En las últimas décadas, las ciudades han hecho un extraordinario esfuerzo por innovar tecnológicamente y convertirse en ciudades inteligentes (Smart cities). Con tal fin, han asumido inversiones elevadas en infraestructuras y servicios inteligentes.
Pero, con el paso del tiempo, vamos observando que no todas las soluciones urbanas inteligentes implantadas generan retornos o impactos deseados. Ello se ha debido, por un lado, a una vinculación inadecuada de la iniciativa Smart con un reto y necesidad explícita de la ciudad. Por otro, la iniciativa ha respondido más a intereses exógenos (empresariales o institucionales supramunicipales) que a los propios de la ciudad en la que se aplican. O por otro, el no retorno se ha debido a la no apropiación y uso posterior de las soluciones implantadas por parte de la ciudadanía.
En los procesos de implantación tecnológica se perciben algunos aspectos a tener en cuenta, tales como: la preocupación por la rápida obsolescencia de la tecnología implementada; la incertidumbre y la desconfianza ante los cambios acelerados; las estrategias centradas en ciudades de mayor tamaño y con productos-servicios de plazo largo de implementación, que chocan con los mandatos a cuatro años de los ayuntamientos; la dificultad de los ayuntamientos para fijar la estrategia y, cuando la tienen, el condicionamiento generado por convocatorias de financiación externa que determinan enfoque y contenido; la existencia de un número significativo de proyectos hechos para aprovechar financiación e inversión puntual al alcance, pero que luego no se han podido desplegar, optimizar y aprovechar plenamente; las dificultades legales y operativas para compartir datos en la puesta en valor con otras instituciones, empresas y entidades sociales; la no existencia de un marco de encuentro y colaboración adecuado entre ayuntamientos, empresas y entidades sociales más allá de la compraventa de productos y servicios; las dificultades de gobernanza interna para incorporar áreas municipales más alejadas del proceso Smart; o los problemas entre plataformas distintas y desarrollos de aplicaciones diversos según instituciones.
Sin embargo, se cuenta con: el interés político por poner la innovación tecnológica en la base del desarrollo; la capacidad de los responsables técnicos de los procesos de implementación tecnológica; la capacidad tecnológica instalada en las empresas para hacer frente a los retos que se puedan identificar y, si no existiera el recurso, el interés por el desarrollo de la I+D+i; la capacidad en la red de centros tecnológicos y universidades para afrontar retos con la capacidad instalada o con la investigación en nuevas soluciones; y el interés de entidades sociales y ciudadanía por participar en los procesos.
A pesar de todo, el principal problema no radica en la propia innovación tecnológica sino en el para qué: en la correcta identificación de los retos susceptibles de encontrar solución o apoyo tecnológico. En la actualidad, desde diversos agentes, se sugiere la necesidad de evolucionar hacia un modelo de ciudades sabias (Wise cities), en las que el desarrollo tecnológico se ponga al servicio del reto fundamental: el desarrollo urbano sostenible, tal y como se recoge en documentos tales como: Objetivos para el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 o Nueva Agenda Urbana.
El reto se sitúa en la generación de ecosistemas urbanos de innovación transformadora de base tecnológica, que potencien las sinergias entre los diferentes ámbitos de desarrollo e innovación (ecológica, económica, social y cultural) y los distintos sectores y agentes implicados (instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía). La puesta en marcha de iniciativas de base tecnológica que afecten no sólo a servicios urbanos concretos sino al conjunto del desarrollo ecológico, económico, social y cultural de la ciudad, con una gobernanza integral e integrada de las diferentes áreas municipales.
Las instituciones públicas deben velar por el bien común, condicionando la implantación de propuestas tecnológicasa la demostración efectiva de las mejoras que conllevan en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. Cada ciudad necesita desarrollar un modelo propio de cómo quiere verse en el presente y en el futuro. Esta reflexión debe preceder al desarrollo de una implementación tecnológica. Dichas soluciones tecnológicas han de adaptarse al modelo de ciudad que se persigue, en lugar de adaptar el modelo para encajar las soluciones que se ofrecen. La implementación de la tecnología debe ser gradual, acorde a las necesidades y posibilidades de cada ciudad, con encaje e integración armónica con el resto del territorio (en sus entornos urbano, rural y natural). Las iniciativas y propuestas procederán de la participación activa de las instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía, en espacios de encuentro, diálogo y búsqueda de mínimos comunes denominadores.
No se trata sólo de introducir tecnología en la ciudad, se trata de vincularla al desarrollo urbano sostenible, al bienestar y bienser de la ciudadanía, como fin último. La persona debe estar presente en el centro de las estrategias de las ciudades sabias, pero no sólo como usuaria y consumidora sino también como agente activo de la transformación.
Una ciudad inteligente (Smart city) es aquella que innova tecnológicamente. Una ciudad de inteligencia colectiva (City 4.0) es aquella que gobierna transectorial y transversalmente la innovación tecnológica. Una ciudad sabia (Wise city) es aquella que sabe dónde quiere ir –desarrollo urbano sostenible- y emplea la innovación tecnológica para lograrlo.
Publicado en el periódico El Correo. 3-6-19
