Hoy es el Día de Europa. El largo proceso de integración comunitaria y la gobernanza futura de la Unión Europea adquieren un perfil distinto cuando se aborda desde el punto de vista de las ciudades. En un momento de controversia sobre el futuro de la Unión, con una agenda plagada de obstáculos, su observación resulta más atractiva si cabe. En un escenario de conflictos entre estados y de éstos con las instituciones europeas, las ciudades pueden convertirse en generadoras de aire fresco y de sentido de pertenencia europea.
El papel de las ciudades en la Unión Europea, a lo largo de las reformas de los Tratados de la Unión (1957-2007), ha caminado por una línea ascendente, pero siempre a la sombra de las regiones y, sobre todo, de la Europa de los Estados. De la no mención de las entidades locales, municipios o ciudades en el Tratado de Roma (1957) se pasó a su toma en consideración en el modelo de gobernanza recogido en el Tratado de Lisboa (2007).
A lo largo de este tiempo, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad han garantizado el respeto al poder y competencias de los estados, regiones y ciudades, pero priorizando los primeros. El proceso de integración y cohesión de las ciudades se ha articulado, desde la acción de la Comisión Europea, en torno a las Políticas Regional, inicialmente, de Cohesión, después, y Urbana, finalmente. La Política Regional se estableció como una apuesta estratégica para el impulso del desarrollo económico y social de las regiones e, indirectamente, ciudades de la UE. La Política de Cohesión completó la anterior con un ejercicio de solidaridad comunitario, en la que las regiones y ciudades menos desarrolladas encontraron soporte y apoyo para reducir distancias. La Política Urbana afloró de la mano de la anterior y vinculada a iniciativas y proyectos comunitarios concretos, Los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y el Fondo de Cohesión han posibilitado desde su creación la concreción de miles de proyectos en torno a las mencionadas políticas.
La etapa fundacional de la Política Regional (1958-1988) no tuvo en consideración a las ciudades. La primera etapa de la Política Regional y de Cohesión (1989-1993), al menos, contempló la cooperación y participación de socios regionales con entes locales, municipios y ciudades. La segunda etapa (1994-1999) introdujo un 9% para iniciativas comunitarias específicas, entre las que destacó URBAN (1994-1999), una iniciativa comunitaria que fomentaba las buenas prácticas innovadoras en zonas urbanas y la promoción de redes de intercambio de experiencias y cooperación. En este período, la Comisión estableció las bases Hacia una Política Urbana para la UE (1997), en las que examinaba los desafíos fundamentales de las ciudades, junto a las posibilidades de mejorar la ordenación urbana e incrementar la eficacia de las intervenciones urbanas comunitarias. No había intención de crear nuevas estructuras comunitarias o políticas europeas específicas, sino más bien aprovechar los mecanismos de cooperación y coordinación existentes. La Política Regional y de Cohesión, en su tercera etapa (2000-2006), persiguió la simplificación de los procedimientos, sobre todo de cara a la mayor ampliación de la Unión vivida hasta el momento, y continuó con la iniciativa URBAN II (2000-2006), a la que sumó la iniciativa URBACT (2003-2006). La cuarta etapa 2007-2013), ya con el 36% del total de los presupuestos comunitarios, asumió la gobernanza multinivel, entidades locales inclusive. En este período se desarrollaron las iniciativas URBAN AUDIT y URBACT II.
La vigente Política de Cohesión (2014-2020) se enmarca en la estrategia Europa 2020. En esta nueva etapa, se reconoce que la participación de las ciudades no ha sido suficientemente articulada durante todo el proceso de integración y la ausencia de competencia de la propia UE en materia de desarrollo urbano. Se asigna al menos un 5% de la ayuda financiera a las acciones integradas para un desarrollo urbano sostenible. Se establece la delegación de las tareas de gestión en las autoridades urbanas y más responsabilidad en las tareas de selección de las operaciones. Y se asigna un presupuesto específico para las acciones innovadoras, con el fin de probar nuevas soluciones relacionadas con el desarrollo urbano sostenible, creando una red de desarrollo urbano.
El trabajo conjunto de la Comisión, el Parlamento, el Comité de la Regiones y el Consejo de Ministros confluye en la firma del Pacto de Ámsterdam (2016) que incluye la Agenda Urbana para la UE, encaminada a fortalecer la dimensión urbana, tanto de las políticas estatales como de las políticas comunitarias, planteando una nueva forma de gobernanza multinivel.
Un año después, tanto el Libro Blanco sobre el Futuro de la Unión Europea como el Informe de la Comisión para el Consejo sobre la Agenda Urbana para la UE reconocen la importancia de las ciudades en el nuevo escenario post 2020 y fijan la tarea de la Agenda para los próximos años: mejorar la legislación, la financiación y el conocimiento.
La Agenda Urbana para la UE coincide en el tiempo con dos iniciativas de Naciones Unidas: la Agenda 2030 (2015), cuyo Objetivo 11 plantea la necesidad de convertir las ciudades, en espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y la Nueva Agenda Urbana (2016), que recoge una visión compartida en torno al desarrollo urbano sostenible.
El reto post 2020 es cómo la Agenda Urbana para la UE puede lograr condicionar el proyecto comunitario en su conjunto, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, las Políticas de Cohesión y Urbanas, siendo permeable a la Agenda 2030, el ODS 11 y la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. El objetivo final es hacer de las ciudades de la Unión Europea y del Mundo lugares mejores para vivir en el cumplimiento efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
[Publicado en El Correo e Ideal de Granada. 9-5-18]
