El 27 de septiembre se publicó en el BOE la Orden PJC/1472/2024, de 26 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de diciembre de 2024, por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, para el sector de la fabricación de vehículos de motor.

Como es sabido, el artículo 47bis del TRLET prevé dos modalidades de ERTE dentro del Mecanismo RED, y los empresarios podrán solicitarlas una vez que el Consejo de Ministros active dicho mecanismo.

En concreto, en esta ocasión el Consejo de Ministros ha activado la modalidad sectorial, que es la modalidad que se prevé cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de los trabajadores, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de 2 prórrogas de 6 meses cada una.

Llama la atención que la activación no ha sido una iniciativa de los sindicatos y las asociaciones empresariales más representativas a nivel estatal, pese a que estén facultados para comenzar con los trámites pertinentes.

En la referida Orden PJC/1472/2024, se justifica la activación de la modalidad sectorial señalando que: «En el sector de las empresas de fabricación de vehículos se están produciendo una serie de cambios, previsiblemente permanentes, que generan necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras hacia otras formas de producción que hacen procedente la aplicación del Mecanismo RED, en su modalidad sectorial, para proteger el empleo y garantizar la competitividad futura de un sector estratégico para la economía española».

Así, también se mencionan los factores que amenazan a nuestro sector de fabricación de vehículos, al considerar que: «este sector enfrenta importantes problemas estructurales y coyunturales, como la transición hacia la movilidad eléctrica, los avances en automatización y la presión de mercados internacionales como Asia y América del Norte, que exigen una transformación profunda de las cadenas productivas y una recualificación masiva de las personas trabajadoras».

Además, se recuerda que: «Este sector se enmarca en los compromisos adquiridos por España en el ámbito europeo e internacional, como el Pacto Verde Europeo, y responde a la necesidad de avanzar hacia un modelo productivo más sostenible y competitivo. La industria de la automoción, con un gran peso específico en esta materia, se enfrenta a una transición hacia formas de transporte más sostenibles, siendo esto esencial para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y cumplir los objetivos climáticos».

Del mismo modo, se reconoce que como consecuencia de todo ello nuestras empresas se ven «afectadas por la pérdida de producción de vehículos de combustión sostenida en el tiempo», y que, en consecuencia, «han visto disminuida su actividad de manera permanente».

Por todo ello, el objetivo es dotar a las empresas del sector «de herramientas para asegurar la recualificación de a las personas a su servicio, de forma que puedan seguir formando parte de un sector en evolución». En ese sentido, se prevé que: «Las acciones formativas habrían de estar relacionadas, entre otros, con los cambios permanentes derivados de la transición tecnológica, tales como el uso de nuevas tecnologías o la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos».

De este modo, se considera que la activación del Mecanismo Red, en su modalidad sectorial, se justifica «porque proporciona a las empresas la necesaria flexibilidad para adaptarse a la nueva situación, al tiempo que incentiva las acciones formativas oportunas para culminar el proceso de transformación del sector». Es más, se entiende que: «Ello permitirá la cualificación y la recualificación de las personas trabajadoras, lo que contribuirá a sentar una de las bases para fortalecer la competitividad de las empresas afectadas por este proceso de cambios y posicionarlas adecuadamente para las necesidades futuras de producción».

Ahora bien, sin entrar ahora en las condiciones que se fijan para las empresas que quieran solicitar esta modalidad de ERTE, a las que nos referiremos más adelante, cabe preguntarse por qué nos encontramos en esta situación y si el dinero púbico que se va a invertir en todo ello va a ser suficiente para mantener nuestras empresas del sector de fabricación de vehículos de motor. No seremos nosotros los que respondamos a estas cuestiones, pero sí quienes mostremos el contexto en el que nos encontramos, a la luz de distintos instrumentos jurídicos publicados por instituciones de la Unión Europea, así como quienes propongamos estudiar alguna otra alternativa.

El contexto en el que nos encontramos

Un instrumento interesante para entender a qué obedece la Orden PJC/1472/2024 es el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Forjar una nueva estrategia europea en pro del mercado interior: tender puentes entre la competitividad y los retos tecnológicos, sociales y medioambientales de nuestras empresas», de 17 de enero de 2024.

En efecto, al analizar la nueva estrategia empresarial que se considera necesaria para la Unión Europea, se señala que esta debe «desarrollar una economía industrial sólida que sea ecológica, digital, sostenible y justa, limitar las dependencias excesivas, garantizar el acceso a fuentes seguras y sostenibles de materias primas fundamentales, consolidar el modelo social europeo y defender los derechos humanos fundamentales».

En la misma línea se afirma que, en el contexto de la doble transición ecológica y digital, «el mercado interior y la política industrial de la UE deben favorecer una competitividad inclusiva y sostenible que mantenga un elevado grado de protección social y medioambiental, empleos de calidad y condiciones equitativas y solidarias que preserven el modelo de una economía social de mercado altamente competitiva».

A priori, todo ello parece imposible de realizar, por contradictorio, partiendo de la realidad de nuestras empresas y del contexto global. De entrada, nuestras empresas no pueden ser competitivas si compiten con empresas de países en los que no se respetan los derechos humanos fundamentales, no adoptan ninguna medida para avanzar en la denominada transición ecológica, no existe una protección social adecuada y los costes laborales son muchísimo más baratos. Además, muchos de estos países están invirtiendo en la investigación sobre nuevas tecnologías y digitalización, superando ya en muchos ámbitos a la Unión Europea, como sucede en el sector que nos atañe.

Pero el Comité Económico y Social Europeo (CESE) es consciente de ello y para revertir la situación aboga claramente por fomentar el espíritu empresarial. Así, considera que es necesario «dar prioridad a las políticas que proporcionen a las empresas privadas un marco para la innovación y favorezcan la innovación». Además, se afirma que «las inversiones destinadas a aumentar la productividad se antojan fundamentales para el crecimiento de toda economía». En lo que se refiere a las Pymes, se afirma que: «La excesiva burocracia en cuanto a obligaciones de información, documentación y prueba dificulta cada vez más la actividad principal de las pymes. Debe prevalecer (…) el principio de “pensar primero a pequeña escala”». Igualmente, se considera de gran importancia que las pymes cuenten con «una normativa clara y con procedimientos pragmáticos».

También se refiere a la importancia de posicionarse «claramente contra las tendencias proteccionistas y las prácticas comerciales desleales». En este punto es relevante el hecho de que se mencione la necesidad de evaluar las ayudas estatales que las autoridades de Estados no miembros de la UE conceden a sus empresas, así como la necesidad de impedir que esas empresas y sus productos se beneficien de un trato preferente injusto cuando acceden al mercado interior de la UE.

Pues bien, según el Índice Mundial de Innovación (GII), de 2024, España ocupa la 28ª posición entre 133 países, y en la región Europea la 17ª posición. Países como Suecia, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Francia, Estonia, Austria, Irlanda, Luxemburgo, Islandia, Italia o Chipre se sitúan en mejor posición. En suma, todavía hay un amplio margen de mejora.

A comienzos de año nos llamó la atención el estudio realizado para la BBVA por Doménech y Sicilia «La inversión en España y en la UE» (febrero de 2024), dado que en el mismo se afirmaba lo siguiente: «La Formación Bruta de Capital Fijo por persona en edad de trabajar en España se situó en 2023T3 en 2.217 euros, un 5,3% menos que en 2001. Por el contrario, en la UE27 se situó en 3.282 euros, un 35,6% más que en 2001 y un 48,0% más que en España. Este pobre desempeño relativo de la inversión por persona en edad de trabajar durante más de una década es, sin duda, uno de los factores que explican que la renta per cápita relativa de España haya caído desde el 105,2% del promedio de la UE en 2006 hasta el 86,7% en 2023, así como de la productividad del trabajo». Sin duda, también en esto existe un amplio margen de mejora.

Las críticas por las elevadas cargas burocráticas son constantes durante los últimos años en España. Como muestra de ello, cabe destacar una nota de prensa de CEPYME de 2022 y un informe de las Asociación de Empresas de Gipuzkoa (ADEGI) de este mismo año, en el que se concluye que las abundantes cargas administrativas que afectan a los negocios entorpecen el progreso empresarial (puede consultarse la noticia sobre este último informe aquí).

En relación con todo ello, el propio CESE publicó el 31 de mayo de 2024 su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa al noveno informe sobre la cohesión».

En el mismo se reconoce que: «El proceso de transición hacia una Europa más inteligente y ecológica exigirá enormes esfuerzos por parte de la sociedad en su conjunto y un volumen de inversión sin precedentes». Además, se advierte que: «Los retos que plantea la doble transición y sus ambiciosos objetivos requieren rapidez y preparación, por lo que es esencial simplificar el acceso a estos instrumentos».

Así, tras afirmar que: «Las regiones cuya base manufacturera es menos competitiva también carecen de inversiones adecuadas en infraestructuras, innovación, educación, seguridad social y otros ámbitos clave», resalta la «importancia de las inversiones productivas para estimular la competitividad y el crecimiento económico, lo que a su vez tiene un efecto indirecto positivo en la cohesión territorial y social». De este modo, se considera un factor clave apostar por el crecimiento de las grandes empresas, teniendo en cuenta que las grandes empresas tienen en una región «un efecto en cascada a lo largo de toda su cadena de suministro, lo que genera también crecimiento para las pymes de su ecosistema».

La Orden PJC/1472/2024 también se refiere al Pacto Verde como compromiso a cumplir por España especialmente en el ámbito del sector de fabricación de vehículos de motor. Al respecto resulta de gran interés el Dictamen del CESE «Plan general del Pacto Verde y Social Europeo basado en una economía del bienestar», de 19 de septiembre de 2024.

En el mismo el CESE comienza señalando que: «es necesario reforzar el Pacto Verde Europeo y ampliar en mayor medida su vertiente social al objeto de fomentar una economía del bienestar al servicio de las personas y del planeta. La economía del bienestar es una orientación estratégica y un enfoque de gobernanza que aspira a situar a las personas y su bienestar en el centro de las políticas y la toma de decisiones».

Ciertamente, el CESE reconoce que el Pacto Verde Europeo «ha puesto en marcha una transición significativa y necesaria en los ámbitos de la acción por el clima y la protección del medio ambiente que ha incidido en diversos sectores, como los de la energía, el transporte, la industria y la agricultura». Pero, al mismo tiempo, es consciente de que «el agravamiento de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, la proliferación de pandemias, la escalada de las guerras, la reducción de la competitividad, el aumento del coste de la vida y el recrudecimiento de las desigualdades plantean nuevos retos importantes, agravan las tensiones políticas y parecen poner en peligro la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo». De ahí que concluya que: «Estas dificultades cada vez mayores hacen patente no solo la fragilidad de nuestro sistema, sino también la necesidad de una transformación. No es posible proseguir por la vía actual».

Con otras palabras, el CESE es consciente de que avanzar hacia el Pacto Verde sin una perspectiva social no es una buena solución. Hay que buscar un equilibrio. ¿Pero cómo se consigue?

Se señala que para que la UE cumpla sus objetivos climáticos y de biodiversidad es esencial, entre otras cosas, reforzar las inversiones en I+D+i. Llama la atención el reconocimiento de que la financiación actual de la transición ecológica es insuficiente. Así, para superar dicho problema se subraya la necesidad de atraer más inversiones y el fomento de la actividad económica sostenible que genera recursos. Es más, se reconoce expresamente la importancia de las empresas, al afirmar lo siguiente: «Las empresas, desde las grandes empresas hasta las microempresas y las pymes, las cooperativas y los agentes de la economía social, desempeñan un papel importante en una transición ecológica, ya que soportan la transición en sus propias actividades y, al mismo tiempo, contribuyen a la transición de otros agentes proporcionando soluciones climáticas y medioambientales. También desempeñan un papel central en la economía del bienestar, ya que generan recursos y proporcionan puestos de trabajo, bienes y servicios sostenibles».

Para proteger a nuestras empresas, el CESE vuelve a incidir en la importancia de luchar contra las prácticas comerciales desleales, cuando señala que «para poder desempeñar su papel en la transición hacia la sostenibilidad y la economía del bienestar, las empresas deben contar con unas condiciones de competencia equitativas que permitan evitar la competencia desleal». De ahí que se concluya que: «todas las mercancías importadas deben estar sujetas a las mismas normas que las producidas en Europa».

Con todo, el CESE es consciente de que la transición ecológica, pero también la digital, exigen, para que la UE sea competitiva, que los trabajadores cuenten con las competencias técnicas y las aptitudes interpersonales necesarias. Por ello, insta a la UE, a los Estados miembros y a las empresas a que inviertan en la formación, el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales.

Aun así, el CESE prevé que algunas industrias y sectores, como ya sucede con el sector de fabricación de vehículos de motor, deberán reducir su tamaño y que, por tanto, muchos trabajadores perderán su empleo. Ante ello, resalta la importancia de adelantarse a tal situación por medio del diálogo social, de forma y manera que se establezca un marco político de transición justa, con alternativas dignas y satisfactorias. A tal fin, el CESE llama la atención sobre las disposiciones de seguimiento relativas a la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre el refuerzo del diálogo social en la UE, y recuerda que se recomienda a los Estados miembros que presenten, en un plazo de dieciocho meses a partir de la publicación de la misma, una lista de medidas de ejecución, elaborada en consulta con los interlocutores sociales. No en vano, considera que «los interlocutores sociales deben desempeñar un papel destacado en el desarrollo de estos indicadores para supervisar la aplicación».

Todo lo antedicho resulta clave para lograr la «economía del bienestar» que se pretende, al considerarla como «una orientación estratégica y un enfoque de gobernanza que aspira a situar a las personas y su bienestar en el centro de las políticas y la toma de decisiones. En la economía del bienestar, el objetivo de una sociedad debe ser el bien común de todos y cada uno de sus integrantes, de acuerdo con los mandatos constitucionales. Para alcanzar dicho objetivo, debe asumirse que el dinero y el capital tienen importancia como instrumentos de intercambio e inversión, pero no constituyen jamás un fin por sí mismos. El modelo económico que persigue el bien común se fundamenta en los valores que todas las personas reconocen como universales: la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la transparencia y la participación democrática. La economía es un medio para hacer realidad la visión de bienestar. En una economía del bienestar, el progreso se mide no solo mediante indicadores económicos tradicionales como el PIB, sino también con parámetros que reflejan la calidad de vida, como la salud, la educación, la calidad medioambiental y las conexiones sociales. Este enfoque holístico hace hincapié en la importancia de una distribución equitativa de los recursos y las oportunidades, al tiempo que garantiza que los beneficios económicos se reparten ampliamente en todos los sectores de la sociedad».

Precisamente, para avanzar en esa línea se afirma que «deberán garantizarse los presupuestos públicos para inversiones en ámbitos de actuación clave relacionados con la transición ecológica y justa, como la educación, la protección social y la asistencia sanitaria, y mantener un enfoque equilibrado que concilie el aumento de la inversión pública y la sostenibilidad presupuestaria». En efecto, todo esto que es verdaderamente lo esencial, lo que pone a la persona en el centro, solamente es posible con financiación, con una economía fuerte, productiva y competitiva.

Por ello, el CESE considera que «debe existir un acceso universal y asequible a la educación, la asistencia sanitaria, la protección social y la vivienda. Los recursos básicos, como los alimentos producidos de forma sostenible, el agua limpia y la energía, deben facilitarse de manera que todas las personas puedan llevar estilos de vida sostenibles».

Lamentablemente, en España la cesta de la compra alcanza unos precios que van en contra de lo que se acaba de señalar. Como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en una de sus publicaciones de 28 de noviembre de 2024, la OCDE ha señalado recientemente que entre 2019 y 2024 la cesta de la compra en España se ha revalorizado un 14% más que los salarios, la tercera mayor brecha entre los países que forman la organización.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista está sometido en España a cambios bruscos y constantes, que dependen de distintos factores (consúltese la noticia publicada por RTVE el 26 de diciembre de 2024 aquí). En cualquier caso, si nos atenemos a la información facilitada por Eurostat, en lo que respecta a los precios de la electricidad para consumidores domésticos en el primer semestre de 2024 en estándar de poder adquisitivo (PPS), observaremos que España se encuentra en la cuarta categoría de las seis existentes en cuanto a precios, de más elevados a más bajos, y dentro de la cuarta categoría entre los países con precios más elevados. Hay que tener en cuenta que estas categorías de precios de la electricidad van desde más de 37 PPS por 100 KWh a menos de 16.5 PPS por 100 KWh. Por su parte, en lo que se refiere a la evolución de precios de la electricidad para consumidores no domésticos, Eurostat nos muestra los importantes cambios que se han dado desde 2008, mayoritariamente al alza, y los esfuerzos que se están realizando en la UE para abaratar los costes.

En este sentido, el CESE advierte que «las decisiones de consumo, en especial de las personas con rentas más bajas, vienen motivadas sobre todo por los precios bajos y la conveniencia, ya que las alternativas sostenibles a menudo no son accesibles ni asequibles. Tal es el caso de diversos bienes y servicios, como el transporte, la vivienda, los alimentos y los productos». Es decir, no puede avanzarse hacia el Pacto Verde Europeo sin que, como afirma el propio CESE no se refuerza «un enfoque sistémico de comportamientos sostenibles, a fin de garantizar que los estilos de vida sostenibles sean la opción más conveniente, accesible y rentable para todos».

Otro documento de interés es el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones «Una transición justa para todas las regiones de la UE», de 8 de octubre de 2024.

En el mismo, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) nos recuerda de entrada que «si la transición energética —unida a las actuales crisis y tensiones geopolíticas— no está respaldada por una inversión suficiente y no se gobierna adecuadamente ni se acompaña de una promoción decidida de la innovación y la investigación industrial, pueden plantearse riesgos considerables para la competitividad y la resiliencia de las economías europeas y amenazas específicas para los sectores industriales expuestos a la competencia internacional».

Subraya que la invasión rusa de Ucrania y el posterior conflicto en Oriente Próximo han puesto de relieve la necesidad de que la UE aumente su nivel de independencia energética, además de debilitar la competitividad industrial y comercial de Europa.

En ese contexto, confirma la importancia de mantener la ambición del Pacto Verde Europeo, pero hace hincapié en que ello debe ir de la mano de la competitividad económica. En efecto, considera que la clave está en «reducir la dependencia energética de la UE con respecto al resto del mundo y reforzar la competitividad industrial y comercial de nuestro continente», al entender que ello «permitirá garantizar una prosperidad y bienestar sostenibles para la ciudadanía europea y todos los territorios de Europa».

Pero insiste en que «la significativa transición de la UE hacia una economía sostenible y climáticamente neutra plantea retos cada vez más profundos a las regiones, los trabajadores, las industrias y la sociedad europea en general» Y matiza que «este problema, en particular en las regiones dependientes de los combustibles fósiles y de las industrias de gran consumo de energía, representa un reto importante para la base económica y social tradicional de muchos territorios».

De especial relevancia para el objeto de este estudio es que el CDR «subraya que no todos los territorios parten de la misma base y tienen diferentes fortalezas y vulnerabilidades, así como diversas capacidades administrativas para hacer frente a esta doble transición», pues, a continuación, pide que «se adopten medidas específicas dirigidas a prestar apoyo a las zonas más vulnerables, desde las regiones carboníferas hasta aquellas con industrias de automoción, sin limitarse a estas, sobre la base de indicadores neutros, definidos a escala europea, que permitan incluir todos los tipos de retos relacionados con la transición». Es más, pide «que se elaboren mecanismos de apoyo específicos para las regiones menos desarrolladas que aborden de forma particular sus singulares retos y oportunidades en la doble transición hacia la digitalización y la descarbonización», al tiempo que concreta que «estos mecanismos deben incluir programas de formación adaptados para que las partes locales interesadas mejoren sus capacidades administrativas y su preparación de cara a la transición». En ese sentido, hace hincapié «en la importancia de integrar las iniciativas de reciclaje y perfeccionamiento profesionales en los planes de transición para las industrias de gran consumo de energía», señalando que «estas iniciativas deben incluir asociaciones con instituciones educativas y centros de formación profesional que proporcionen las capacidades y cualificaciones pertinentes a los trabajadores desplazados por la transición».

De gran importancia resulta que el CDR considere prioritario «adoptar un planteamiento integrado y gradual en las políticas de transición energética» así como que solicite «que se evalúen los plazos que resultarían óptimos y los recursos económicos adicionales necesarios para alcanzar los objetivos de transición energética fijados, también en materia de energías renovables».

Ello es así porque el CDR considera que «este enfoque permitirá a las empresas, los consumidores y los sectores industriales afectados la previsión para planificar y adaptarse de manera sostenible, además de minimizar los efectos negativos en el sistema de producción europeo que podrían socavar y perturbar las normas del mercado».

Ahora bien, «destaca la necesidad de invertir en evaluaciones de impacto territorial ex ante y en análisis de sostenibilidad que demuestren efectivamente los beneficios sociales, medioambientales y económicos de la transición».

Por todo ello, el CDR pide un especial apoyo a las regiones que se enfrentan a la transformación de las industrias más estratégicas, intensivas en energía, gases de efecto invernadero o mano de obra, incluidas las relacionadas con la transformación de la industria del automóvil y del suministro de piezas. Para ello plantea distintas reformas en los instrumentos europeos de financiación.

Igualmente, recuerda que ha pedido «que se garantice la libertad de elección en la senda de descarbonización a escala local, desde una perspectiva tecnológica, política y democrática».

El CDR dedica una especial atención al sector de fabricación de vehículos de motor. Así, recuerda que «Europa ha hecho de la reducción significativa de las emisiones de los automóviles una piedra angular de su estrategia climática, prohibiendo la venta de vehículos nuevos con motores de combustión interna de aquí a 2035, lo cual está llevando a transformaciones rápidas y complicadas en la industria europea de la automoción».

Ante esa situación, «pone de relieve que el desarrollo de biocombustibles de cero emisiones netas a partir de biorresiduos brinda una oportunidad prometedora, que la UE no puede permitirse pasar por alto, para acelerar el proceso de descarbonización, teniendo en cuenta también su buena compatibilidad con los motores de combustión interna». De ahí que dedique una especial atención a la necesidad de invertir y fomentar en los biocombustibles.

Ciertamente, el CDR destaca la vitalidad del sector de la automoción para la economía de la UE, que proporciona empleo directo o indirecto a 13,8 millones de europeos y representa el 7 % del PIB de la UE. Por ello, acoge con satisfacción «los derechos compensatorios provisionales que ha impuesto la Comisión a las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China como respuesta a unas subvenciones estatales desleales que podrían poner en peligro la continuidad de este sector crucial en Europa y comprometer la soberanía tecnológica de Europa».

Ahora bien, advierte que «los diversos retos de fabricación y de mercado podrían dificultar que los fabricantes de automóviles europeos alcancen con sus flotas los objetivos más estrictos en materia de emisiones de CO2 que deben entrar en vigor en 2025 (93,6 g/km en lugar de 115,1 g/km)».

Por ello, con el fin de disponer de más tiempo para alcanzar las condiciones que permitan impulsar la producción de vehículos de emisiones de carbono nulas y permitir que los fabricantes de automóviles superen la actual caída de la cuota de mercado de ese tipo de vehículos, insta a la Comisión Europea a que considere la posibilidad de adoptar un enfoque más gradual y una revisión más temprana de la legislación pertinente, aún en 2025, a fin de proporcionar a los fabricantes de automóviles europeos tiempo suficiente para adaptarse.

Concreta que «un factor de riesgo adicional está relacionado con el control sustancial ejercido por China sobre las cadenas de suministro implicadas en la transición energética —con cuotas que oscilan entre un 80 % en el caso de la energía fotovoltaica y el 76 %, en el de las baterías—, con lo que se perfila la posibilidad de que nuestro sistema energético pase de su dependencia histórica de los combustibles fósiles a otra ligada al suministro de tecnologías verdes».

Por consiguiente, sostiene que «la UE debe priorizar la creación de su propia cadena de suministro de materias primas, la inversión en prácticas sostenibles y la circularidad de las materias primas, y reducir radicalmente los costes para los consumidores; de lo contrario, correrá el riesgo de depender casi exclusivamente de las importaciones procedentes de terceros países».

Asimismo, subraya «la importancia de integrar el comercio justo y unas normas medioambientales estrictas en los acuerdos comerciales con terceros países».

Además, reitera «la necesidad de promover y fomentar la inversión para aumentar la competitividad, sostenibilidad y resiliencia de las cadenas de suministro industrial europeas de cara al suministro de materias primas fundamentales procedentes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), a fin de evitar repercusiones medioambientales en los territorios que actualmente los albergan o constituyen el punto de eliminación final». Pero reconoce, al mismo tiempo, que «será importante garantizar el respeto de los derechos medioambientales y sociales de las comunidades de los países que exportan materias primas fundamentales».

Pide asimismo a Eurostat «que calcule las pérdidas netas de empleo y el potencial de creación de puestos de trabajo en los ámbitos de las tecnologías verdes, las energías renovables y las tecnologías innovadoras que se derivarán de la transición ecológica y digital en todos los sectores e industrias (como la de automoción)».

Recuerda también «la obligación jurídica impuesta a la Comisión Europea por el Reglamento (UE) 2023/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de presentar, antes de finales de diciembre de 2025, un informe de situación para garantizar una transición justa en las regiones más afectadas por la transformación de las cadenas de suministro del sector del automóvil, sin olvidar la falta de financiación y las propuestas de medidas financieras adecuadas, y señala que esto debe hacerse en estrecha cooperación con la Alianza de Regiones con Industria de Automoción del Comité Europeo de las Regiones.

Condiciones exigidas a las empresas para que puedan acceder al ERTE sectorial del Mecanismo RED activado para el sector de fabricación de vehículos de motor

Las empresas que deseen acceder al ERTE sectorial del Mecanismo Red activado para el sector de fabricación de vehículos deben cumplir las siguientes condiciones, conforme a la Orden PJC/1472/2024:

(a) En principio, deben ser empresas que a fecha de 30 de noviembre de 2024 se encuentren clasificadas en el código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) 2930 Fabricación de vehículos de motor.

Los ERTE que pueden solicitar estas empresas deben afectar a trabajadores que figuren en alta en los códigos de cotización asignados a tales empresas.

Las empresas han debido tener una pérdida sostenida de afiliación a la Seguridad Social de sus trabajadores superior al 25 %, y las empresas han debido mantener, de media, un porcentaje superior al 30 % de su plantilla en ERTE respecto del total de sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el periodo comprendido entre desde el 1 de abril de 2022 al 1 de enero de 2025.

(b) También pueden ser empresas que a fecha de 30 de noviembre de 2024 se encuentren clasificadas en alguno de los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009): 2910 Fabricación de vehículos de motor; 2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques; 2931 Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor; 2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor; 2229 Fabricación de otros productos de plástico; 4531 Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor; 5210 Depósito y almacenamiento; 5221 Actividades anexas al transporte terrestre; 8121 Limpieza general de edificios; 8292 Actividades de envasado y empaquetado. Ahora bien, todas estas empresas deben ser integrantes de la cadena de valor de las empresas de fabricación de vehículos de motor. Además, su facturación durante el año 2023 se ha debido generar, al menos en un 40%, en operaciones realizadas de forma directa con las empresas incluidas en el código de la CNAE-09 2930 Fabricación de vehículos de motor, y dichas empresas deben contar con centros de trabajo ubicados en España.

Los ERTE que pueden solicitar estas empresas deben afectar a trabajadores que figuren en alta en los códigos de cotización asignados a tales empresas.

(c) Las empresas deben tener en cuenta que el Mecanismo Red permanecerá activado entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, perdiendo su vigencia y efectos el 31 de diciembre de 2025, con independencia de la fecha de la solicitud de la empresa.

(d) Las empresas que soliciten un ERTE del Mecanismo Red en cuestión, deben comprometerse a no llevar a cabo despidos ni individuales ni colectivos, ni, salvo cuando concurran causas de fuerza mayor, reducciones de jornada ni suspensiones de contrato por causas ETOP, de los trabajadores afectados por las medidas derivadas de este Mecanismo RED durante los 2 años siguientes a la finalización de la vigencia de estas medidas. Además, en el caso de contratos fijos-discontinuos esas casusas tampoco justificarán el fin del periodo de actividad ni la falta del llamamiento. A nuestro entender esta condición, además de resultar contraria a la libertad de empresa, resulta contradictoria para con el principio de conservación del negocio jurídico, en tanto en cuanto se impide a las empresas que adopten las medidas de flexibilidad que mejor se ajusten para su viabilidad. Igualmente, consideramos que el hecho de que se forme a los trabajadores durante un período de ERTE, no obsta a que posteriormente se produzcan otras causas ETOP que justifiquen ERTEs de distinta índole e incluso despidos, que pueden ser necesarios, precisamente, para mantener la viabilidad de las empresas e incluso para no cerrarlas o deslocalizarlas.

(e) Igualmente, en el caso de las cooperativas, las asambleas generales se deben comprometer a no hacer uso de la habilitación recogida en el artículo 85.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, para reducir, con carácter definitivo, el número de puestos de trabajo de la cooperativa o modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del colectivo que integra la misma por causas ETOP. Llama la atención que solamente se haga referencia a la Ley General de Cooperativas, y no se tengan en cuenta las normas de Derecho cooperativo vigentes en las distintas comunidades autónomas. Además, mantenemos aquí las mismas críticas que hemos hecho en el apartado anterior, con el agravante de que en las cooperativas deben primar la autogestión y la autorregulación.

(f) Las empresas que soliciten un ERTE del Mecanismo Red en cuestión deberán acompañar un plan de recualificación de sus trabajadores.

Dicho plan debe recoger acciones formativas dirigidas a atender las necesidades reales de las empresas ante el cambio del sistema productivo y ajustarse a lo establecido en la Disposición Adicional 25ª del TRLET y en el Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, por el que se desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

Para asegurar estos fines, el plan de recualificación deberá ser remitido a las Secretarías de Estado de Trabajo, Seguridad Social y Pensiones, y de Economía y Apoyo a la Empresa para su validación. Las personas titulares de dichos ministerios podrán, a propuesta conjunta y en un plazo máximo de quince días naturales desde la recepción del plan, acordar su elevación con propuestas de cambio concretas para que sea informado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera acordado la elevación del plan de recualificación a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos este se entenderá validado por los departamentos ministeriales.

Otra alternativa a los ERTE, los permisos para la formación

Curiosamente, una semana antes de la publicación de la Orden PJC/1472/2024, a la que venimos refiriéndonos, se publicó en el BOE, exactamente, el 19 de diciembre, la Resolución de 21 de noviembre de 2024, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen determinadas medidas en materia de formación en el trabajo, para la iniciativa de formación programada por las empresas en el ejercicio 2025.

Se señala en la misma que «La formación en el trabajo tiene un papel esencial en la articulación de los cambios que deben producirse en el modelo productivo para situar a España en una senda sostenible de crecimiento y generar empleos estables y de calidad. Para ello, el sistema de formación en el trabajo debe anticiparse a las necesidades del tejido productivo y constituir un apoyo a la capacidad innovadora y competitiva de la empresa, a partir de unos recursos humanos de calidad».

A la vista de ello, cabe preguntarse si esto no es igual de válido para el sector de fabricación de los vehículos de motor. ¿O es que se ha llegado tarde en ese sector?

Así, el objeto de esta resolución es mantener «las medidas en relación con la impartición de acciones formativas financiadas en el marco del Sistema de Formación en el Trabajo, que posibiliten y faciliten la ejecución de la formación de las personas trabajadoras, optimizando su empleabilidad y contribuyendo a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas» (artículo 1.1).

La digitalización para ofrecer la formación es una de las grandes apuestas, como lo demuestra el hecho de que la resolución regule la utilización del aula virtual como formación presencial (cfr. artículo 2) o el que se reconozca a los trabajadore el derecho de solicitar a sus empresas permisos individuales de formación para posibilitarles la asistencia a las acciones formativas impartidas mediante aula virtual o sistema bimodal (cfr. Disposición Adicional primera).

Desde luego, habría que analizar si en lugar de costear el desempleo de los trabajadores que queden en ERTE en virtud de la Orden PJC/1472/2024 no sería más rentable que se financiara con dinero público esta formación.