Una huelga que interpela a toda la sociedad

Hoy, 11 de noviembre de 2026, hay convocada una huelga general. Los sindicatos convocantes consideran que los incrementos de los alquileres y el coste de la vivienda absorben una parte desproporcionada de los salarios de las personas trabajadoras, comprometiendo seriamente sus condiciones de vida. A partir de esta reivindicación central se articulan otras demandas, de distinta naturaleza y alcance, pero todas ellas encuentran en la vivienda un punto de conexión: el derecho a acceder y disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Sin embargo, creemos que esta huelga llega tarde. No porque carezca de justificación la protesta ante la situación que padecen miles de personas y familias, sino porque la crisis de la vivienda no es un fenómeno reciente, inesperado o imprevisible. Es el resultado de un problema estructural que se ha ido agravando durante décadas sin que los sucesivos poderes públicos hayan sido capaces de articular una respuesta suficientemente eficaz.

En realidad, la huelga debería interpelarnos a todos. Es, en buena medida, una protesta contra el sistema y contra las propias estructuras políticas, económicas y sociales en las que se desenvuelven también quienes la convocan, quienes participan en ella y quienes la padecen. Porque todos formamos parte, de una u otra manera, de un sistema que ha permitido que el acceso a la vivienda se convierta en uno de los principales problemas sociales de nuestro tiempo. En verdad, como ha indicado el profesor Vila Tierno, habrá que examinar la finalidad real de la convocatoria, el peso de las reivindicaciones laborales y su conexión efectiva con los intereses de quienes trabajan, además del modo en el que se desarrolla, garantizando también el derecho al trabajo de quien quiera ejercerlo.

Y aquí conviene detenerse. Desde la aprobación de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, los poderes públicos han tenido un mandato inequívoco: promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Así lo establece el artículo 47.

No estamos, por tanto, ante una aspiración política sobrevenida ni ante una reivindicación que dependa de la voluntad coyuntural de un Gobierno. Estamos ante un mandato constitucional que obliga a los poderes públicos y que, además, incorpora previsiones muy concretas: regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y garantizar que la comunidad participe en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

La pregunta resulta inevitable: ¿qué hemos hecho durante todos estos años para dar cumplimiento efectivo a ese mandato constitucional?

Es cierto que se han aprobado leyes, diseñado planes, promovido actuaciones urbanísticas y anunciado sucesivas medidas de intervención en el mercado inmobiliario. Pero también lo es que ninguna de las políticas desarrolladas por los distintos Gobiernos ha conseguido articular una respuesta estructural capaz de garantizar unas condiciones razonables de acceso a la vivienda. El problema persiste, se agrava y afecta cada vez a sectores más amplios de la población.

Por eso, la responsabilidad no puede atribuirse exclusivamente al Gobierno de turno. Corresponde exigir explicaciones a quienes han ejercido responsabilidades de gobierno, pero también a quienes, desde la oposición, han tenido capacidad para formular alternativas y contribuir a la construcción de consensos. Y esa exigencia debe extenderse, desde luego con distinto alcance, a los agentes sociales y económicos que han participado, o han podido participar, en los espacios de diálogo y negociación.

Naturalmente, no todos tienen la misma responsabilidad ni han dispuesto de las mismas capacidades de actuación. No es equiparable la responsabilidad de quien ha tenido capacidad normativa y presupuestaria para adoptar decisiones con la de quien únicamente ha podido formular propuestas o ejercer presión social. Pero tampoco cabe convertir la complejidad del problema en una excusa para eludir responsabilidades. Cada actor institucional y social debe asumir la parte que le corresponde, especialmente cuando ha tenido capacidad de decisión, influencia o intervención.

Ante una crisis estructural de esta magnitud no basta con recurrir a reales decretos-leyes, aprobar medidas fragmentarias o confiar en que una nueva convocatoria electoral permita encontrar soluciones que no se han sabido construir hasta ahora. La vivienda exige políticas públicas estables, planificación a largo plazo, coordinación entre Administraciones y, sobre todo, voluntad de afrontar las causas profundas del problema.

Es necesario recuperar el sentido constitucional de la política de vivienda. Esto significa, entre otras cosas, desarrollar un parque público de vivienda suficiente y permanente, movilizar el suelo público al servicio del interés general, revisar los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, garantizar una participación efectiva de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción pública y establecer mecanismos que permitan compatibilizar la iniciativa privada con la función social que debe cumplir la vivienda.

No se trata de negar el funcionamiento del mercado ni de desconocer la importancia de la iniciativa privada. Se trata de recordar que el mercado no puede sustituir a los poderes públicos en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, ni el interés particular prevalecer sistemáticamente sobre el interés general cuando está en juego un bien esencial para el desarrollo de la vida personal y familiar.

En este contexto, adquiere especial relevancia la interpretación conjunta de los artículos 47 y 9.2 de la Constitución. Es cierto que el derecho a la vivienda se encuentra entre los principios rectores de la política social y económica y que, conforme al artículo 53.3, su reconocimiento, respeto y protección informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.

Pero esa ubicación constitucional no puede servir para reducir el artículo 47 a una simple declaración de intenciones. Su contenido debe proyectarse sobre la actuación de todas las Administraciones públicas y orientar el conjunto de las políticas económicas, territoriales y urbanísticas. Más aún cuando el artículo 9.2 establece expresamente que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Desde esta perspectiva, el artículo 47 debe desplegar toda su fuerza como mandato constitucional para una política pública de vivienda comprometida con el Estado social y democrático de Derecho. No basta con reconocer formalmente el derecho; es necesario preservar y desarrollar las condiciones institucionales, normativas, económicas y materiales que permitan hacerlo efectivo.

Porque cuando una parte significativa de la ciudadanía encuentra enormes dificultades para acceder a una vivienda, cuando los salarios se destinan en una proporción desmedida al pago del alquiler o de las hipotecas y cuando la emancipación de los jóvenes se convierte en una expectativa cada vez más difícil de alcanzar, no estamos únicamente ante un desequilibrio del mercado inmobiliario. Estamos ante un problema que afecta directamente a la igualdad de oportunidades, a la libertad real de las personas y a la cohesión social.

La vivienda no puede seguir siendo una promesa constitucional permanentemente aplazada.

Por eso, más allá de la huelga, de las reivindicaciones sindicales y de las legítimas discrepancias políticas, deberíamos plantearnos una cuestión mucho más incómoda: ¿cómo es posible que, después de casi 48 años de vigencia de la Constitución, sigamos sin haber conseguido dar una respuesta estructural a uno de los mandatos sociales más importantes de nuestro texto constitucional?

La respuesta exige autocrítica, responsabilidad y, sobre todo, alternativas. No necesitamos únicamente nuevas declaraciones de intenciones ni medidas coyunturales. Necesitamos una política de Estado en materia de vivienda, con objetivos definidos, instrumentos adecuados, financiación suficiente, coordinación institucional y mecanismos de evaluación que permitan conocer los resultados y exigir responsabilidades.

La huelga puede ser una expresión legítima del malestar social, pero no puede convertirse en un punto de llegada ni sustituir la obligación de quienes tienen capacidad para transformar la realidad.

La vivienda como derecho social: una perspectiva europea

La preocupación por la vivienda no es exclusiva de nuestro país. Las instituciones europeas llevan tiempo advirtiendo de que el acceso a una vivienda digna y asequible constituye uno de los principales desafíos sociales de nuestro tiempo.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado en 2017, incorpora en su capítulo III, relativo a la protección e inclusión social, el principio 19, bajo la denominación «Vivienda y asistencia para las personas sin hogar».

Este principio establece tres compromisos esenciales:

(a) Las personas necesitadas deben tener acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad.

(b) Las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente a un desalojo forzoso.

(c) Debe facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados para promover su inclusión social.

El contenido de este principio pone el foco, especialmente, en las personas necesitadas, vulnerables o en situación de exclusión social. Y es lógico que así sea: son quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de la falta de vivienda.

Pero el problema va más allá. La crisis de acceso a la vivienda afecta también a personas y familias que trabajan, perciben ingresos regulares y, sin embargo, encuentran dificultades crecientes para acceder a una vivienda o mantenerla en condiciones económicamente razonables.

No debemos perder de vista que la vivienda constituye una necesidad básica con independencia de la situación económica de quien la necesita. La vulnerabilidad no puede identificarse exclusivamente con la ausencia de ingresos o con la exclusión social ya consumada. También existe cuando el coste de la vivienda compromete de manera persistente la capacidad de una familia para atender otras necesidades esenciales, ahorrar, formar un hogar o desarrollar un proyecto vital.

Los datos sobre la adquisición de vivienda también ayudan a comprender la dimensión del problema. Según la Estadística de Hipotecas del Instituto Nacional de Estadística, en España se constituyeron 501.073 hipotecas sobre viviendas durante 2025, un 17,8 % más que el año anterior. El capital prestado ascendió a 82.044,7 millones de euros, con un incremento del 32,6 %, mientras que el importe medio de las hipotecas aumentó un 12,6 %, hasta situarse en 163.738 euros.

Estas cifras reflejan la importancia que sigue teniendo la adquisición de vivienda en nuestra sociedad, pero también invitan a preguntarnos por el esfuerzo económico que supone para los hogares. Una hipoteca puede facilitar el acceso a la propiedad y proporcionar estabilidad residencial, pero, cuando absorbe una parte excesiva de los ingresos, reduce la capacidad de ahorro y limita el consumo de otros bienes y servicios.

No toda persona hipotecada es, por ese solo hecho, un trabajador empobrecido. Sin embargo, sí debemos prestar atención a aquellas situaciones en las que el coste de la vivienda, sumado al resto de gastos esenciales, termina deteriorando de forma significativa el poder adquisitivo de quienes trabajan.

La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en cuántas viviendas se construyen o en cuántas operaciones inmobiliarias se realizan. También debemos preguntarnos en qué condiciones económicas pueden acceder a ellas las personas y qué consecuencias tiene ese esfuerzo sobre su vida cotidiana.

Propiedad, estabilidad familiar y autonomía personal

Nuestra posición parte de una convicción: siempre que las circunstancias económicas lo permitan, es deseable que las familias puedan acceder a una vivienda en propiedad y desarrollar en ella su proyecto vital.

Partimos de la idea de desarrollo integral de la persona. Es decir, consideramos esencial que la persona pueda autogestionarse en todos los ámbitos de la vida, en clara manifestación del desarrollo de la dignidad que le es inherente por el mero hecho de nacer, para lo cual las Administraciones públicas deben limitarse a crear y fomentar las condiciones básicas para hacer posible dicho desarrollo.

Vinculamos esta aspiración a la estabilidad personal, familiar y laboral. La vivienda no es únicamente un espacio físico en el que residir. Es el lugar desde el que se organiza buena parte de la vida cotidiana, se construyen relaciones personales, se desarrolla la convivencia y se proyecta el futuro.

Nos inspiramos en la Doctrina Social de la Iglesia. En efecto, cabe recordar que León XIII, en su encíclica Rerum Novarum (1891), defiende que el trabajo permite a la persona obtener los recursos necesarios para vivir y, mediante el ahorro, adquirir bienes propios que le proporcionen seguridad y estabilidad. La propiedad, por tanto, es el fruto legítimo del esfuerzo personal y constituye un medio para mejorar las condiciones de vida y asegurar el bienestar familiar. Desde esta perspectiva, la vivienda representa mucho más que un bien material: es una expresión del trabajo y del ahorro, y un elemento fundamental para alcanzar la autonomía personal, consolidar la estabilidad familiar y construir un proyecto de futuro.

Igualmente, Juan XIII, en su encíclica Pacem in Terris (1963) señala que la persona tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y, finalmente, los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De ahí que considere que es necesario que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo económico y el progreso social avancen a mismo tiempo y para que, a medida que se desarrolla la productividad de los sistemas económicos, se desenvuelvan también los servicios esenciales, como son, por ejemplo, carreteras, transportes, comercio, agua potable, vivienda, asistencia sanitaria, medios que faciliten la profesión de la fe religiosa y, finalmente, auxilios para el descanso del espíritu.

Juan Pablo II, en su encíclica Sollicitudo Rei Socialis (1987) afirma que la situación resulta desoladora al mirar la gama de los diversos sectores producción y distribución de alimentos, higiene, salud y vivienda, disponibilidad de agua potable, condiciones de trabajo, en especial el femenino, duración de la vida y otros indicadores económicos y sociales, bien considerándolo en sí mismo, bien en relación a los datos correspondientes de los países más desarrollados del mundo. Centrando la atención en la vivienda, se refiere a la «crisis de la vivienda» como uno de los indicadores específicos del subdesarrollo, que afecta de modo creciente también a los países desarrollados. Llama la atención sobre la necesidad de dirigir la mirada a millones de seres humanos carentes de una vivienda adecuada o hasta sin vivienda alguna, con el fin de despertar la conciencia de todos y de encontrar una solución a este grave problema, que comporta consecuencias negativas a nivel individual, familiar y social.

Afirma con claridad que «la falta de viviendas se verifica a nivel universal y se debe, en parte, al fenómeno siempre creciente de la urbanización. Hasta los mismos pueblos más desarrollados presentan el triste espectáculo de individuos y familias que se esfuerzan literalmente por sobrevivir, sin techo o con uno tan precario que es como si no se tuviera. La falta de vivienda, que es un problema en sí mismo bastante grave, es digno de ser considerado como signo o síntesis de toda una serie de insuficiencias económicas, sociales, culturales o simplemente humanas; y, teniendo en cuenta la extensión del fenómeno, no debería ser difícil convencerse de cuán lejos estamos del auténtico desarrollo de los pueblos».

En esa línea, el papa Francisco, en su encíclica Laudato Si (2015), afirma que «no sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana». Y en su encíclica Fratelli Tutti (2020), Reafirma el principio del destino universal de los bienes, al recordar que la propiedad privada debe tener siempre una función social y que nadie puede quedar excluido del acceso a lo básico para vivir con dignidad, situando la tierra, el trabajo y la vivienda (las «tres T»: Tierra, Techo y Trabajo) como derechos sagrados que la sociedad debe garantizar.

Para finalizar con algunas de las aportaciones de la Doctrina Social de la Iglesia, en la que nos inspiramos, León XIV, en su encíclica Magnifica Humanitas (2026), además de denunciar que el desarrollo técnico y los algoritmos no deben desplazar las necesidades humanas vitales, subraya que la estabilidad familiar exige condiciones materiales justas, entre las que se encuentra la vivienda. En este punto, se refiere a la familia «como un bien social primario, en tanto en cuanto constituye el primer entorno en el que cada persona desarrolla su potencial, toma conciencia de su dignidad y aprende las primeras formas de verdad y bondad, interiorizando hábitos que la preparan para la vida en sociedad». Afirma así que «la familia, la primera sociedad natural, dotada de derechos originales, es la célula fundamental e insustituible de toda organización comunitaria». Para concluir que: «En consecuencia, cuando los proyectos políticos y las decisiones económicas importantes la relegan a un papel marginal o secundario, se compromete el crecimiento auténtico de todo el cuerpo social».

A partir de estos fundamentos, consideramos que la estabilidad residencial y la estabilidad en el empleo responden, en buena medida, a una misma necesidad: disponer de unas condiciones materiales que permitan a las personas organizar su vida sin estar sometidas permanentemente a la incertidumbre.

La familia constituye uno de los espacios fundamentales de convivencia, cuidado y solidaridad. Para desarrollar su función necesita, entre otras cosas, empleos dignos y suficientemente estables, así como una vivienda adecuada en la que poder construir un proyecto compartido.

Desde esta perspectiva, facilitar el acceso a la propiedad puede constituir un instrumento relevante de autonomía personal y familiar. Una familia propietaria de su vivienda, una vez atendidas sus obligaciones financieras, dispone de una mayor seguridad residencial y queda menos expuesta a determinadas incertidumbres del mercado del alquiler.

Ahora bien, esta defensa de la propiedad no debe llevarnos a desconocer otras formas legítimas de acceso a la vivienda. El alquiler, incluido el alquiler público o social, puede proporcionar estabilidad y autonomía, especialmente cuando la adquisición resulta económicamente inviable o no se ajusta a las circunstancias personales y familiares. La cuestión no debe plantearse como una oposición absoluta entre propiedad y alquiler, sino como la necesidad de que existan alternativas reales, seguras y asequibles.

Tampoco consideramos que la respuesta a la crisis consista en trasladar indefinidamente la titularidad de la vivienda desde las familias hacia las Administraciones públicas. La intervención pública debe orientarse a crear las condiciones para que las personas puedan desarrollar su propio proyecto vital, sin perjuicio de que sea imprescindible mantener un parque público de vivienda que atienda las necesidades de quienes no pueden acceder al mercado en condiciones razonables.

En definitiva, la finalidad de la política de vivienda no debería ser convertir a las Administraciones en propietarias por principio, sino garantizar que ninguna persona quede excluida de una vivienda digna por razones económicas o sociales.

La intervención pública debe ser especialmente intensa cuando concurran situaciones de exclusión, vulnerabilidad o imposibilidad material de acceso. Pero esa intervención ha de apoyarse en criterios objetivos, instrumentos eficaces, financiación suficiente y mecanismos de evaluación. La protección social exige solidaridad, pero también responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

La vivienda como presupuesto material del trabajo digno

La crisis de la vivienda tiene una relación directa con el Derecho del Trabajo y con las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

Con frecuencia analizamos el trabajo digno atendiendo al salario, a la jornada, a la estabilidad contractual, a la prevención de riesgos laborales o a la conciliación. Todos estos elementos son esenciales. Pero existe otra dimensión que no siempre recibe la atención que merece: la posibilidad de que el salario obtenido mediante el trabajo permita acceder a una vivienda adecuada y mantenerla sin sacrificar otras necesidades básicas.

¿Qué sentido tiene hablar de empleo estable si una persona no puede emanciparse porque el coste de la vivienda absorbe la mayor parte de sus ingresos? ¿Qué significa promover la movilidad laboral si el trabajador no puede permitirse residir en el lugar donde se encuentra el empleo? ¿Cómo podemos hablar de conciliación si la inseguridad residencial condiciona la organización de la vida familiar?

La vivienda condiciona las oportunidades laborales. Puede determinar que una persona acepte o rechace un empleo, que tenga que desplazarse largas distancias, que abandone una oportunidad profesional o que no pueda trasladarse a una zona donde existe demanda de trabajadores.

La situación afecta también a los llamados trabajadores esenciales. Profesores, profesionales sanitarios, bomberos, agentes de policía y otros trabajadores que prestan servicios indispensables para la comunidad pueden encontrar dificultades para vivir en los lugares donde desarrollan su actividad.

La consecuencia es evidente: la crisis de la vivienda no solo perjudica a quienes necesitan un hogar, sino que también compromete el funcionamiento de los servicios públicos, la organización del mercado de trabajo y la cohesión de las comunidades.

Por eso, la política de vivienda no puede diseñarse al margen de la política de empleo. Ambas deben coordinarse. Una política salarial que no tenga en cuenta la evolución del coste de la vivienda corre el riesgo de resultar insuficiente para garantizar condiciones materiales de vida dignas. Del mismo modo, una política de empleo que no considere las dificultades de acceso residencial puede terminar limitando las oportunidades reales de movilidad y desarrollo profesional.

El trabajo debe permitir vivir, no limitarse a proporcionar ingresos que, en una proporción cada vez mayor, se destinan a cubrir el coste de la vivienda.

La Carta Social Europea y la protección de la vivienda y de la familia

Esta concepción de la vivienda como elemento esencial de la dignidad humana encuentra también respaldo en la Carta Social Europea revisada de 1996.

Su artículo 31 reconoce el derecho a la vivienda y compromete a los Estados parte a adoptar medidas destinadas a favorecer el acceso a una vivienda de nivel suficiente, prevenir y reducir el sinhogarismo con vistas a su progresiva eliminación y hacer asequible el precio de la vivienda a quienes carezcan de recursos suficientes.

Por su parte, el artículo 16 reconoce el derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica adecuada.

Ambos preceptos permiten comprender que la vivienda no constituye una cuestión aislada de política inmobiliaria. Se encuentra estrechamente vinculada a la protección de la familia, a la seguridad personal y a las condiciones materiales necesarias para desarrollar una vida digna.

El derecho a la vivienda exige, por tanto, atender a distintos elementos:

(a) Habitabilidad y adecuación: la vivienda debe reunir condiciones suficientes de seguridad, salubridad, espacio y acceso a los suministros esenciales.

(b) Seguridad residencial: deben existir garantías jurídicas frente a situaciones arbitrarias de pérdida de la vivienda y procedimientos adecuados de protección.

(c) Asequibilidad: el coste de la vivienda debe ser compatible con los ingresos del hogar y no comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas.

(d) Protección de las personas vulnerables: deben articularse medidas eficaces para prevenir los desahucios, evitar el sinhogarismo y ofrecer alternativas residenciales adecuadas.

(e) Protección familiar: la vivienda debe permitir desarrollar la convivencia, el cuidado y la organización de la vida familiar en condiciones dignas.

Conviene recordar que el reconocimiento internacional y europeo de estos derechos no significa que todos ellos tengan idéntico régimen de exigibilidad o idénticos mecanismos de tutela. Pero sí impone a los Estados compromisos jurídicos y orientaciones relevantes para la configuración de sus políticas públicas.

La vivienda, en definitiva, debe formar parte de una política integral de protección social. No basta con reaccionar cuando una familia pierde su hogar. Es necesario actuar antes, evitando que la precariedad residencial termine convirtiéndose en exclusión social.

Europa ante una verdadera crisis estructural de vivienda

El primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado por la Comisión Europea en 2025, comienza con una afirmación especialmente significativa: Europa se enfrenta a algo más que una crisis de la vivienda; se enfrenta a una crisis social.

Los datos recogidos en el documento permiten comprender la dimensión del problema. Entre 2013 y 2024, los precios nominales de la vivienda aumentaron más de un 60 % en el conjunto de la Unión Europea, creciendo más rápidamente que las rentas de los hogares. Los alquileres medios aumentaron alrededor de un 20 %, mientras que los nuevos contratos de alquiler se encarecieron de manera mucho más acusada.

El Plan también advierte de que la oferta de vivienda no ha evolucionado al ritmo de la demanda. Entre las causas identifica los elevados costes de construcción, los déficits de innovación, la escasez de mano de obra cualificada y la excesiva burocracia. Además, señala que los permisos de construcción de viviendas se redujeron un 22 % desde 2021 y que una parte relevante del parque residencial existente no se aprovecha plenamente.

Pero quizá lo más importante sea la descripción de sus consecuencias sociales.

La crisis afecta cada vez más a hogares de rentas medias que encuentran dificultades para acceder a una vivienda asequible. Los trabajadores esenciales pueden no estar en condiciones de residir en las comunidades a las que prestan sus servicios. Muchos jóvenes se ven obligados a retrasar su emancipación, abandonar oportunidades de empleo, aplazar decisiones familiares o vivir en alojamientos deficientes y masificados.

La vivienda deja así de ser un problema que afecta exclusivamente a los sectores más desfavorecidos y se convierte en un factor de desigualdad que alcanza a amplias capas de la sociedad.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible articula su respuesta en torno a cuatro grandes pilares: aumentar la oferta de vivienda, movilizar inversiones, proporcionar apoyo inmediato mientras se impulsan las reformas y prestar especial atención a las personas más afectadas.

La orientación es adecuada, pero su eficacia dependerá de la capacidad de los Estados miembros y de las Administraciones territoriales para traducir esos objetivos en actuaciones concretas. La dimensión europea del problema no puede convertirse en una excusa para diluir las responsabilidades nacionales, autonómicas y locales.

Construir más, pero también construir mejor: la dimensión laboral y territorial

Especial interés presenta el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de julio de 2026, sobre la estrategia europea para la construcción de viviendas y una industria de la construcción más competitiva y productiva.

El Comité identifica la necesidad de establecer directrices claras sobre el uso del suelo y la ordenación del territorio, y destaca el papel esencial que deben desempeñar las ciudades, las regiones y las entidades locales.

También considera que las ayudas a la vivienda deben poder dirigirse, según las circunstancias, a la reconversión de edificios, la renovación del parque existente y la construcción de nuevas viviendas.

Ahora bien, introduce una advertencia que merece ser destacada: la simplificación de los procedimientos administrativos no puede utilizarse como justificación para rebajar las exigencias sociales, medioambientales, laborales o de seguridad. Simplificar debe significar facilitar y mejorar la aplicación de las normas, no debilitarlas.

Esta consideración resulta especialmente importante desde la perspectiva del Derecho del Trabajo. El aumento de la construcción de viviendas no puede hacerse a costa de las condiciones laborales de quienes las construyen.

El Comité señala, en este sentido, la importancia de promover el cumplimiento de la normativa aplicable a los intermediarios del mercado laboral, reforzar la responsabilidad en las cadenas de subcontratación y fomentar el empleo directo. La productividad y la competitividad del sector no deben construirse sobre la precariedad, la fragmentación de responsabilidades o la reducción de garantías laborales.

También merece atención la referencia a las cooperativas de vivienda como fórmulas de participación democrática. Estas estructuras pueden contribuir a ampliar el parque residencial de manera socialmente responsable, implicar económicamente a la población local y favorecer una mayor participación de las personas en las decisiones relativas a su vivienda. En ese sentido, tanto Administraciones públicas como sindicatos tienen en la fórmula cooperativa una alternativa con grandes posibilidades. En efecto, la fórmula cooperativa permite que las personas interesadas no sean únicamente destinatarias finales de una vivienda, sino que participen activamente en el proyecto, tanto mediante su aportación económica al capital social como a través de su implicación en la actividad cooperativa y en la toma de decisiones. Además, al tratarse de entidades sin ánimo de lucro, pueden reducir los costes de promoción al eliminar el beneficio empresarial del promotor inmobiliario, facilitando así el acceso a una vivienda a un precio más ajustado a su coste real. Asimismo, debe destacarse la dimensión colectiva y comunitaria de las cooperativas de vivienda, pues contribuyen a reforzar la implicación ciudadana, la solidaridad y la capacidad de organización de la población para dar respuesta a necesidades que el mercado no satisface adecuadamente.

La conclusión es clara: necesitamos más vivienda, pero también una industria de la construcción capaz de generar empleo digno, respetar las normas laborales y ofrecer soluciones residenciales sostenibles y de calidad. La fórmula cooperativa es una alternativa.

La vivienda asequible como política de protección de las familias

El Comité Económico y Social Europeo vuelve sobre esta cuestión en su Dictamen de 18 de marzo de 2026, titulado «Luchar contra la escasez de vivienda mediante políticas orientadas a las familias para una vivienda asequible y sostenible».

El documento considera que el acceso a la vivienda se encuentra en una situación especialmente comprometida cuando la tasa de sobrecoste de vivienda supera el 40% de los ingresos disponibles del hogar. Como orientación, propone un enfoque integral que permita mantener los costes de vivienda por debajo del 25% de la renta disponible.

Más allá de las cifras concretas, lo relevante es que el Comité vincula directamente la inseguridad residencial con la salud, el bienestar y las perspectivas económicas de las personas.

Una vivienda inasequible o inadecuada puede incrementar los costes sanitarios, reducir la productividad y el poder adquisitivo, disminuir el gasto de los consumidores, dificultar la disponibilidad de mano de obra cualificada y agravar las desigualdades.

La cuestión vuelve a situarnos ante una realidad que no siempre se tiene suficientemente presente: el coste de la vivienda repercute sobre el conjunto de la economía y sobre la capacidad de las familias para desarrollar sus proyectos vitales.

Por eso, una política de vivienda orientada a las familias no debe limitarse a atender situaciones extremas de exclusión. Debe contemplar también a quienes, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, se encuentran sometidos a un esfuerzo económico excesivo para acceder a una vivienda adecuada.

La protección de la familia exige atender a las condiciones materiales que hacen posible su estabilidad. Y entre ellas, sin duda, se encuentra la vivienda.

El sinhogarismo: de la respuesta de emergencia a la prevención

Con todo, la dimensión más dramática de la crisis aparece cuando la falta de vivienda conduce a las personas a una situación de sinhogarismo.

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 13 de diciembre de 2023, sobre un marco de la Unión Europea para afrontar el problema de las personas sin hogar sobre la base del principio de «primero, la vivienda», ofrece datos especialmente preocupantes.

Según el documento, al menos 895.000 personas viven en la calle o en albergues para personas sin hogar en una noche cualquiera en la Unión Europea. Además, el número de personas sin hogar se ha más que duplicado durante los quince años anteriores. Si se incluyen formas menos visibles de carencia de hogar, como quienes dependen de alojamientos temporales en casas de amigos o conocidos, la dimensión del fenómeno es todavía mayor.

El problema afecta a distintos grupos de población, entre ellos jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ y personas migrantes, incluidos solicitantes de asilo y refugiados.

El Comité recuerda que el sinhogarismo y la pobreza están estrechamente relacionados: cuando aumenta la inestabilidad económica, también lo hace el riesgo de quedarse sin hogar. Y formula una consideración especialmente relevante: el sinhogarismo no debe entenderse como una situación inevitable o ajena a la acción pública, sino como una realidad que también es consecuencia de decisiones políticas y económicas.

De ahí que critique que muchos países continúen abordando el problema principalmente mediante respuestas de emergencia, como los albergues, en lugar de desarrollar políticas preventivas que proporcionen una vivienda estable y los apoyos necesarios para mantenerla.

El principio de «primero, la vivienda» parte de una idea sencilla, pero de enorme trascendencia: disponer de un alojamiento seguro y estable constituye una condición que permite afrontar con mayores posibilidades de éxito otros problemas personales, sociales o económicos.

No se trata de negar la necesidad de los recursos de emergencia. Se trata de evitar que se conviertan en la respuesta ordinaria y permanente ante un problema que requiere prevención, acompañamiento y soluciones residenciales estables.

La vivienda es, en este sentido, un instrumento de inclusión social. Sin ella, resulta mucho más difícil acceder al empleo, mantener relaciones personales, recibir atención sanitaria o desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Una política de vivienda que esté a la altura del mandato constitucional

De todo lo anterior se desprende que la crisis de la vivienda no puede abordarse mediante una única medida ni desde una perspectiva exclusivamente inmobiliaria.

Necesitamos una política pública integral que conecte el mandato constitucional del artículo 47 con la obligación de promover la igualdad real y efectiva del artículo 9.2. Una política que combine la iniciativa privada con una intervención pública eficaz y que sitúe el interés general en el centro de las decisiones sobre suelo, urbanismo y vivienda.

Esa política debería apoyarse, al menos, en algunas líneas de actuación:

(a) Planificación a largo plazo: establecer objetivos verificables y compromisos presupuestarios estables, que no dependan exclusivamente de los cambios de Gobierno.

(b) Aumento de la oferta residencial: impulsar la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación y reconversión de edificios y la movilización del parque existente, atendiendo a las necesidades territoriales.

(c) Desarrollo de un parque público suficiente y permanente: garantizar alternativas de alquiler social y otras fórmulas de acceso para quienes no puedan acudir al mercado en condiciones razonables.

(d) Acceso a la propiedad: favorecer, mediante instrumentos adecuados y sostenibles, como los ofrecidos por la fórmula cooperativa, que las familias puedan adquirir una vivienda sin asumir un esfuerzo financiero incompatible con sus ingresos.

(e) Gestión del suelo conforme al interés general: evitar la especulación, aprovechar el suelo público y garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías derivadas de la acción urbanística.

(f) Coordinación entre vivienda y empleo: considerar los efectos del coste residencial sobre los salarios, la movilidad laboral, la emancipación juvenil, la conciliación y la disponibilidad de trabajadores esenciales.

(g) Protección de las condiciones laborales en la construcción: asegurar que el incremento de la oferta residencial se produzca con respeto a los derechos laborales, la prevención de riesgos y la responsabilidad en las cadenas de contratación y subcontratación.

(h) Prevención del sinhogarismo: priorizar soluciones residenciales estables y acompañamiento social, sin limitar la respuesta pública a los dispositivos de emergencia.

(i) Evaluación y rendición de cuentas: medir los resultados de las políticas, conocer su impacto real y exigir responsabilidades cuando los objetivos no se alcancen.

No se trata de elegir entre mercado e intervención pública, ni entre propiedad y alquiler. Se trata de construir un sistema en el que la iniciativa privada pueda contribuir a satisfacer una necesidad social esencial, mientras los poderes públicos cumplen de manera efectiva su obligación de garantizar las condiciones para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.

La vivienda no puede quedar reducida a un activo financiero ni a una variable más de la actividad económica. Es también, como hemos visto, el espacio en el que se desarrolla la vida personal, familiar y comunitaria. Por eso, las decisiones sobre vivienda tienen consecuencias que trascienden el mercado inmobiliario y afectan directamente a la igualdad, la libertad, el empleo y la cohesión social.

Una promesa constitucional que no admite más aplazamientos

La huelga puede servir para visibilizar el malestar, expresar reivindicaciones legítimas y recordar a los poderes públicos que la situación ha alcanzado un nivel difícilmente sostenible. Pero no debería hacernos olvidar que la crisis viene de lejos y que sus causas son conocidas desde hace tiempo. ¿Dónde hemos estado hasta ahora?

La pregunta ya no es si existe un problema de vivienda. Tampoco si afecta únicamente a las personas más vulnerables. La cuestión es si estamos dispuestos a asumir, de una vez por todas, que garantizar el acceso a una vivienda digna constituye una responsabilidad pública que no puede seguir aplazándose.

Después de casi 48 años de vigencia de la Constitución, el artículo 47 continúa reclamando una respuesta política, económica y social a la altura de su contenido. No basta con invocarlo en los discursos ni con convertirlo en una referencia recurrente de los programas electorales. Es necesario traducirlo en decisiones, recursos, actuaciones y resultados.

La vivienda debe permitir que las personas desarrollen su autonomía, que las familias puedan organizar su vida, que los trabajadores encuentren oportunidades de empleo y que nadie quede condenado a la exclusión por carecer de un lugar adecuado en el que vivir.

No hay verdadero trabajo digno si el salario obtenido trabajando no permite acceder a una vivienda adecuada. No hay libertad real si la falta de vivienda condiciona las decisiones vitales de las personas. Y no hay un Estado social plenamente desarrollado si uno de los mandatos más relevantes de su Constitución continúa siendo, casi medio siglo después, una promesa pendiente.

Por eso la huelga llega tarde. No porque la protesta sea inoportuna, sino porque la obligación de actuar existía mucho antes de que la situación desembocara en una movilización general.

La vivienda no necesita únicamente nuevas promesas. Necesita, por fin, una política pública capaz de cumplirlas.