un artículo en El Correo sobre el diseño del primer plan de acción de gobierno abierto de Euskadi. Arellano es miembro del equipo de investigadores del centro elegidos por el Open Government Partnership para realizar el seguimiento del plan.
En el artículo, destaca que existe un «déficit importante de participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos público» y plantea una serie de cuestiones para mejorar la efectividad de los planes de gobierno abierto.
«El País Vasco ocupa el puesto 36 entre las 202 regiones europeas por renta per cápita, mientras que, de acuerdo al índice agregado de calidad de gobierno, aparecemos en el puesto 67. Estamos bien, pero no tan bien como se corresponde con nuestro nivel de riqueza. Además, tenemos un déficit importante de participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos.
La generación de oportunidades no ha ido acompañada de una mayor participación real, como refleja la baja utilización de herramientas innovadoras como el portal de Gobierno Abierto del Ejecutivo vasco (Irekia) y, en general, de muchos de los mecanismos de participación creados en los últimos años.
Planes de promoción de gobierno abierto
Esa aparente contradicción entre una sociedad que demanda y valora la apertura de sus gobernantes, pero que no usa los mecanismos que se ponen a su disposición plantea una serie de cuestiones que deben abordarse en los planes de promoción del Gobierno Abierto.
En primer lugar, los temas que se abren a debate deben ser suficientemente atractivos como para compensar el esfuerzo que supone la participación. Aunque es muy importante la experimentación de nuevas formas de participación, lo normal es que la ciudadanía se involucre más intensamente en la definición de políticas que les afectan directamente, como sanidad, educación o la priorización de partidas presupuestarias.
Además, la participación no se sostiene en el tiempo sin una adecuada rendición de cuentas. No es suficiente con que las autoridades aporten información sobre su desempeño. La ciudadanía debe tener mecanismos para exigir respuestas que ayuden a discernir y, en su caso, aprobar o sancionar la responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos.»
