(Artículo escrito por Elen Irazabal, alumni de Deusto Derecho y alumna de la II Edición del Programa en Tecnologías de Big Data en nuestra sede de Madrid)

Resulta sorprendente que uno de los puntos más confusos del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sea la propia contextualización social en la que se sustenta: la imprecisa conexión entre la privacidad y los datos de carácter personal.

Veamos ahora porqué este criterio puede hacer del reglamento una ley inefectiva:

El concepto de privacidad ha sido objeto de evolución y re-definición a lo largo de los tiempos a medida que la sociedad avanzaba y se adaptaba a los retos del momento. No debemos entender el concepto de privacidad como absoluto, pues la privacidad es un conjunto de atributos personales que competen a la persona y la cesión que realiza en el día a día de cada atributo que la compone, la valora el propio sujeto en base a lo que recibe a cambio.

Desde que internet se materializó como parte de nuestra actividad diaria, el mundo del dato ha impulsado la re-valorización de la privacidad. De hecho, el propio concepto de privacidad ha sido transformado por todos nosotros durante la última década al interactuar en el espacio digital a cambio de beneficios económicos y sociales. Sin embargo, la cesión de privacidad de los individuos ha traído una ola de incertidumbre presente y de futuro.

Por ello, uno de los puntos clave del Reglamento es el control  del usuario de sus datos durante toda la vida del dato con especial hincapié en el procesamiento de los mismos. Por tanto, el legislador europeo faculta al usuario del derecho a controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos [1]. De manera que, este derecho dota al individuo de un campo mayor de ejercicio, donde el Reglamento también es aplicable en aquéllos casos que no se vulnera o genera un riesgo real a la privacidad de las personas.

Esto tiene varias acepciones desde el punto de vista del dato y del usuario:

• Que el reglamento intervenga en la vida del dato cuando no comporta ningún riesgo y que por tanto, se establezcan prohibiciones que vulneren el valor del dato. En última instancia, repercutirán en los servicios que proporcionan a los propios usuarios.
• Que el ciudadano, al no poder realizar un cálculo de impacto en su esfera privada desconozca las implicaciones de sus decisiones en todo el proceso de la vida de sus datos. Y que por tanto, el ciudadano no sea capaz de tener un control efectivo sobre ellos.

En definitiva, puede generar un desequilibrio entre el mundo físico del usuario y el universo digital del dato que podría optimizarse si la legislación en lugar de ser resultado de la planificación de los gobiernos, facilitara la fusión de los dos mundos.

[1] Agencia Española de Protección de Datos:  http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php