El presidente Adolfo Suarez logró que, en enero de 1977, las Cortes franquistas aprobaran la Ley de Reforma Política, con la implosión del Régimen y el inicio del proceso reformista. La celebración de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, depositó una doble responsabilidad en las Cortes Constituyentes: por un lado, la transformación de un estado autoritario en un estado social y democrático de Derecho; y por otro, la evolución de un estado centralista a una nueva organización territorial que garantizará el derecho al autogobierno de naciones, nacionalidades y regiones.
El primer reto consistía en incorporar los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político en el ordenamiento jurídico y la incorporación del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de los Pactos Internacionales de 1966, del Convenio Europeo de 1950,… a la vida cotidiana de las y los ciudadanos.
El segundo reto tenía la tarea de incorporar el reconocimiento de la diferencia y la diversidad, así como la garantía del derecho al autogobierno de las naciones, nacionalidades y regiones que integran el estado y de la solidaridad entre todas ellas.
La evolución de ambos procesos no ha estado exenta de sobresaltos, dificultades, titubeos, avances y regresiones a lo largo de cuatro décadas.
La construcción del estado social y democrático de Derecho no se ha mantenido exenta de contradicciones, provocadas por las resistencias e intereses de naturaleza diversa, junto a las crisis económicas periódicas y los casos de corrupción política. Las once huelgas generales, desde la primera del 5 de abril de 1978 con el desempleo como leitmotiv hasta la del 14 de noviembre de 2012 contra la reforma laboral, son muestra fehaciente de los momentos críticos vividos. Pero, a partir de 2011, junto al liderazgo sindical y su capacidad de convocatoria, irrumpe la iniciativa de colectivos ciudadanos de naturaleza diversa: los indignados del 15 de mayo de 2011, la irrupción electoral de Podemos del 25 de mayo de 2015, las huelgas estudiantiles de primavera de 2016, la eclosión del hartazgo de las mujeres del 8 de marzo de 2018 o la presencia en las calles de los jubilados y pensionistas a lo largo de este mismo año, por destacar cinco ejemplos.
Tampoco el proceso de configuración de una nueva organización territorial del estado ha encontrado un mayor sosiego en su desarrollo. La persistencia de la violencia por parte de ETA, GRAPO, GAL, etc., más allá de la amnistía general y las primeras convocatorias electorales democráticas, llenó de dolor y sufrimiento la sociedad, obstaculizando una pacífica evolución dialógica hacia el autogobierno de naciones y regiones. El Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 refrendó la presencia de enraizadas resistencias al cambio en curso. La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) de 1982, declarada inconstitucional en su núcleo sustancial, generó otro momento de titubeo regresivo. El choque institucional de trenes y la fisura suscitada en la propia sociedad vasca en torno al nuevo proyecto de Estatuto vasco de 2004 –Plan Ibarretxe- resultó otro de los momentos críticos del proceso iniciado en 1978. Sin obviar el vigente Procés catalán que se inició en 2012 con el defenestrado proceso de reforma estatutaria, continuó con el proceso participativo ciudadano de 2014, las elecciones plebiscitarias de 2015, el referéndum del 1 de octubre de 2017, la Declaración Unilateral de Independencia de 27 de octubre de ese mismo año, la intervención de la autonomía catalana por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, hasta las elecciones autonómicas de diciembre y el inicio de la actual XII legislatura del Parlamento catalán.
A lo largo de cuatro décadas, a pesar de las contradicciones, tensiones e imperfecciones, se ha configurado un estado que ha avanzado significativamente en materia de derechos humanos y de autogobierno. Evidentemente, tanto en la garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos como en la garantía del autogobierno y de la capacidad democrática de decidir de los pueblos, queda mucho por debatir, consensuar, acordar e implementar. Pero, si fijamos la atención en cómo han evolucionado la mayoría de países y sociedades de nuestro entorno, salvo excepciones concretas a ser muy tenidas en cuenta, podemos sentirnos satisfechos. Sin embargo, es necesario fijar una agenda de trabajo con la que seguir transformando el estado, desde el doble compromiso democrático con la gobernanza de la equidad y de la diversidad.
No obstante, quisiera compartir mi mayor preocupación: la irrupción de expresiones políticas que defienden abiertamente la vuelta al pasado, autoritarismo y centralismo, como solución a los problemas actuales en torno al mencionado doble reto constituyente.
Lo preocupante no es que, en democracia, alguien se exprese en tal sentido. Lo alarmante es que las y los ciudadanos, cabreados ante una coyuntura en la que sus derechos fundamentales no se ven suficientemente protegidos y dignamente garantizados, opten por expresiones políticas que apuestan por un estado autoritario. Lo intranquilizante es que las personas molestas con coyunturas de unilateral uniformización del autogobierno y en las que su derecho a decidir no encuentra acomodo constitucional, alimenten, con su radicalidad, expresiones políticas que apuestan por un estado centralista. Y lo más inquietante es que las y los quejosos por una, otra o ambas contradicciones opten por la abstención en los procesos electorales, posibilitando el avance de expresiones políticas autoritarias y centralistas.
Queda mucho por hacer. Pero, nada justifica la búsqueda de soluciones en viejas fórmulas, con efectos indeseables y, por desgracia, conocidos. Necesitamos diálogos y consensos para avanzar en la respuesta al doble reto constituyente.
[Texto publicado en el periódico EL CORREO, 29-12-18]
