Tengo la sensación de que en las últimas décadas se ha apostado mucho por crear «ciudades inteligentes». Tal es así que se ha generalizado la expresión «periferia» para referirse a todo aquello que queda fuera de las grandes ciudades. Expresión que nunca ha sido de mi agrado.

No me parece mal que se fomenten las ciudades inteligentes. Comparto la idea. Pero también defiendo el derecho de las zonas rurales a ser inteligentes.

Hace tiempo participé como invitado en un foro sobre ciudades inteligentes. Entonces me referí a esta cuestión para llamar la atención sobre el riesgo que se corría si solo se avanzaba en las ciudades inteligentes y se dejaba de lado, se olvidaba, a las zonas rurales.

Utilicé la metáfora del corazón porque ilustra bien esta dinámica. Las ciudades, con sus grandes infraestructuras de concentración económica, deberían funcionar para las zonas rurales como un corazón para el cuerpo. Así como la función cardíaca es distribuir oxígeno y nutrientes a cada célula y recoger los desechos para su eliminación, las ciudades inteligentes deben contribuir a que las zonas rurales también lo sean, eliminando los obstáculos que lo impiden. En definitiva, del mismo modo que el cuerpo humano es un todo integrado, el territorio debe ser uno solo, con sus ciudades y zonas rurales debidamente articuladas.

Curiosamente, nunca más me llamaron desde ese foro…

Tristemente, tras los graves incendios que están causando tantas víctimas y desgracias, hoy recupero la idea de zonas rurales inteligentes.

Lo hago, además, definiéndola como un territorio resiliente y dinámico que integra la innovación, la ciencia y la tecnología para transformar sus desafíos estructurales en oportunidades de desarrollo sostenible. Además, no se trata de un concepto que se limita únicamente a la digitalización, sino que abarca un modelo de gestión integral que garantiza la permanencia de la población y la protección del medio natural.

En concreto, a partir de los documentos que comentaré más adelante, considero que la zona rural inteligente se articula sobre los siguientes pilares:

(a) Gestión del conocimiento y tecnología: se basa en la utilización de herramientas avanzadas para elaborar mapas de riesgo y realizar una prevención activa de catástrofes como los incendios forestales. Además, se centra en fomentar la transformación digital para cerrar la brecha con las áreas urbanas y mejorar la competitividad de sus sectores productivos.

(b) Innovación en la gestión sostenible: supone apostar por una gestión forestal activa y multifuncional en lugar del abandono. Esto incluye la aplicación de la ciencia del suelo y la agricultura regenerativa, que reducen costes, aumentan la resiliencia de los cultivos y mejoran la renta de los productores a largo plazo.

(c) Economía circular y bioeconomía: posibilita impulsar la bioeconomía forestal, movilizando recursos naturales renovables (como la biomasa recogida de forma sostenible) para generar empleo y riqueza local, reduciendo la dependencia exterior. Asimismo, potencia los productos de proximidad para disminuir la huella de carbono y fortalecer la economía a pequeña escala.

(d) Resiliencia social y relevo generacional: es un espacio que atrae y retiene a jóvenes emprendedores, facilitando el acceso a la tierra y ofreciendo formación específica en las competencias de la nueva economía rural. Para ello, garantiza servicios públicos de calidad e infraestructuras que permitan el ejercicio efectivo del derecho de permanencia.

(e) Reconocimiento de servicios ecosistémicos: implementa nuevos modelos jurídicos y económicos bajo el principio de «quien conserva, cobra». En una zona inteligente, se debe reconocer que la conservación del paisaje y la biodiversidad es una prestación de interés general que debe ser retribuida mediante incentivos fiscales, créditos de carbono o pagos por servicios ambientales.

En definitiva, la zona rural inteligente es aquella que deja de ver sus montes y campos como recursos infrautilizados para convertirlos en un activo estratégico frente al cambio climático, donde la inversión preventiva es la decisión más eficiente y justa para la sociedad.

A continuación, se traen a colación los documentos que me han servido de inspiración para dar forma a la idea de zona rural inteligente como elemento clave para prevenir los incendios forestales.

1. La Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2022, sobre las consecuencias de la sequía, los incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos: intensificación de la labor de la Unión en la lucha contra el cambio climático (DOUE de 5 de abril de 2023, C 125/135), ya consideró que los bosques son cada vez más vulnerables a los efectos del cambio climático, en particular por la creciente prevalencia de los incendios forestales; que los años de sequía y degradación han creado las condiciones idóneas para la propagación de los incendios forestales; que Europa está sufriendo incendios forestales de proporciones extraordinarias.

También recordó que habían ardido más de cinco millones de hectáreas de bosque en los diez años comprendidos entre 2011 y 2021, principalmente debido a las sequías; y que los incendios forestales declarados entre el 4 de junio y el 3 de septiembre de 2022 habían acumulado una superficie quemada total de 500.000 hectáreas y que la capacidad de la Unión para luchar contra los incendios forestales alcanzó su tope. Además, se señaló que, en todo el territorio de la Unión, los incendios forestales habían destruido lugares valiosos, como parques naturales y geoparques de la Unesco, con pérdida de biodiversidad, cultivos y pastos.

Y, lo que es más importante, se afirmó que el cambio climático incrementará la frecuencia y la capacidad de destrucción de los incendios forestales, y que es probable que la temporada anual de incendios de Europa se adelante y prolongue; que deben tenerse en cuenta estos cambios sin precedentes en las prácticas de gestión de incendios de los Estados miembros.

En plena sintonía con ello, se consideró que las olas de calor y las sequías tienen un efecto negativo en los ingresos de los agricultores, lo que puede dar lugar al abandono de las explotaciones. Además, se matizó que el abandono de las explotaciones puede crear condiciones propicias para la aparición de incendios forestales.

Pasando ya a las medidas de acción, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que recopilara y difundiera entre los Estados miembros conocimientos sobre cómo adaptar los bosques al cambio climático actual y previsto, en consonancia con la nueva Estrategia de Adaptación de la Unión.

Pidió también a la Comisión que elaborara evaluaciones y mapas del riesgo de incendios forestales, sobre la base de los productos mejorados de Copernicus y otros datos de teledetección, con el fin de apoyar la acción preventiva.

Asimismo, destacó la importancia de impulsar el Mecanismo de Protección Civil de la Unión para garantizar unas capacidades adecuadas de lucha contra los incendios forestales en la Unión.

Del mismo modo, recordó que un paisaje diverso con bosques biodiversos proporciona una mejor protección o barrera natural frente a los incendios forestales a gran escala e incontrolables.

Así, se destacó que la recuperación y la reforestación de bosques diversos contribuirían a la prevención y la contención de incendios.

También hizo hincapié en que son necesarios más recursos y una gestión de los incendios basada en la ciencia, así como el apoyo al desarrollo de capacidades a través de servicios de asesoramiento para hacer frente a los efectos del cambio climático en los bosques.

Igualmente, se llamó la atención sobre los impactos sanitarios de los incendios forestales y la contaminación atmosférica que provocan. Además de afectar a la salud humana, este hecho también afectará a los ecosistemas, ya que los contaminantes atmosféricos se depositan desde la atmósfera en la superficie terrestre.

2. El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 31 de enero de 2024, sobre «La gestión de riesgos y la regulación del mercado: los instrumentos para reforzar la sostenibilidad de la agricultura europea» (DOUE de 18 de marzo de 2024, C/2024/1979), considera que las pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas constituyen la columna vertebral social y económica de las zonas rurales de la UE y resultan estratégicas para preservar el territorio de graves y grandes incendios, conservar la biodiversidad y luchar contra la erosión.

Por ello, se manifiesta la convicción de que el desistimiento a mantener y preservar los paisajes agrarios y el mosaico de paisajes agrarios en la UE afectados por el abandono de la agricultura en los territorios con mayores riesgos de incendios y erosión aboca, a su vez, al abandono de explotaciones agrarias y, con ello, se exacerban esos riesgos, así como la pérdida de biodiversidad. De ahí el valor estratégico de proteger y dinamizar esos paisajes agrarios.

Así, el Comité Europeo de las Regiones pide a la Comisión Europea que coopere y ofrezca la máxima flexibilidad posible, también en el marco de las actuales políticas agrícolas y de los instrumentos ya disponibles, y que refuerce los instrumentos para responder a las crisis climáticas, entre las que se incluyen los grandes incendios forestales y las inundaciones excepcionales, que han dañado la capacidad productiva de los agricultores, sobre todo los más pequeños.

3. En la misma línea, el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 3 de abril de 2025, «Mejorar la competitividad agrícola regional de la UE: una estrategia global que integre condiciones comerciales equitativas y seguridad fitosanitaria (DOUE de 20 de junio de 2025, C/2025/3172), considera necesario promover la recuperación de tierras en abandono o infrautilización, y destinarlas a la producción de alimentos a nivel local, para fomentar la economía a pequeña escala, fijar población en zonas rurales y prevenir incendios forestales. Al mismo tiempo, entiende que es fundamental el apoyo a la comercialización de productos de proximidad, a fin de mejorar la resiliencia en los territorios y disminuir la huella de carbono de la actividad; contribuyendo así a la mitigación del cambio climático.

Tal es así que se ratifica la importancia del sector agroalimentario europeo, pilar de la suficiencia alimentaria estratégica de la UE y motor vital para dinamizar el empleo y el desarrollo sostenible en las zonas rurales, con especial incidencia en aquellas situadas en zonas con limitaciones geográficas naturales, así como en las regiones insulares.

4. La Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2025, sobre refuerzo de las zonas rurales en la Unión a través de la política de cohesión social (2024/2105(INI)) (DOUE de 19 de diciembre de 2025, C/2025/6257) considera que las zonas rurales, especialmente en Europa oriental, meridional y mediterránea, se enfrentan a retos específicos relacionados, entre otros, con los incendios forestales.

Para ello, se incide en la necesidad de un enfoque específico en el marco de la política de cohesión.

En ese sentido, se destaca que las zonas rurales son agentes clave a la hora de mitigar los efectos del cambio climático.

También se hace hincapié en la necesidad de aumentar la inversión en investigación e innovación para las zonas rurales, en particular en los ámbitos de la agricultura sostenible, las energías renovables, la transformación digital y las soluciones innovadoras de movilidad, a fin de mejorar la competitividad y la resiliencia de las regiones rurales, lograr la independencia energética y crear nuevas oportunidades de empleo.

No en vano, se es consciente de que las zonas rurales, en particular, se enfrentan a retos demográficos y estructurales, como el envejecimiento, la disminución de la población, la fuga de cerebros, las crecientes desigualdades entre hombres y mujeres, las disparidades con respecto a las zonas urbanas, los cambios estructurales en los sectores agrícola y forestal, las consecuencias de las catástrofes naturales, el aumento de los precios de la energía y el transporte, la falta de servicios e infraestructuras, en particular para las personas vulnerables y las personas con discapacidad, el impacto de estos retos en el nivel de ingresos y en el mercado laboral, con la consiguiente mayor tasa de desempleo, y una brecha digital persistentemente grande.

En ese sentido, se destaca que las zonas rurales se ven gravemente afectadas por la falta de oportunidades de empleo estable, lo que obliga a los jóvenes, en particular a las mujeres, a migrar.

Por ello, se hace hincapié en la necesidad de apoyar a los jóvenes y a los jóvenes emprendedores, facilitándoles todos los instrumentos y recursos necesarios para ayudarles a acceder a las tierras agrícolas, al empleo y a las oportunidades de negocio.

En esa línea, se destaca la importancia de impulsar la educación y la formación profesionales, fomentando al mismo tiempo las iniciativas dirigidas por los jóvenes y el aprendizaje no formal para que los jóvenes desarrollen competencias específicas relacionadas con la economía de las zonas rurales, como instrumento para la cohesión social y el empleo de calidad, con vistas a luchar contra la despoblación en estas zonas.

No en vano, subraya el papel central de la agricultura y el sector agroalimentario en la producción de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria en la Unión y la creación de empleo, un papel que se considera que merece ser defendido, pues tiene una función de protección territorial, es un elemento clave para garantizar la gestión sostenible del territorio y constituye un motor para el desarrollo y el crecimiento de las zonas interiores y rurales, a menudo representadas por productos típicos de excelencia a escala internacional.

Por ello, se aboga por apoyar a los agricultores en la senda de la innovación y la diversificación, fomentando al mismo tiempo la competitividad de las explotaciones agrícolas.

Se considera que la transición hacia un modelo más sostenible debe abordarse con un enfoque equilibrado, que tenga en cuenta las especificidades locales y las necesidades económicas de las comunidades rurales, sin forzar cambios que puedan socavar el desarrollo de estas a largo plazo.

De ahí que se pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten con contundencia medidas específicas que reduzcan las cargas normativas excesivas y garanticen unas condiciones de mercado justas para mitigar la disminución del número de explotaciones agrícolas y fomentar el relevo generacional. Igualmente, se pide un apoyo adecuado para promover la autosuficiencia alimentaria y la diversificación de cultivos.

En lo que aquí más interesa, se alienta la gestión forestal sostenible y la prevención de los incendios forestales, en particular promoviendo el uso de la biomasa que se recoge sin dañar los ecosistemas forestales.

5. Por su parte, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 18 de junio de 2025, «La agricultura regenerativa como objetivo para mejorar la producción sostenible de alimentos, en apoyo a los objetivos en materia de clima y biodiversidad» (DOUE de 20 de agosto de 2025, C/2025/4207), señala que se está produciendo una revolución en las ciencias del suelo y la innovación agrícola, y los científicos, empresarios y agricultores europeos son pioneros y líderes a escala mundial.

En ese sentido, informa que la aplicación sistemática de estas innovaciones en las formas de agricultura regenerativa da lugar a reducciones importantes de los insumos, a una mayor resiliencia de los cultivos y rebaños, a una competitividad superior, a una mayor renta de los agricultores a largo plazo y a incrementos en el nivel de vida de los trabajadores y los habitantes de las zonas rurales.

También se recuerda que ello ayuda al sector empresarial a desarrollar estrategias empresariales más viables (preparación para el futuro, reducción del riesgo de las cadenas de suministro, mejora del cumplimiento de los requisitos cada vez mayores de información medioambiental, social y de gobernanza, etc.).

Asimismo, se considera que, para la sociedad en general, las ventajas incluyen un aumento significativo de la biodiversidad, los beneficios para la salud pública y la captura de carbono y una reducción de las emisiones, las inundaciones y los incendios forestales, además de una mejora de la gestión de las aguas subterráneas mediante la restauración de los ciclos naturales del agua.

Se concluye que todo ello ayudará a mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático.

6. La Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de septiembre de 2025, sobre el futuro de la agricultura y política agrícola común después de 2027 (2025/2052(INI)) (DOUE de 9 de abril de 2026, C/2026/1476) ofrece una serie de cifras interesantes para valorar la importancia de las zonas rurales: ocupan prácticamente el 83 % del territorio de la Unión y en ellas vive el 30 % de la población europea; las tierras agrícolas representan el 40 % del territorio de la Unión; y el sector agroalimentario contribuye aproximadamente al 7 % del producto interior bruto de la UE y da empleo a 17 millones de personas.

En concreto, se señala que la ganadería sostenible contribuye de manera importante a la protección de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, el mantenimiento del paisaje, el suministro de nutrientes del suelo y la seguridad alimentaria, así como a las culturas y el patrimonio nacionales.

Asimismo, se destaca que todas las regiones de la Unión se ven afectadas por las consecuencias del cambio climático, siendo las regiones meridionales las más vulnerables, ya que sufren desertificación, sequía, salinización de acuíferos, incendios forestales, así como lluvias e inundaciones persistentes, provocando nuevas plagas y enfermedades que amenazan al sector agrícola.

Por consiguiente, se subraya que los agricultores de toda la Unión necesitan medidas e instrumentos de apoyo específicos para poder redoblar sus esfuerzos de adaptación de sus actividades al cambio climático y prevenir y mitigar sus efectos negativos. Y se llama la atención sobre la importancia de prestar un apoyo integral a las comunidades rurales y a las autoridades locales para alcanzar estos objetivos.

7. Nuevamente, el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 6 de mayo de 2026, «El futuro del desarrollo rural después de 2028 (DOUE de 24 de julio de 2026, C/2026/3456) reconoce que, si bien el empleo agrario tiene una escasa importancia relativa en muchas zonas rurales, las actividades agrícolas, forestales, silvícolas y ganaderas desempeñan un papel estructural en ellas.

Por ello, se afirma que su continuidad es esencial para prevenir incendios, mantener el mosaico agrario, conservar la biodiversidad y preservar paisajes de valor cultural, en equilibrio con los sistemas naturales.

Además, se recuerda que, para abordar el declive rural, es necesario no solo realizar inversiones económicas, sino también garantizar unos servicios públicos de calidad, empleos dignos e infraestructuras, todo lo cual constituye condiciones básicas para el ejercicio efectivo del derecho de permanencia.

8. Centrando la atención en España, resulta de gran interés el núm. 41, correspondiente al primer semestre de 2026, de la revista Mediterráneo económico, coordinado por Francisco Carreño Sandoval y Asun Cámara Obregón, y que se centra monográficamente en «El sector forestal y la gestión del monte en España».

Ya en la Presentación, que corre a cargo de Roberto García Torrente, director de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario del Grupo Cooperativo Cajamar, se constata que el problema de fondo del sistema forestal español no es la escasez de recursos, sino la insuficiencia de gestión.

Se señala así que España dispone de una gran riqueza forestal, de una notable diversidad de ecosistemas y de un potencial extraordinario para generar valor económico, ambiental y social.

Pero se lamenta que ese potencial permanece, en buena medida, desaprovechado. Ello es así porque el crecimiento de la superficie forestal no ha venido acompañado de una actividad paralela de su gestión, y esa disociación explica muchas de las vulnerabilidades actuales: el abandono, la acumulación de biomasa, la pérdida de funcionalidad del territorio, la baja movilización del recurso y la creciente exposición a incendios cada vez más intensos y destructivos.

En lo que se refiere a los artículos de que se compone la publicación, en primer lugar, Jesús Alcanda Vergara, en su estudio «Desnaturalización de los fundamentos jurídicos de las políticas forestales españolas. Evolución desde el siglo XV hasta comienzos del XXI», recuerda que la despoblación de las comarcas forestales tiene fatales consecuencias para los bosques. Tal es así que concluye que con el despoblamiento vienen los incendios forestales. Reprocha que la sobrepresión (legal, social y económica) sobre propietarios municipales y privados lo único que consigue es que aumente el abandono de sus gestores y propietarios, tanto selvicultores como agricultores y ganaderos. Se afirma así que el incendio forestal y el despoblamiento son una consecuencia directa y evidente de los derechos montanos asolados.

En segundo lugar, Sigfredo F. Ortuño Pérez, en su estudio «Situación y evolución del sector forestal en España (2000-2025)», demuestra cómo entre 2000 y 2022 la mayor parte de la inversión se destinó a incendios forestales, mientras que la mejora de la producción (tratamientos selvícolas, vías forestales…) apenas alcanzó el 10 % de la misma.

En tercer lugar, Arantza Pérez Oleaga, en su estudio «La gobernanza del patrimonio forestal en España: del marco europeo a la gestión autonómica en un escenario de cambio global», reflexiona en el sentido de que la política forestal en España debe entenderse como una política de Estado con una visión de largo plazo que trascienda la mera gestión de un recurso natural.

Se defiende así que solo mediante una inversión pública decidida y una normativa que incentive la gestión activa será posible mitigar la amenaza de los grandes incendios forestales y garantizar que más de la mitad de la superficie nacional siga cumpliendo su función como pulmón biológico, depósito estratégico de agua y regulador del ciclo hidrológico. Se muestra la convicción de que nuestros montes deben ser vistos como el principal aliado frente al cambio climático, pero no desde el abandono a su suerte, sino desde una adaptación activa que los haga resilientes y los convierta en una fuente de productos naturales, renovables y sostenibles capaces de sustituir a los de origen fósil.

Tras un análisis detenido de la normativa vigente, y de referirse a la Estrategia Forestal Española (EFE) 2050, como documento marco que orienta la gestión forestal hacia la sostenibilidad, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático, así como al Plan Forestal Español 2022-2032 (PFE), que establece medidas concretas para promover la multifuncionalidad de los montes y priorizar intervenciones en ámbitos como la restauración, la prevención de incendios y la promoción de productos forestales sostenibles, concluye que, a pesar de los avances en planificación y gobernanza, la política forestal española enfrenta retos significativos, entre los que destacan la intensidad y frecuencia de los incendios forestales, las enfermedades y el abandono rural que condiciona la continuidad de prácticas forestales de forma activa.

Se afirma, en ese sentido, que la conjunción de estrategias de prevención, restauración y participación social se presenta como un elemento central para garantizar que la política forestal cumpla con su objetivo de gestionar los montes de manera sostenible, multifuncional y resiliente frente a los desafíos ambientales y socioeconómicos del siglo XXI.

Resultan también muy interesantes las reflexiones que realizan Pedro Agustín Medrano Ceña; Mercedes Molina Ibáñez; David González Soriano; Pedro Gracia Jiménez; Julia Gómez Lobera; Daniel González Asensio; y Amador Marín Gutiérrez, en su estudio conjunto «España, un país forestal que no aprovecha sus montes. Un nuevo paradigma de gestión forestal resulta imprescindible».

Afirman los autores que el abandono de los bosques no es una cuestión inocua. Señalan que entre sus efectos figuran la pérdida de biodiversidad, el aumento del riesgo de incendios y la mayor vulnerabilidad frente a plagas.

Por ello, concluyen que la falta de gestión forestal no afecta únicamente a los propietarios, sino que también tiene importantes consecuencias para toda nuestra sociedad:

(a) Ambientales: el abandono hace que los montes sean menos resilientes frente al cambio climático y contribuye a reducir la biodiversidad. Además, la acumulación de combustible en los bosques favorece incendios cada vez más virulentos e incontrolables.

(b) Económicas: la falta de aprovechamientos de recursos «propios» incrementa la dependencia de terceros países e impide el desarrollo de una bioeconomía forestal sólida.

(c) Sociales: la infrautilización de los montes agrava la despoblación, al limitar la generación de empleo y de oportunidades de vida en los entornos rurales donde se ubican los bosques.

De ahí que consideren que la mejor manera de revertir el abandono de los montes y de reducir estos riesgos pasa por su gestión:

(a) Porque un monte bien gestionado es más eficiente que uno abandonado: tiene menor riesgo de incendios, resiste mejor las plagas, regula mejor el agua de lluvia, fija más CO2 y se adapta mejor al cambio climático.

(b) Porque al gestionar los bosques se movilizan recursos naturales renovables vinculados a la bioeconomía, capaces de generar empleo y riqueza en el medio rural.

(c) Porque la recuperación de estos terrenos fortalece los vínculos entre campo y ciudad y contribuye a recomponer la relación de muchos habitantes urbanos con los pueblos de los que proceden, propiciando un desarrollo socioterritorial mucho más equilibrado.

Por su parte, Jordi Salbanyà Benet, en su estudio «La propiedad privada de los montes frente a los incendios forestales», destaca que resulta revelador que la propiedad privada de los montes está en manos de unos cinco millones de personas (el 10 % de la población total) de distinta posición social, la gran mayoría de cuyas fincas forestales son menores de 10 ha, escasa superficie esta que conlleva la falta de la más mínima posibilidad de obtener algún rendimiento económico para sufragar los costes de su conservación.

Más concretamente, la importancia de los montes privados en España queda reflejada en el hecho de que ocupan algo más de 19 millones de ha, lo que representa cerca del 70 % de la superficie forestal nacional. Además, un 84 % de esa superficie forestal privada corresponde a propietarios particulares en régimen individual (montes privados familiares), un 12 % a montes privados colectivos, un 3 % a montes vecinales en mano común y escasamente un 0,6 % a montes privados industriales.

Pero, más allá de la propiedad privada, a partir del artículo 33 de la Constitución, que, tras reconocer el derecho a la propiedad privada, establece que la función social de tal derecho delimitará su contenido, resulta evidente que los montes, por su alto valor ambiental, constituyen una clara manifestación de esa doble dimensión del derecho de propiedad —titularidad individual e interés colectivo—.

Así, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, reconoce que los montes desempeñan funciones ambientales, económicas y sociales esenciales.

El autor destaca que entre tales funciones destacan la protección del suelo frente a la erosión, la regulación del ciclo hidrológico, la fijación del carbono atmosférico, la conservación de la biodiversidad, la protección del paisaje, la mitigación del cambio climático y el uso recreativo y cultural. Ese es el motivo por el que el interés general tiene una presencia particularmente intensa en la delimitación de la propiedad forestal.

El autor concluye así que la nueva concepción del dominio implica que la propiedad forestal deja de ser un simple espacio de libertad económica del titular para convertirse en una institución al servicio de fines colectivos. El propietario ya no es solo titular de derechos, sino que, además de ver limitadas aquellas facultades dominicales de las que sus antecesores disfrutaban, también es sujeto de derechos orientados a la protección de valores ambientales fundamentales.

Sin embargo, como afirma el autor, el sistema jurídico actual impone los costes de conservación casi exclusivamente sobre el titular de los predios sin articular mecanismos estables de compensación.

Ante este desequilibrio estructural, y frente al principio estandarizado de «quien contamina, paga», propone la necesidad de implantar el principio de «quien conserva, cobra» como eje de un nuevo modelo de política forestal.

En su opinión, este principio implicaría reconocer jurídicamente que la conservación ambiental constituye una prestación de interés general que debe ser retribuida, bien mediante ayudas directas, bien a través de pagos por servicios ambientales, incentivos fiscales, créditos de carbono u otras fórmulas de compensación económica.

También resulta de gran interés el estudio de Ana Belén Noriega Bravo, titulado «Gestión forestal sostenible, certificación y servicios ecosistémicos: del monte gestionado al activo estratégico», cuya principal conclusión es que invertir en el monte antes del incendio, antes de la riada, antes de la plaga, es la decisión más racional, más eficiente y más justa que una sociedad avanzada puede tomar.

Hasta aquí la reflexión sobre las zonas rurales inteligentes. Zonas rurales inteligentes que, de haber sido puestas en práctica, a buen seguro, no hubiéramos tenido que lamentar las graves consecuencias de los incendios forestales que estamos padeciendo.

Ciertamente, la solución no puede seguir siendo actuar ex post, como ha sucedido con el Real Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales (BOE de 30 de julio de 2026, núm. 185).

Parafraseando al Gobierno en esta norma, la «respuesta pública integral que permita afrontar no solo las consecuencias sobre las personas, los bienes y el medio ambiente, sino también sus efectos sobre el desarrollo de la actividad económica y las relaciones laborales» no puede consistir en dar ayudas en forma de parches burocratizados, a golpe de decretazos, que no devolverán la vida a las personas fallecidas ni recuperarán los incalculables daños materiales y morales padecidos por miles de personas. Además, el daño a la naturaleza ya se ha consumado.

Así, ante los incendios forestales, no se trata de que las personas trabajadoras tengan derecho a suspender su contrato de trabajo y solicitar la prestación extraordinaria por emergencia extrema. Se trata de posibilitar el empleo digno en las zonas rurales que, como se ha visto, evite los incendios forestales.

No se trata de aumentar los permisos por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes, sino de evitar sus muertes.

No se trata de sospechar que los empresarios afectados por los incendios forestales adoptarán medidas desfavorables para con los trabajadores afectados que se acojan a las medidas mencionadas que regula el Real Decreto-ley 20/2026, sino de potenciar al empresariado de las zonas rurales en los términos ya expuestos, e incluso de fomentar la colaboración público-privada a través de la organización de cooperativas. No se trata de posibilitar que las personas trabajadoras autónomas puedan solicitar la prestación de cese de actividad prevista en el artículo 331.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que sea necesaria la aportación de documentos que acrediten la existencia de fuerza mayor, o de establecer exenciones en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta para los empresarios afectados por los incendios forestales, con el daño que ello supone a las arcas de la Seguridad Social, sino de evitar que se llegue a esa situación y de analizar conjuntamente con el sector las medidas de mejora y modernización que puedan adoptarse en situaciones normales en los sistemas especiales de Seguridad Social de los trabajadores agrarios.