No hay una ofensiva judicial ni sindical contra la lengua vasca. Si polarizamos nuestras posturas, el consenso se puede ir al garete.
Artículo publicado en El Correo (25/05/26)
Nos contaba Inmaculada Boneta el ánimo de consenso y el espíritu positivo de aquella primera legislatura del Parlamento vasco. Todo por hacer, casi todos empujando en favor de un país que salía de una dictadura feroz, de las cunetas y las prohibiciones.
El lehendakari Garaikoetxea pilotaba la nave, y retos de suma importancia contaban con apoyos plurales, con enmiendas y mejoras. Estrenábamos botas nuevas de autogobierno y casi todos empujaban a favor. A favor del euskera también. Y de ese consenso nació la ley de normalización del euskera, en noviembre de 1982.
En esos tiempos de ilusión y ciabogas conjuntas faltaban los que seguían atrincherados en el pasado, reventando vidas y espantando a una parte de la sociedad, mientras el país salía adelante con el esfuerzo de los demás.
En 1989 se decretan los índices de obligado cumplimiento, atendiendo a la realidad sociolingüística de cada territorio y municipio, índice dinámico, que se actualiza cada 5 años. Así que ya teníamos más o menos, con algunas dudas y desequilibrios llevaderos, la cantidad de personas que, al menos en la Administración pública, debían acreditar un conocimiento de la lengua vasca.
Después de 25 años de este siglo XXI, nunca ha habido en estos tres territorios vascos tal cantidad de euskaldunes, ni en términos absolutos ni relativos. La educación obligatoria representa la forja donde miles de jóvenes aprenden no solo euskera sino en euskera. Otra discusión es si esta política lingüística (94% de la red pública en modelo D) limita el conocimiento de las materias impartidas; pero eso es madera para otro puente.
Total, que nuestra chavalería recibe y aprende con absoluta normalidad todos los hitos y ritos de la cultura vasca. Esta goza de buena salud y está perfectamente asimilada y naturalizada. Así que ¿no debemos alegrarnos por todos estos logros? No podemos distraernos mirándonos este precioso ombligo, pero al menos reconozcamos que se han dado avances notables. Las políticas lingüísticas dan sus frutos.
Hay quienes piden más, mucho más. Hay incluso quienes pretenden arrinconar a los monolingües y, por el contrario, quienes quitarían el euskera de toda la enseñanza y que sea opcional; y quienes no harían nada y que la cosa crezca como un jardín salvaje. Hay de todo, pero la base de la convivencia es el consenso.
¿Y ahora qué pasa? Pues que, de un tiempo a esta parte, la ley del euskera y el decreto actualizado del 89 se incumplen; algunos ayuntamientos han decidido dar un golpe de timón unilateral y exigen cotas absolutas de acreditación lingüística: el 100% de los aspirantes deberán acreditar un nivel B2 o C1.
Así que el 80% de la población de la CAV se queda fuera. Y empleadas (generalmente mujeres) que llevan trabajando 20 años para una empresa que da servicios a una Administración local se quedan sin puesto de trabajo porque la diputación correspondiente exige un porcentaje desproporcionado o un nivel de exigencia elevado (B1 para una limpiadora y C2 para técnicos). Tanto CC OO como entidades particulares han defendido a sus trabajadores/as a pie de ley. Ha habido decenas de sentencias que han dado la razón al trabajador desprovisto de su título de euskera.
A esto lo llaman la ofensiva contra el euskera.
A quienes opinamos que aplicar la ley es la mayor garantía jurídica y de convivencia nos llaman euskárfobos. Somos muchos quienes defendemos el bilingüismo de nuestro país porque creemos en la riqueza de la convivencia diversa y en colores. Somos muchos quienes aprendimos y nos manejamos en nuestras dos lenguas y ambas nos enriquecen porque cada una tiene sus encantos, rincones, misterios y maravillas.
Reclamar que se quiere vivir solo en una de ellas es cuando menos una merma, una amputación cultural y comunicativa. Ahora bien, que cada cual elija su manera de proceder, pero que no imponga su visión reducida a los demás, ni en uno ni en otro idioma.
Busquemos el modo en que nos podamos entender sin renunciar. Respetemos las maneras de comunicarnos en ambos; recordemos a nuestro querido Koldo Mitxelena: gaztelania ere gurea da.
En conclusión, no hay una ofensiva judicial, ni social, ni sindical contra el euskera. Hay una resistencia pacífica a que algunos pongan veto total al sistema de acceso a la Administración pública, de tal manera que solo puedan quienes acrediten un perfil lingüístico concreto. Debemos garantizar el derecho a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales, claro que sí, pero hay muchos puestos que no tienen contacto con usuarios.
Y hay perfiles (A2, B1) con suficiente capacidad lingüística para mantener una conversación elemental. Si se quiere, se puede hacer bien. Incluso facilitar liberaciones y gratuidad. Cuestión de voluntad integradora.
El euskera nos necesita porque es la lengua minoritaria, la que muchos desconocen. Si polarizamos nuestras posturas, el consenso sobre políticas lingüísticas se puede ir al garete y de ese sitio no se sale fácilmente.
Expulsar de la Korrika a un colectivo que ha apostado por el euskera sólo siembra indignación e incomprensión. Si vamos descartando compañeros de viaje, al final llegaremos solos; si es que llegamos.
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