Escrito por Ramón Mateo @ramonmateoes 

Las encuestas pronostican una entrada masiva de UPyD en la mayoría de los parlamentos autonómicos de España. La pérdida anunciada de poder electoral de los dos grandes partidos PP y PSOE, convertirá a UPyD en un potencial socio de coalición decisivo para la formación de gobierno en muchas de estas CCAA. Hasta ahora sabemos muy poco sobre cómo se comporta este partido cuando tiene la responsabilidad de formar parte  un gobierno o tiene un pacto de gobernabilidad. Sólo había una experiencia a nivel autonómico en el estado español, el principado de Asturias y ha durado alrededor de un año y medio. El laboratorio de Asturias puede ser sintomático de qué actitud cabe esperar de este partido cuando pasa de la oposición a compartir responsabilidades de gobierno.

El 25 de marzo de 2012 se celebraron en Asturias las segundas elecciones autonómicas en menos de un año. El entonces Presidente Francisco Álvarez Cascos tuvo que adelantarlas ante la incapacidad de su partido, Foro Asturias, para aprobar los presupuestos autonómicos. El PSOE recuperó la primera posición en número de escaños, Foro pasó a ser la segunda fuerza parlamentaria, seguida de cerca por el Partido Popular, y algo más alejada, por Izquierda Unida. Sin embargo, la principal novedad de estas elecciones vendría protagonizada por la entrada en el Parlamento asturiano de un diputado de Unión, Progreso y Democracia. Este hecho no sólo era reseñable por tratarse Asturias de la tercera Comunidad Autónoma, junto con el País Vasco y Madrid, en la que UPyD adquiría presencia institucional, sino porque su diputado rompía el empate a escaños entre los dos bloques ideológicos antagónicos del Parlamento Asturiano. FAC y el PP sumaban los mismos representantes que PSOE e IU, 22.

El 18 de mayo de 2012 la FSA-PSOE y UPyD procedieron a la firma conjunta de un «Acuerdo de Legislatura para garantizar un gobierno estable y eficaz en Asturias», después de que IU ya hubiera dado su apoyo al nuevo Presidente socialista. El Acuerdo de Legislatura se basaba en tres pilares. El mantenimiento de la estabilidad política tras la efímera legislatura anterior, una gestión prudente de las finanzas públicas y  la adopción de una serie de políticas de regeneración democrática. Entre estas destacaban la creación de una Comisión de investigación sobre el conocido como “caso Marea” –un caso de corrupción que salió a la luz en las etapas finales del anterior ejecutivo socialista–, la limitación de la libre designación en la administración asturiana, la elaboración de un estudio para la reordenación del mapa local asturiano y, sobre todo, la reforma del régimen electoral autonómico.

El pilar de la regeneración democrática ha sido sin duda en el que más empeño ha puesto UPyD. La presente legislatura asturiana pone de manifiesto cómo una mayor pluralidad puede contribuir a una mejora en el desempeño de la práctica parlamentaria. La mayor presión competitiva entre unas formaciones políticas genera incentivos para definir y diferenciar su discurso más allá de los nichos ideológicos habituales e incrementar sus contactos con la sociedad civil y la rendición de cuentas frente a los ciudadanos. En Asturias se ha traducido, por ejemplo, en la ausencia de inadmisiones a trámite de iniciativas parlamentarias por razones de interpretación política, o en el hecho de ser el único parlamento autonómico en el que, de manera ininterrumpida, semanalmente se reúne la Junta de Portavoces y se celebran sesiones del Pleno. Aunque, probablemente ningún episodio representa de manera más ilustrativa la labor institucional de UPyD en Asturias como el de la reforma electoral. A tal efecto, el 31 de octubre de 2012 se constituyó una Comisión de estudio, cuyos trabajos se extenderían hasta bien entrado el año siguiente y en la que se contaría con la participación de expertos y académicos. Finalmente, el 26 de julio de 2013 se producía la aprobación del dictamen definitivo de la Comisión con los votos favorables del PSOE, IU y UPyD.

La propuesta contemplaba el mantenimiento de las tres circunscripciones electorales, tal como solicitaba el PSOE en contra del criterio inicial de IU y UPyD, con mecanismos alternativos para garantizar la igualdad y la proporcionalidad del voto. Asimismo, incorporaba el desbloqueo de las listas electorales por medio del voto preferencial, así como la elección de los cabezas de lista mediante elecciones primarias. Además, también se contemplaban medidas novedosas para facilitar el ejercicio del voto e incrementar la información de los electores como debates electorales, el voto anticipado, el desarrollo del voto electrónico para los electores residentes en el exterior o el mailing centralizado de papeletas y propaganda electoral.

La importancia de la propuesta aprobada trascendía el ámbito autónomo asturiano, pudiendo ser así un referente de futuras reformas electorales. Las modificaciones contempladas han sido valoradas como un intento ponderado, prudente y avalado por la evidencia de los países de nuestro entorno, de mejorar los mecanismos del sistema electoral vigente sin alterar los fundamentos del mismo. La reforma electoral finalmente quedó plasmada en un proyecto de ley que fue registrado en el Parlamento asturiano el pasado 3 de octubre con la firma del PSOE, IU y UPyD. Unas semanas más tarde, tuvo lugar la toma en consideración de la reforma, que al anunciarse que no sería apoyada por ninguna de las formaciones de la derecha, resultó rechazada con el voto en contra del PSOE y con los únicos votos favorables de IU y UPyD. Pocos días después, coincidiendo con su 2º Congreso Nacional, UPyD consideraba que la decisión del PSOE daba por roto el Acuerdo de Legislatura. Casi paralelamente Izquierda Unida también confirmaba la ruptura del pacto presupuestario que hasta entonces mantenía con los socialistas.

La experiencia de la reforma electoral ejemplifica hasta el momento la vocación y las prioridades que motivan la actuación política de UPyD cuando se convierte en actor de gobierno. Hasta la fecha se ha mostrado como una formación capaz de actuar con responsabilidad institucional, de negociar iniciativas de carácter económico y presupuestario, introducir sus asuntos de interés en la agenda política, y de propiciar acuerdos con los que impulsar aquellas propuestas que, como en el caso de la reforma electoral, constituyen sus señas de identidad como partido político. Pero también ha demostrado como es capaz de dejar en segundo plano la gobernabilidad si no se respetan los compromisos y acuerdos alcanzados, dejando en posición de minoría y debilidad al gobierno del que formaba parte como socio parlamentario. Es una señal que tendrán que tener en cuenta en el futuro próximo los partidos que recurran a esta formación para llegar a acuerdos de gobierno.