(Artículo escrito por Elen Irazabal, alumni de Deusto Derecho y alumna de la II Edición del Programa en Tecnologías de Big Data en nuestra sede de Madrid)
Anteriormente en este blog, habíamos resaltado la postura proteccionista de la Unión Europea en la RGPD y la desconexión entre la protección de datos y la privacidad.
El carácter de derecho fundamental de la protección de datos personales, pone en jaque la convivencia con otros derechos como por ejemplo, la competencia económica dentro del seno de la Unión Europea.
Este hecho se refleja en el posicionamiento de la Unión en cuanto a las condiciones que la ley establece en la formación del consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”. Digamos que la variedad principal es la eliminación del consentimiento tácito.
Sin embargo, y como veremos a continuación, esta novedad no parece que cumpla con el objetivo del Reglamento en devolver al ciudadano el control de sus datos.
En primer lugar, hasta el día de hoy, prácticamente nadie se lee las políticas de privacidad. Al fin y al cabo, las misma están redactadas en un lenguaje jurídico nada aterrizado al ciudadano y el coste de invertir tiempo en entenderlos sigue siendo con la RGPD, alto. Por otra parte, el entender un texto de privacidad no implica comprender el alcance de la vida de los datos personales en la red ni que el ciudadano, descubra el poder de su privacidad a través de un click.
En segundo lugar, la ley no resuelve el consentimiento en los casos de asimetrías de poder frente a los servicios de las gigantes tecnológicas como Google o Facebook, ni en aquéllos casos que se consiente la cesión de datos en aras de recibir un servicio que sin otro modo no se logra. Muy en contrario, el Reglamento restringe la competencia al eliminar la privacidad como motor entre ofertantes en el mercado, puede causar un incremento en el precio e incluso restringir el acceso a datos de consumidores en el mercado. Siendo las principales perdedoras las start ups que aún no disponen de los mismos.
En tercer lugar, tampoco tenemos alternativas a los Estados actuales proclives a utilizar la seguridad nacional y el interés público como justificación de utilización de datos para su propio beneficio. Incluso, en casos como en brechas de seguridad por parte de las empresas, el Estado obtiene acceso legalizado a los datos.
En definitiva, el Reglamento de manera contra-producente restringe la competencia y crea barreras de entrada a las start-ups que podrían desestabilizar a las gigantes bajo políticas de privacidad (o otros métodos) más atractivas. No será la ley en última instancia quién otorgue la solución, sino que será la tecnología a través de sus métodos innovadores quien se adapte.
